Ley Serrano: saldo rojo Ojo en Tampamolón

 Si el gallardismo está realizando un corte de caja de los resultados que ha obtenido tras el lanzamiento de la Ley Serrano, el balance debe estar en números rojos.

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Por un lado, lograron lo que pretendieron desde el principio: convertir la reforma penal en una herramienta funcional para amedrentar a los críticos, sean o no periodistas. Y nada más.

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En contraparte, el grupo gobernante en San Luis se convirtió en blanco de los reflectores mediáticos y de organizaciones de defensa de la libertad de expresión como un gobierno que persigue las opiniones incómodas.

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Esa notoriedad alcanzó también proyección internacional.

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Este episodio también le dio un pretexto, por si le faltaran, a Morena para distanciarse del régimen del PVEM. El comunicado de la Segob tras la liberación de las dos creadoras de contenido detenidas, es un contrapunto a la versión oficial de la Fiscalía, que por cierto, ha quedado exhibida como instrumento gubernamental.

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El Congreso, en buena medida por el tratamiento que el padre de la reforma, el diputado Héctor Serrano, también ha quedado como una instancia represora. El propio legislador, por el terrible control de daños que ha hecho, ha quedado mal parado.

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Y ayer se sumaron dos consecuencias. De nuevo el legislador da de que hablar al abrir hostilidades directas con otro político, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, a quien señaló como "autor intelectual" de las campañas contra el gallardismo.

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El alcalde lanzó una crítica contra la Ley Serrano, que no quedaría deslucida si no fuera que este caso reveló que su gobierno está relacionado con el apoyo, precisamente, de medios anónimos dedicadas al ataque político, por la vía de publicidad y hasta contratación de una de las encarceladas.  

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El asunto es que ya hay un intercambio directo de acusaciones con el principal rival del gallardismo para la elección de 2027.

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Y la otra consecuencia inesperada es que la senadora Ruth González, la carta fuerte del gallardismo para extender su dominio en el estado, ya fue exhibida mediáticamente como la denunciante que llevó a la cárcel a las dos activistas. La también cónyuge del gobernador Ricardo Gallardo también enfrentará las consecuencias de este lance.

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Años hace que no se registraba en San Luis un desalojo violento por causa de la tenencia de la tierra. En Tampamolón Corona, una comunidad fue desalojada por elementos de la Guardia Civil del Estado. Las denuncias de abusos no faltaron y no queda claro aún cuál es el origen de este conflicto por tierras.  

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El episodio le pone fin a una racha libre de conflictos que causan turbulencia a la paz social. Habrá que ver si es un caso aislado o no.