360 grados Seguridad costosa
Ayer se mencionaba en este espacio que a la lideresa nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, le tomó 30 días pasar de declarar que no iría en alianza con Morena en San Luis Potosí a coquetear con la posibilidad de concretar la coalición, además de expresar el respaldo a la postura antinepotista de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.
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Aseveró también que el PVEM tenía varias alternativas, hombres y mujeres, como abanderados para una eventual alianza.
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Como la única arista del nepotismo que actualmente está en las mentes de la presidenta y de su partido es el electoral, el señalamiento se relacionó con una renuncia a seguir apoyando la postulación de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como abanderada del Verde en la elección de 2027.
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La declaración fue hecha el miércoles por la tarde. Castrejón Trujillo rompió su récord de velocidad en el cambio de postura y la mañana del jueves, acabó de dar la vuelta completa para expresar, de nuevo, su apoyo irrestricto a la senadora.
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Ahora sí, expresando que quería ser "clara", Karen Castrejón señaló en sus redes sociales que "en el PVEM estamos en contra del nepotismo, entendido como designar familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide". Y para sellar el nuevo alejamiento de Morena, consideró que Ruth González "muy probablemente" sea la candidata del Verde.
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Es decir, puso a su partido de nuevo en la mira del enojo presidencial por apoyar el nepotismo que, precisamente, tiene el rechazo de Sheimbaum Pardo.
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Karen Castrejón pareció caer en la trampa de tener que decir lo que audiencias específicas querían escuchar. A los dirigentes de Morena que la acompañaban en la conferencia de prensa del miércoles, les soltó el discurso antinepotista porque al Verde le interesa salvar la alianza con los guindas en la mayor parte de los estados.
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Pero ayer, se dirigió a la militancia de su partido, especialmente a los dos más importantes de San Luis Potosí, el gobernador y su esposa. En el proceso, dio un giro total que, del cambio radical, pasó a la postura original, sin que pareciera importarle el impacto a la imagen propia.
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Siendo el problema de la inseguridad el más sensible para la ciudadanía, cualquier estrategia para combatirla suena excelente.
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El problema surge cuando lo que en el papel luce bien, genera suspicacias al revisar el aspecto financiero.
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En San Luis Potosí se han adoptado dos medidas que impactan directamente en el gasto de seguridad pública: el establecimiento de un piso salarial de 14 mil pesos mensuales para los policías de los municipios y el incremento de elementos de las corporaciones estatales y de los municipios.
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A ese se suma la intención reportada recientemente por el diario Reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública de cobrar la evaluación de control de confianza, obligatoria para cada elemento y que, hasta el momento, es gratuita.
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A razón de 6 mil 700 pesos por agente, en San Luis representaría una erogación de más de 38 millones de pesos para certificar a los casi seis mil elementos que hay en el estado.
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¿El gobierno de la entidad y las alcaldías disponen de recursos para cubrir los incrementos que representan esas tres medidas? Si no los tienen, ¿de dónde podrían sacarlos?
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Sería una lástima que un propósito tan alto como la mejora de la seguridad se malogre por la falta de recursos y de planeación.



