El Procurador General de Justicia, Cándido Ochoa Rojas, anunció que solicitará la revocación de la liberación de los policías municipales de Rioverde, involucrados en la detención de Raúl Robles Maldonado, quien falleció el pasado 28 de enero en las celdas de la corporación.
Informó que el agente del MP demandó la revocación de la medida dictada el pasado viernes en Rioverde por la juez Graciela González Centeno.
La exigencia está sustentada “en que los policías sabían del estado de salud del detenido y no le brindaron la atención, y además le generaron un estrés que le propició un paro cardiaco”, explicó.



“Consideramos que está configurado el delito y la prueba de responsabilidad, y por eso impugnamos que se revoque la resolución. Eso traería por consecuencia la reaprehensión de los agentes”, señaló el abogado del estado.
Dijo que por ahora no han considerado citar al alcalde Hilario Vázquez, para que declare ante Ministerio Público al respecto. “No hay que perder de vista que los policías se reservaron de declarar, lo que es un derecho constitucional que tienen”, añadió.
Estimó que el Poder Judicial del Estado resuelve este tipo de apelaciones en plazo de uno a dos meses.
CASO VALLES
Entrevistado ayer, expuso que en torno a la investigación del caso de Leopoldo Castillo y su cónyuge, ejecutados el 9 de enero en su domicilio de Ciudad Valles, “realizamos varias pruebas que eran de primera mano y estamos considerando declinar la competencia a la autoridad federal”.
Informó que la PGJE ya agotó las pruebas que era indispensable realizar y considera que hay elementos para presumir que se trata de un delito “del orden federal”.