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¡Milagro! El Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí lanzó la mayor crítica contra el gallardismo en quién sabe cuántos años.
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Resultó dramático ver cómo la faz de la dirigente estatal, Sara Rocha Medina, descomponerse mientras escuchaba al delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Hugo Contreras Zepeda, calificar de "vergonzoso" el festejo de los 20 años del gallardismo.
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Explicó la presencia multitudinaria al evento de la feria a la presión ejercida por el gobierno estatal para obligar a los asistentes a acudir.
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La puntilla fue que el evento fue "el aniversario de una familia".
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El demoledor señalamiento va a poner en aprietos al comité estatal tricolor, que durante esta dirigencia ha ido labrado cuidadosamente una relación basada en la lisonja y el sometimiento.
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La duda es si el PRI local se va a disociar de la postura nacional de crítica al gallardismo, o si volverá a la elogiosa relación con el grupo gobernante.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación votará el 3 de agosto próximo un expediente relacionado con San Luis Potosí... pero no será el de la "Ley Serrano".
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La Corte programó para ese día la resolución de la controversia constitucional 178/2026, presentada por el Poder Ejecutivo federal contra su similar estatal y el Congreso por haber autorizado en la ley de ingresos de Zaragoza el cobro de impuestos locales a infraestructura ferroviaria, algo que escapa a sus atribuciones.
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El proyecto, como ha ocurrido en casos semejantes, anula los cobros.
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La aparición de este caso en el reporte que anticipa los casos a discutir por los magistrados quizá haya provocado la salida en falso de varios portales de redes sociales que informaron que la anulación se había dado a la Ley Serrano, impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la acción de inconstitucionalidad 132/2025.
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Para eso, todavía falta.
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Con la iglesia se topó la alcaldía de Villa de la Paz. La agresión de cuatro integrantes de su policía municipal a un grupo de sacerdotes expuso a la corporación a las críticas no sólo de las autoridades eclesiales sino de un amplio sector de la población.
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Ante esto, a la alcaldía no le quedó más que anunciar el despido de los elementos que, además, fueron grabados negando la acción denunciada.
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Así, la defensa de estos agentes era casi imposible.
