"Aún no sabemos cómo" el atentado en la 57
Hoy, hace quince años, San Luis Potosí, México y el mundo fueron sorprendidos por un suceso que generó consecuencias que sacudieron el entorno temporal inmediato. Y aún hoy, sus efectos siguen reverberando.
El ataque a dos agentes estadounidenses, empleados del hoy famoso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, en un tramo de la carretera 57 que cruza el municipio potosino de Santa María del Río, cimbró todo.
Al estado, que reflejaba su condición de territorio totalmente infiltrado por la delincuencia organizada, ante la total inoperancia de la administración de Fernando Toranzo Fernández para contenerla; al país, gobernado entonces por Felipe Calderón que padecía de lo mismo y que, además, recibía las presiones de una Casa Blanca al mando de Barack Obama, que a su vez se vio desafiada por un enemigo combatido encarnizadamente y que le causaba bajas justo en el territorio del vecino.
Al ser un asunto en el que se fundían el combate al crimen y la seguridad nacional de dos países, temas en los que la información no suele fluir mucho, poco se conoció al momento, aunque no hubo un hermetismo total.
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El tiempo transcurrido desde entonces ha sido largo y varias aristas importantes del hecho se han conocido públicamente a través de varias fuentes. Algunas de ellas han sido confirmadas por dependencias estadounidenses de seguridad nacional, que han desclasificado documentos importantes emitidos en los días y semanas posteriores al ataque.
Un buen paquete de esos documentos está disponible en el sitio web del Departamento de Estado (DE), específicamente en la sección del Acta de la Libertad de Información (www.foia.state.gov), el mecanismo que permite conocer archivos con declaratoria de reserva del gobierno de EUA, que cumplen con los requisitos de desclasificación. Los más recientes en ser desclasificados datan apenas del año pasado. Otros fueron hechos públicos en años anteriores.
La mayoría sigue conteniendo partes censuradas, seguramente por contener datos que, aún hoy, se consideran secretos.
El expediente FL-2017-16106 contiene decenas de comunicaciones diplomáticas, correos electrónicos, minutas de reuniones de alto nivel, reportes financieros, análisis de medios, comunicaciones legislativas y reportes generados por el hecho, que descubren cómo actuaron las dependencias estadounidenses tras el ataque, cuál era la percepción de la situación en México y en el estado entonces, los riesgos y tensiones a los que se enfrentó la relación bilateral y también detalles de cómo el dinero, la incompetencia e incluso el azar se combinaron para generar la tragedia.
La primera reacción del gobierno de EUA sobre el caso quedó plasmada en un correo electrónico enviado por el entonces embajador de EUA en México, Carlos Pascual, a diversos funcionarios del DE, la DEA y el FBI, a las 20:48 horas del 15 de febrero de 2011 (documento C05779192). Con el título "Dos agentes del ICE acribillados en Mexico", da cuenta del incidente.
Los funcionarios, Jaime Zapata y Víctor Ávila, asignados a la embajada, regresaban a la CDMX desde San Luis Potosí, donde se habían reunido con colegas para recoger documentos enviados por el consulado en Monterrey. La capital potosina fue usada como punto medio para la realización. Una parte del documento está testada, probablemente la parte que especifica qué tipo de actividad realizaron en San Luis.
Cerca de las 15:00 horas del 15 de febrero de 2011, la Suburban negra, blindada, con placas diplomáticas BDN-062-SER-MD, en la que viajaban Zapata y Ávila agentes de la Oficina de Investigaciones Especiales (Homeland Security Investigations), del ICE, salió de un Subway ubicado en la carretera 57, en territorio de Santa María del Río.
Ambos eran texanos de ascendencia mexicana. Ávila trabajaba de manera permanente. Zapata estaba en "temporal duty", trabajo temporal. Era quien conducía la Suburban.
Desde su parada a comer, fueron detectados por un comando de entre 8 y 10 integrantes de Los Zetas, el terrible grupo de la delincuencia organizada que en esa época, campeaba en buena parte del territorio nacional, y, desde luego, San Luis Potosí.
El comando criminal contaba con dos vehículos, con los que interceptaron a los estadounidenses a la altura de la comunidad de El Toro. Al intentar abordarlos, "una de las ventanas del vehículo (la del lado de Ávila) se abrió, de alguna manera, aún no sabemos cómo".
Los maleantes exigían que se bajaran. Los agredidos se identificaron como agentes extranjeros, "soy diplomático", dijo un agente, a lo que el uno del comando respondió que no le importaba y abrió fuego a través de la ventana, pues logró meter el cañón de un AK-47 y una pistola de 9mm.
El agente logró encender de nuevo la unidad y avanzar unos 70 metros antes de quedar en el camellón. Los agresores huyeron.
