Caos tolerado Nueva pifia

Una de las frases con que se recuerda al finado empresario potosino Jacobo Payán Latuff era la de "negocio que no deja, déjalo", pero tal parece que ésta no es una premisa para los concesionarios del taxismo potosino.

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Ayer, un grupo de no más de 80 unidades desquició por varias horas el tráfico en la carretera federal 57 en su tramo San Luis – Querétaro sin que hubiera autoridad que se atreviera a molestarlos ni con el petálo de un desalojo.

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Su rosario de peticiones y quejas incluían la destitución de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, que se borre de la faz de la tierra a todos los prestadores del servicio de transporte por plataforma y hasta un lamento porque aseguran que el servicio que prestan, simplemente ya no es redituable. Sólo les faltó pedir la paz mundial.

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Es muy evidente que el trabajo de la funcionaria estatal deja mucho, pero muchísimo que desear. El servicio de camiones urbano cada día está peor en todos los rumbos de la ciudad y hablando del taxismo ¿pues qué le decimos, amable lector?

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Cada vez son más números las unidades que circulan por las calles de la capital sin cumplir con los colores establecisos por la ley, con números que tampoco se ajustan a la tipografía oficial, con vidrios polarizados y hasta achaparrados.

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No deja de faltar el prestador del servicio para llevar a usted le pregunta que ¿a dónde va?, y no pueden faltar las unidades que más que trabajar salen a asaltar al pasaje con taxímetros a todas luces alterados.

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No son todos, hay que reconocerlo, pero incluso en la protesta se pudo ver al menos a un Tsuru Verde que quién sabe porque sigue circulando pues debe tener más de diez años de servicio.

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Todo mundo tiene derecho a manifestarse. Es un derecho, pero la duda que surge es ¿por qué los tolera la autoridad? No hace muchos meses un bloqueo de taxistas de Escalerillas fue violentamente desalojado por las fuerzas que ahí sí impusieron orden. ¿Será porque lo bloqueado era el Poniente de la capital?

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Se dijo entonces que se privilegió el bien mayor, que no se podía tolerar que se afectara a la ciudadanía. Podemos entonces sospechar que para nuestras autoridades hay ciudadanos de primera, los que viven en Las Lomas y más allá y otra, la raza de segunda, esa pobre gente que bien puede perder más del tiempo que ya requieren nada más para ir a trabajar a la Zona Industrial o regresar a sus casas luego de laborar. En fin, ya habrá oportunidad de que lo aclaren, porque los señores del volante amenazan con repetir sus movilizaciones una vez cada semana.

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Hay que tener cuidado con lo que se pide, porque los taxistas no deberían olvidar que el Gobierno del Estado les concede la autorización para trabajar y si tanto se quejan de lo mal que están, a lo mejor y los sacan de su sufrimiento y les quitan la carga de operar un negocio que ya no les deja.

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Y total, si tanto se quejan de los servicios de plataforma, pues la solución es simple: mejoren.

Y pues se tardaron, pero parece que los partidos de oposición y hasta la presente del Ceepac ya les están encontrando inconvenientes a la llamada Ley Serrano, la cual de ser aprobada obligaría a los aspirantes a "algo" en el 2027 a someterse a pruebas de control y confianza.

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El gobernador no ayuda en su impulso pues insiste en que sean autoridades locales, bajo su mando, quienes palomeen a los interesados. ¡Así no se puede!

¡Hasta mañana!