Defensores del exceso
Hasta que punto el entramado institucional del estado está dispuesto a dejar de lado el cumplimiento de la Ley porque una circunstancia favorece la situación personal de sus titulares?
En la entrega de esta columna de hace dos semanas, se escribió sobre cómo centenares de funcionarios de casi todas las instituciones del Estado, en sus dos acepciones, la entidad federativa y la estructura institucional que realiza las tareas de gobierno, se benefician con ingresos millonarios por concepto de sueldos y otras percepciones salariales que reciben por sus labores.
No ha habido muchas reacciones. Un débil llamado del gobernador Ricardo Gallardo a la moderación y una que otra justificación, poco convincente, en defensa de ese status quo.
En el texto referido se habló de que unas revisión a los tabuladores de las instituciones estatales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y algunos ayuntamientos, se detectó que 56 funcionarios tenían ingresos anuales superiores al límite máximo de la percepción anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que en 2026 quedó establecido en un millón 330 mil 792 pesos; y casi una docena rebasaba en ingresos a los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tasados en dos millones 60 mil pesos en el presupuesto federal.
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Ambas situaciones, también se mencionó en el texto citado, implican una violación constitucional doble.
Para efectos de claridad y precisión, se transcriben las fracciones II y III del artículo 133 de la Constitución estatal
"II.- Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente o Presidenta de la República III.- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente".
Mientras que la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política nacional, ordena que "Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente".
Es decir, que los 56 funcionarios que encabezan la lista de mayores percepciones en la entidad están violando uno o los dos preceptos citados.
La gran mayoría de ellos, pertenecen a los órganos autónomos de la entidad, supuestamente independientes del Ejecutivo, y cuyos titulares gozan de discrecionalidad para, entre otras cosas, definir sus propios ingresos.
Titulares y altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, del Tribunal Electoral del Estado y del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, además de los diputados del Congreso local y los magistrados del Poder Judicial del Estado superan los ingresos presidenciales y del gobernador.
Esta semana empezaron a conocerse algunos de los reportes finales del IFSE correspondientes a la cuenta pública de 2024. No de manera oficial, pues el órgano fiscalizador aún no los hace públicos.
Curiosamente, el primer paquete de reportes son, precisamente, los de los órganos autónomos, el Congreso y el Poder Judicial. Sus resultados ya están empezando a verse en los medios.
Poniendo el foco en el tema de los salarios, de inicio, salta a la vista que el IFSE puede observar errores de redacción, olvidos en el registro de los datos, pagos de más a empleados menores, confusiones contables, omisión en el pago de impuestos y muchos más conceptos.
Pero lo que no menciona en ninguno de los reportes conocidos hasta ahora son las flagrantes violaciones constitucionales que entrañan el pago de percepciones excesivas a funcionarios estatales.
Se supone que entre sus tareas, el IFSE debe comparar lo que expresan los números y cálculos de las dependencias con lo que permiten y lo que prohíben las diversas normas estatales y federales en materia de administración de recursos públicos.
Y el IFSE lo hace. En los reportes quedaron registros sobre la inobservancia de las dependencias a leyes, códigos, reglamentos, tabuladores y varias normas menores más que rigen la administración del Capítulo 1000 del presupuesto, correspondiente a los servicios personales.
Pero olvidó por completo revisar lo referente a los límites constitucionales al ingreso de los funcionarios, situación que su propio titular viola al presupuestar este año un ingreso anual por dos millones 63 mil 386 pesos, tres mil pesos más que la presidenta Sheinbaum.
Lo anterior sugiere un acuerdo tácito de mirar hacia otro lado en lo que respecta al cumplimiento constitucional.
Más aún, los funcionarios que gozan de este privilegio están convencidos de que no están violando la ley.
Paloma Blanco López, consejera presidenta del Ceepac, justificó los salarios millonarios de la cúpula electoral (dos millones 488 mil 421 pesos para ella, dos millones 354 mil 730 pesos para los otros seis consejeros) aduciendo que se apega al manual de remuneraciones de la institución (que los consejeros aprueban) y a las leyes laborales.
Ninguna de las cuales, parece olvidar la consejera electoral, están por encima de las constituciones del estado y de la nación, esas que todos los funcionarios prometen guardar y hacer guardar cuando toman posesión del cargo.
Blanco López también aseguró que en el Ceepac "siempre hemos tenido transparencia en cuanto a cómo se llevan a cabo la designación de los salarios y salarios".
Irónicamente, en el informe final de la cuenta pública de 2024, el IFSE le impuso la Ceepac la orden de sancionar... la omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado el manual de remuneraciones de ese año.
Las dependencias potosinas están obligadas a publicarlos en los tres meses posteriores a la aprobación del presupuesto de cada año, es decir, no más allá de la segunda mitad de marzo.
En 2024, el Ceepac aprobó el manual el 19 de ese mes, pero no lo publicó sino hasta casi un año después, el 4 de febrero de 2025.
La justificación que dio el Ceepac fue que "por un error involuntario no se publicó en el Periódico Oficial del Estado". Entraña cierto candor que, como medida correctiva de la omisión, el Ceepac argumentara que en 2025, sí publicó el manual dentro del plazo legal, además del compromiso de que no volvería a ocurrir.
Sin embargo, eso no salvó al Consejo de la observación de iniciar la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra el o los responsables del olvido.
Pero dentro de los órganos autónomos potosinos no sólo hay funcionarios que consideran que sus ingresos excesivos no son irregulares. Hay quien quiere más.
En esta semana se conoció que Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, flamante presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, parte del primer Poder Judicial elegido popularmente, promovió, infructuosamente, un proceso legal para evitar la negativa del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñaba antes de participar, y ganar, la elección, de concederle una licencia de 12 años para conservar su puesto de secretaria proyectista.
Es decir que para la magistrada, no resultó suficiente acceder a un ingreso de un millón 743 mil 314 pesos, de acuerdo al tabulador que el PJE presentó en 2026, cifra que supera los ingresos del mandatario estatal, sino que pretende, tras cumplir el plazo previsto en el cargo estatal, que se tuerzan las normas judiciales federales para que pueda regresar a su antiguo cargo y seguir gozando de los beneficios laborales que tenía.
Y es que, en materia de ingresos, la autonomía es el pretexto ideal. Ahí está el expresidente de la CEGAIP, David Menchaca Zúñiga. Al dejar el cargo, en 2024, la Comisión le concedió, aprobado por el pleno que encabezaba, por supuesto, una "indemnización por término de encargo de comisionado presidente" de 147 mil 500 pesos.
El IFSE consideró ese abuso como un probable daño a la hacienda pública y le ordenó reintegrar el monto y los intereses que genere. A saber si los pagará el exfuncionario o la dependencia, si es que se paga.
Si el IFSE no hace nada por contener los sueldos que violan las constituciones, el gobernador Gallardo Cardona anda por las mismas. Apenas lanzó un tibio llamado para que los órganos autónomos a respetar los límites salariales y a no caer en excesos.
Parece olvidar que, como responsable del presupuesto, el Ejecutivo que preside podría poner freno desde que le llegan las propuestas de las dependencias, sujetándolas al cumplimiento de la ley.
Pero parece que en ese aspecto, nadie quiere dar el paso decisivo.