El ataque fue escuchado por la embajada, pues uno de los agentes había logrado comunicarse vía celular. Así se enteraron de que Zapata había muerto y Ávila quedó herido en una de sus piernas
Ávila también contactó a la Policía Federal, a la cual pidió ayuda urgente. Un helicóptero arribó primero y varios vehículos después, asegurando el sitio. La aeronave trasladó a un hospital potosino a los agentes, en donde se confirmó la muerte de uno y se estabilizó al otro. El correo termina señalando que el gobierno mexicano ofreció "toda su cooperación" para capturar a los agresores.
Así fue como San Luis Potosí se ganó un espacio activo en los boletines diarios de inteligencia de Estados Unidos en esos días. Los mismos documentos que notificaban alertas terroristas en Pakistán, ataques a las fuerzas de ese país desplegadas en Irak o actividades sospechosas de las contrapartes rusas en Moscú.
Los Zetas fueron, desde el inicio, los sospechosos de la agresión. Desde el sexenio de Marcelo de los Santos, el grupo fundado por desertores del Ejército mexicano que se pusieron al servicio del Cártel del Golfo empezaron a infiltrarse en el estado. En 2011, el territorio era suyo.
Los estadounidenses estaban al tanto de eso. Tras la agresión, la embajada y los consulados de EUA en México establecieron comités de acciones de emergencia. El reporte del DE sobre una sesión celebrada el 17 de febrero de ese año en el consulado de Nuevo Laredo (documento B-00002552339) citaba reportes de prensa que apuntaban a Los Zetas como responsables. Entre los asistentes se discutió un asunto inquietante: si los Zetas "habían cambiado su actitud" hacia el personal EUA en México y si ahora todos los diplomáticos estaban "bajo amenaza", lo que sugiere que el grupo criminal y el gobierno del vecino país tenían un acuerdo tácito que dotaba de "inmunidad" a sus agentes. Lo que se discutió después no se puede saber, pues el resto de las cuatro páginas aparece censurado.
Otro encuentro similar celebrado en la embajada el 21 de febrero (documento B-00002428177) consigna que entre las medidas inmediatas que tomó el vecino país estuvo la declaratoria de San Luis como territorio vedado para personal de su gobierno. Cualquier viaje al estado debía ser aprobado por el área de seguridad de la embajada.
El episodio también desató un debate en la comunidad diplomática y de inteligencia de EUA. El 23 de febrero, John Giggi, un funcionario de la embajada estadounidense en Tel Aviv, Israel y con experiencia en el FB y la CIA envió un correo electrónico al DE (documento B-00002428170) en el que, de plano, cuestionaba "¿por qué los Estados Unidos deberían respetar las leyes mexicanas cuando nuestros funcionarios en el exterior tienen inmunidad diplomática y tienen el derecho a la autodefensa?".
Se refería a la prohibición legal de que agentes extranjeros en México a portar armas. Giggi dijo sentirse "horrorizado" porque la embajada enviara a los agentes atacados a "una zona de guerra no declarada".
Y abiertamente recomendó que se dictara la orden de ignorar las prohibiciones locales sobre portación de armas.
Algo debe haber repercutido esta inquietud porque al día siguiente, la embajada emitió al DE una solicitud de cinco páginas totalmente censuradas (documento B-00002552332) con el inquietante título de
"Política de porte de armas de Misión México; se solicita orientación del Departamento". Que estaría relacionado con la conversación del diplomático en Israel.
El ataque también generó preocupaciones por sus efectos en la economía. Un estudio sobre las perspectivas de la economía mexicana y su relación con EUA (documento B-000025776334) ubicó al incidente de San Luis como un riesgo en el panorama económico, evaluado como favorable en ese entonces, por la posibilidad de que escalara la violencia delictiva.
Mientras las dudas y debates sacudían a los estadounidenses, ese mismo 23 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la captura de nueve personas en cuatro casas de seguridad en San Luis capital. Uno de ellos, Julián Zapata Espinosa "El Piolín" fue ubicado como el líder de los sicarios de Los Zetas en San Luis y responsable de comandar el grupo que atacó a los agentes del ICE.
Tenía a su cargo la vigilancia de la zona sur del estado, colindante con Guanajuato. Zapata Espinosa también era policía municipal de Villa de Reyes y otro de los detenidos tenía un cargo en la corporación municipal de la capital. A ese grado llegó la infiltración del crimen en la estructura policial local.
En el comunicado oficial, los militares mexicanos presumieron que la captura se realizó gracias a las actividades de inteligencia.
Por esos días, se especuló que las capturas ocurrieron gracias no al trabajo mexicano, sino al de las corporaciones estadounidenses, que incluyó el uso de drones. Un congresista estadounidense, Henry Cuéllar, aceptó que hubo aportación de datos, pero no confirmó la vigilancia aérea.
Pocos meses después del incidente, Pascual fue removido de la embajada en México y en su lugar llegó Earl Anthony Wayne. Una transcripción de su diálogo con congresistas de EUA, ocurrido el 20 de julio de 2011, el día de su nombramiento (documento CO5285735), elogió el trabajo de México en la investigación y le atribuyó totalmente el mérito de la captura, aunque resaltó que hubo apoyo estadounidense.
