Fallas recurrentes Impuesto fallido

El Realito volvió a fallar, sumando la cuarta descompostura en lo que va del año. En este 2026, la línea de conducción ha tenido dificultades en cada uno de los cuatro meses transcurridos.

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San Luis parece atrapado en un contrato aparentemente diseñado para favorecer al prestador de un servicio defectuoso. La salida es demasiado costosa para las autoridades estatales y municipales, así que ya parecen resignadas a soportar las fallas recurrentes.

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Pero el que paga el mayor precio es la ciudadanía, que sufre los cortes de agua frecuentes de una obra que, este año, se descompone una vez al mes.

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Ante el "blindaje" que favorece a los operadores del acueducto y la falta de capacidad de autoridades estatales y municipales para rescindir un contrato que ha sido muy lesivo para San Luis, la capital es prácticamente un rehén de las empresas que operan esa infraestructura. 

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Mientras que la participación de la Segam en torno a los incendios industriales que se han desatado en los últimos días se ha limitado a decir que la calidad del aire es excelente, se le ha visto, en contraste, más activa reuniéndose con vecinos de Puerta de Piedra, supervisando un jardín vecinal.

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Al menos así lo informa la dependencia en sus redes sociales.

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Seguramente no tiene que ver que dicho jardín se ubique en uno de los terrenos subastados por la alcaldía y que los vecinos disputan al considerar que se debe respetar el trabajo que han invertido.

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Desde luego que el derecho a un ambiente sano es importante, pero ojalá que el interés no se derive de buscar la oportunidad de torpedear una acción del ayuntamiento capitalino.  

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Hablando del ambiente, la admisión de que el estado logró captar una parte mínima del ingreso por los nuevos impuestos ambientales es el reconocimiento de un fracaso.

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Desde Palacio de Gobierno, se achaca la responsabilidad a los contribuyentes, pero el gobierno estatal ha tenido el tiempo para la instrumentalización de los cobros.

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Una reunión celebrada ayer en el Centro de Convenciones con funcionarios administrativos de buena parte de las dependencias estatales dejó muy intranquilos a los asistentes.

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Celulares y otros objetos electrónicos se quedaron afuera, y se solicitó estricta discreción sobre lo hablado.

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Que al final, fue la orden de que cualquier movimiento de personal en las dependencias sea reportado a la Oficialía Mayor, con la idea de controlar el gasto de la nómina, las contrataciones y los despidos.