> Anomalías del Ceepac > Perverso festejo
Empieza la temporada de balconeos institucionales que se da cuando empiezan a conocerse los informes finales de la auditoría del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
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Aunque no oficialmente, pero sí gracias a una filtración, empiezan a conocerse los resultados de una parte de los sujetos fiscalizados por la dependencia revisora. Los primeros corresponden a los organismos autónomos.
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Hoy, este medio revela el reporte correspondiente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Los resultados generales arrojan un desorden de importantes magnitudes, que generaron observaciones por poco más de 1.4 millones de pesos.
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Pero un aspecto relevante que descubre el documento es el hecho de que en a fines de 2024, año electoral, el Consejo reintegró a las finanzas estatales 8.1 millones de pesos.
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El dato es relevante porque si algo ha caracterizado al Consejo es la frecuencia con que se queja de las penurias financieras que experimenta, aduciendo recortes a sus propuestas presupuestales y tardanza en la entrega de las ministraciones.
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¿Por qué entonces el Ceepac tuvo que devolver en 2024 una parte de su presupuesto cuando siempre se estuvo quejando de que lo que le faltaba era, precisamente, dinero?
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Más aún, la gran mayoría de esa cantidad, 7.1 millones de pesos, corresponden a las prerrogativas para los partidos políticos. También resulta extraño que éstos tampoco hayan protestado por no haber recibido ese dinero.
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Los consejeros tienen mucho que explicar.
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En la Seduvop les ganó el entusiasmo al conocerse que la justicia federal rechazó tramitar el amparo que presentó la organización Cambio de Ruta contra la oscura remodelación del parque acuático "Splash" del parque Tangamanga I.
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En el festivo boletín emitido luego de que la propia organización ambientalista revelara el revés, la dependencia aseguró que "el fallo del juzgado federal que ratificó la legalidad de las obras de ampliación del parque acuático".
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Lo anterior es totalmente falso, pues si hubo un rechazo, en consecuencia, el juzgado no analizó siquiera los argumentos de Cambio de Ruta contra el proyecto. De hecho, la decisión judicial no tiene nada que ver con que el proyecto cumpla o no con la legalidad, sino con que el juzgador consideró que la organización no tenía interés legal en impugnarlo porque, al no haber nada concreto aún, no había daño que impugnar.
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En todo caso, a quien deberá agradecer la Seduvop es a los legisladores federales, específicamente los de la 4T, que modificaron el año pasado la Ley de Amparo para quitarle a las organizaciones muchas herramientas preexistentes para combatir las anomalías y los excesos de las autoridades.
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Ellos son los responsables de la arbitrariedad que hoy festeja la Seduvop.