A quince años de que ocurrió el incidente, el tema de la intervención estadounidense contra el crimen en territorio mexicano se sigue discutiendo.
Pero hay una tercera versión más prosaica sobre las capturas. Esta columna la obtuvo de alguien que laboraba entonces en la Segob y que tiene relación con las labores policiacas y de seguridad.
Al "Piolín" y a los otros no lo capturó la ley, sino que fueron entregados por el propio grupo criminal. El adagio de que no hay borracho que coma lumbre también aplica en el bajo mundo y los capos de Los Zetas comprendieron que el incidente podría implicar su destrucción, por lo que, luego de torturar a los responsables del ataque, fueron ubicados en las casas intervenidas y dieron aviso a las autoridades.
El responsable de ejecutar esa decisión habría sido Enrique Rejón Aguilar, "El Mamito", fundador de Los Zetas y encargado de la plaza en San Luis.
Él mismo fue capturado en la CDMX en julio de ese año. Los dos fueron extraditados a Estados Unidos, donde purgan condenas de por vida.
La subtrama de la captura tiene un colofón interesante. El 9 de marzo de 2011, un cable de un funcionario del DE a otro de una dependencia no identificada (documento B-00002428191) informaba que en febrero el ICE solicitó al Departamento de Estado la autorización de una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de los responsables del ataque. Más adelante, el DE hizo pública la recompensa.
Pues bien, dentro del expediente, aparece una notificación (documento B-0002428098) sin fecha, pero que fue desclasificado apenas el 18 de marzo de 2025, de que la recompensa fue pagada. A quién y por qué será un misterio. El documento está totalmente testado, por lo que no es posible saber quién se hizo millonario con la captura. Pero si recordamos la versión de que a los responsables los entregó el propio grupo al que pertenecían, de ser el caso, perdiendo, de todos modos ganaron.
Una semana después de las capturas en México, y para vergüenza de las autoridades estadounidenses, cayeron en Dallas, Texas tres contrabandistas de armas que proveyeron la pistola de 9mm usada en el ataque.
En un correo titulado "Armas americanas mataron a agentes americanos" (documento C05785243), emitido en marzo de 2011, un funcionario del DE enviaba al despacho de su jefa, Hillary Clinton, la nota de AP del descubrimiento señalando que si "la secretaria no tenía el dato en su radar "valdría la pena marcarlo para ella".
El colofón de la historia muestra cómo un infortunio desató la tragedia. En un muy crítico reporte (documento A-00000567707), del que no se identifica al autor, se consignan detalles de la agresión, como el de que habían comido en un Subway o que las camionetas de los narcos eran una Escalade y una Yukón.
También señala que al ser encajonados por los criminales, Jaime Zapata puso el control de velocidades en "Estacionado". Al hacerlo, le quitó el seguro a las puertas, por lo que un agresor intentó abrirla. En el forcejeo subsecuente se activó, sin intención, la ventana del lado del conductor (El día del atentado, los sorprendidos funcionarios de la embajada señalaban que "una de las ventanas del vehículo se abrió, de alguna manera, aún no sabemos cómo"), lo que aprovechó el agresor para meter el cañón de sus armas y disparar a los agentes.
Tras analizar los hechos, los redactores del análisis señalaron que los agentes no hicieron la transición del protocolo de "rutina" al de "emergencia" y perdieron dos oportunidades de declararla: cuando vieron las armas y cuando intentaron dialogar con los agresores. Hacerlo pudo haberles dado más tiempo o huir, pues su unidad estaba blindada.
Señalaron que "sin criticar a los agentes federales que fueron atacados, hay que aprender de sus errores", pues debieron asumir que estaban bajo un posible ataque mortal desde que empezaron a ser forzados a detenerse y cuando vieron a civiles armados con rifles AK-47.
No dejaron de notar la situación de la camioneta, que quitaba el seguro de las puertas al poner las velocidades en "Estacionado" y que abrían sus ventanas de manera no intencionada.
Esta situación persiguió al Departamento de Estado un año después del ataque. En febrero de 2012, una serie de correos electrónicos (documento A-00000686422) de diversos funcionarios muestra el peloteo de responsabilidades y la ausencia de ideas para contestar a las preguntas de dos reporteros del Washington Post que descubrieron que la camioneta Suburban blindada, que valía cien mil dólares, tenía un "defecto posiblemente fatal": el de la desactivación de los seguros de las puertas.
Citaban a un congresista que señaló que si éstos se hubieran mantenido, el agente no hubiera muerto y dado que este modelo se usaba en lugares tan peligrosos como Afganistán e Irak, los reporteros cuestionaron ¿cómo ocurrió esto?
Esa pregunta sigue flotando en torno a este episodio negro en el que San Luis fue el escenario.
