Ni tan pulcros
Los viejos comerciales televisivos de jabones, detergentes y otros productos de limpieza solían advertir que lavar con productos de la competencia podría resultar insuficiente, pues siempre dejaban algún grado de suciedad.
Una situación similar puede verse en los procesos de fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación concluyó esta semana la emisión de los informes finales de revisión del ejercicio de recursos federales en los tres niveles de gobierno.
Desde hace un tiempo, la ASF divide tal presentación en tres paquetes. Para la revisión correspondiente a 2024, el primer y el segundo paquete se entregaron en junio y octubre del año pasado y el último, esta semana que concluye.
En términos numéricos, la ASF observó a las dependencias estatales y municipales 617 millones de pesos. Las alcaldías generaron la mayor parte: 533.5 millones de pesos; las dependencias estatales, 38.2 millones de pesos y otras instancias, como los organismos autónomos o educativos, 25.1 millones de pesos.
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Ninguno de estos niveles se escapó de generar anomalías. Pero igual presumieron haber salido impolutos.
Pero frecuentemente, un dictamen que no tenga observaciones no implica necesariamente que la dependencia auditada haya ejercido correctamente los recursos.
Como en los comerciales antiguos, siempre quedan residuos de polución. Y estos son algunos de ellos.
La ASF revisó el ejercicio de 145.1 millones de pesos de los 239.7 millones de pesos que San Luis recibió en 2024 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, el FASP del Ramo 33, el cual financia las labores policiacas para garantizar la seguridad ciudadana. Las dependencias que recibieron recursos de ese fondo fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La auditoría de cumplimiento 1659 presenta un dictamen limpio, en la que las dos irregularidades que se detectaron fueron solventadas. Sin embargo, tras ese resultado limpio en apariencia, persiste una mancha.
El resultado número 13 del documento, referente al cumplimiento de objetivos y metas advierte que el dinero público ejercido por el gobierno potosino para labores de seguridad tuvo una "contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos resultan insuficientes".
La conclusión se respalda con un listado de 17 indicadores que apoyan la evaluación de los resultados, de los cuales una minoría, ocho, aparecen con un cumplimiento de 9 o más en una escala de diez.
La mayor parte de las mediciones aparecen de siete para abajo o se establece de manera explícita que fueron cumplidos "parcialmente".
Entre estos está el hecho de que, con 1.3 policías por cada mil habitantes, la autoridad se quedó corto en cumplir el mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública o el cumplimiento incompleto de las metas del anexo técnico único firmado con el gobierno federal.
Peor aún, de las doce metas establecidas en la Matriz de indicadores de Resultados reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, San Luis registró ocho con un avance nulo, de 0%
Otra mancha en desdoro del resultado limpio que presumen las autoridades está en la auditoría 1664 al cumplimiento de las disposiciones fiscales relacionadas con el ejercicio de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, un recurso que se dispersa entre varias dependencias para diversos fines, entre ellos, la nómina.
El resultado sexto de la auditoría encontró que los invernaderos de Santa Rita no entregaron al SAT el ISR descontado a sus empleados, que en 2024 ascendió a 17.7 millones de pesos. No se decretó una observación como tal, pero sí pidió al SAT someter la empresa que maneja el proyecto hortícola estatal a una auditoría que constatara el cumplimiento de esa obligación.
La otra mancha, en honor a la verdad, no es responsabilidad del Ejecutivo, sino del Legislativo. El Congreso fue observado en la auditoría 1663 al ejercicio de las mismas participaciones del caso anterior.
Lo diputados no comprobaron el gasto de 23.6 millones de pesos de origen federal que destinó a la compra de bienes, servicios o arrendamientos, por lo que la ASF realizó una solicitud al Ejecutivo.
Esas son algunas de las situaciones que provocan que afirmar que el estado no tuvo observaciones en las auditorías federales sea, por decir lo menos, inexacto.
Lo dicen ellos
No lo dice una persona. Lo dijo la Auditoría Superior de la Federación y lo dijeron las calificadoras financieras que evalúan los pasivos estatales de San Luis Potosí: la alta recurrencia a los préstamos quirografarios incrementó los indicadores de deuda del estado.
Esta semana, la ASF reveló en un análisis anexo a los informes finales de la fiscalización del ejercicio de recursos federales de 2024, en el que se exponía el comportamiento de los pasivos estatales. En el estudio, San Luis Potosí fue ubicado como el segundo estado con mayor incremento en los pasivos durante 2024.
Esto desató el enojo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que aseguró que se había malinterpretado la información que, por lo demás está más que clara en el documento.
Para infortunio del humor del mandatario, al día siguiente de su declaración, Fitch Ratings, una de las calificadoras contratadas por el gobierno potosino para evaluar sus finanzas, presentó el reporte "Monitor del Sector de Estados Mexicanos", en los que da a conocer los resultados de las entidades federativas que evalúa durante 2025.
En el reporte, no le fue bien a San Luis. En lso indicadores de solidez de ingresos, sostenibilidad en el gasto y flexibilidad de pasivos y liquidez, el estado estuvo en la categoría "más débil" para presentar un perfil de riesgo de ese mismo rango.
Y en otra distinción desagradable para Palacio de Gobierno, San Luis fue, junto con Guerrero, la única entidad que vio degradada su calificación con Fitch Ratings durante 2025.
De hecho, así se consignó en alguna entrega de esta columna el año pasado, cuando con Fitch coincidieron en bajar la calificación de la deuda potosina las otras dos evaluadoras de las finanzas del estado, HR Ratings y PCR Verum, con el mismo argumento: la excesiva dependencia a la deuda de corto plazo erosionaba la capacidad de liquidez del gobierno potosino.
Un punto importante es el año en el que la dependencia pública federal y las empresas privadas emitieron sus respectivos dictámenes. Aquella lo hizo en 2024, ésta, en 2025.
Es decir, que la misma actividad, la contratación reiterada de pasivos quirografarios, se ha mantenido durante dos años consecutivos.
Esta repetición ya ha causado un efecto negativo, pues esas alertas de las calificadoras impactan en la idoneidad del gobierno potosino como sujeto de crédito.
Y esa es una realidad, por mas que enoje a algunos que se haga pública.
