> Ciegos y sordos > Acoso laboral

Pues para sorpresa de nadie, resulta que el Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí evitó emitir una valoración sobre la participación de la senadora del PVEM, Ruth González Silva, en el concierto realizado en el penal de La Pila con la cantante Gloria Trevi.

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Como en su momento se informó, la senadora distribuyó gorras con su nombre entre las reclusas y se hizo una franca campaña a su favor, pero el INE señala que como autoridad electoral, debe mantener una postura imparcial mientras no exista una queja o denuncia formal que permita iniciar una investigación.

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Resulta que Patricia Santos Quevedo, encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, fue cuestionada sobre el acto realizado el pasado 7 de agosto y al que acudieron González Silva, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la cantante mencionada.

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Señala la funcionaria electoral que permanecen imparciales respecto de las opiniones que puedan tener al respecto y agregó que está a la espera de que el Consejo General emita algunos lineamientos para regular todos estos actos y actividades que están llevando a cabo las diversas personalidades en la vida política de la entidad y del país.

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Se le cuestionó sobre la entrega de las gorras y la cual fue cuestionada por la abogada y maestra en Derechos Humanos Fátima Hernández Alvizo, quien señaló que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a recibir espectáculos financiados por el estado como parte de su rehabilitación y derecho al ocio, pero sin que la utilización de recursos públicos sean para la promoción individual de una figura política en una población en situación de vulnerabilidad.

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Santos Quevedo señaló que, ante las elecciones de gubernatura y diputaciones federales, se prevé una intensa movilidad de actores políticos y por ello el Instituto estará atento a que sus actividades se desarrollen dentro de la legalidad, cosa que hasta ahora simplemente no ha sucedido.

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Y pues cómo estará la cosa en el Poder Judicial federal que la titular de un juzgado enfrenta una airada protesta por provocar más de 30 renuncias de servidores públicos, en medio de un clima laboral contaminado que ella misma ha propiciado.

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A la juez federal en cuestión ya se le identifica entre los trabajadores como una funcionaria que resuelve todos los asuntos a favor de la autoridad estatal de San Luis Potosí, aunque los demandantes tengan motivos para ganar el juicio. Es decir, se trata de un juzgado federal que opera como oficina de trámites de Gobierno del Estado.

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Se trata de Ana Ley Flores Sánchez, titular del Juzgado Primero de Distrito del Noveno Circuito con cabecera en San Luis Potosí y a quien los trabajadores cuestionaron por su carrera judicial de juez. Denuncian antes de su protesta, ellos ya habían agotado todos los canales de diálogo con la juez federal y en su momento también con el Consejo de la Judicatura Federal y también lo están intentando con el Tribunal de Disciplina Judicial, pero nada sucedió, pero nada han logrado.

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Explican que no habían hecho manifestaciones de esa magnitud por prudencia, pero no encontraron otra forma de responder al clima permanente de acoso laboral y amenazas del que responsabilizan en primera instancia a la juez, la responsable de recurrir a amenazas hacia los trabajadores, acosados por un clima laboral que les obliga a abandonar su fuente de empleo.

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Y pues ya veremos si su inconformidad tiene algún resultado positivo para ellos.

¡HASTA MAÑANA!