Serrano y el affaire L1bre
Participar en un proceso de concesión del Gobierno de la CDMX de un sistema de cobro para taxis dirigido para que la empresa que propuso el negocio lo ganara y recibir un soborno.
Esos son los señalamientos más relevantes hechos por el gobierno federal contra Héctor Serrano Cortés, diputado local del Partido Verde Ecologista de México y, entre julio de 2015 y septiembre de 2017, titular de la Secretaría de Movilidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa; dentro de un juicio de arbitraje internacional realizado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial para dirimir litigios entre ciudadanos, empresas y gobiernos nacionales.
El 26 de marzo, esa dependencia desestimó una demanda de las empresas Espíritu Santo Holdings LP, registrada en Canadá, y L1bre Holding LLC, de origen estadounidense, presentada en mayo de 2020 bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La controversia, manejada bajo el expediente arbitral ARB/20/13 se centraba en la acusación de las empresas contra la administración de Claudia Sheinbaum Pardo en la CDMX, de que en 2018 revirtió ilegalmente una concesión entregada en 2016 por Mancera Espinosa, para la compra y mantenimiento de un sistema similar a las aplicaciones de movilidad, como Uber, que, a través de tablets, sustituiría 138 mil taxímetros en la Ciudad de México. Los promoventes pretendían el resarcimiento de 2 mil 100 millones de dólares, el monto que, según ellos, perdieron por el título cancelado.
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Tras la desestimación de la querella, la hoy presidenta se refirió el caso en su conferencia diaria del 31 de marzo señalando que tras la entrega de la concesión había "un entramado de corrupción", por lo que, cuando fue jefa de Gobierno, a partir de 2018, cumplió con la promesa de campaña hecha a los taxistas de cancelarla "dentro del marco de la ley". Esto desató la petición de las empresas de un arbitraje internacional y "exservidores públicos" para revertir el fallo o lograr una millonaria indemnización.
Con evidente entusiasmo, Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno federal, entonces a cargo de Andrés Manuel López Obrador, afrontó el caso vía la Secretaría de Economía y lo ganó. En el camino, se reveló el cabildeo realizado entre funcionarios y empresarios para la entrega de la concesión.
Estas revelaciones surgieron porque, contó, los "varios dueños" de las empresas promoventes "se pelearon entre ellos", abriendo juicios en cortes de EUA en las audiencias con lo que se hizo público "quién los llevó, cómo los llevó, con quién hablaron, a qué se comprometieron, qué diputados estuvieron involucrados".
La mandataria anticipó que más adelante, se develarían los detalles del entramado.
Esta revelación está por ocurrir, pero la instancia de arbitraje ha hecho públicos 27 documentos en los que aparecen muchos de estos detalles.
La solicitud de arbitraje internacional, presentada el 1 de mayo de 2020, inicia la historia. En ellas, las empresas se quejan de las "unilaterales, arbitrarias y políticamente motivadas" medidas que México (aunque la instancia involucrada era el gobierno de la CDMX, el arbitraje lo enfrenta el gobierno nacional) tomo para privar a las compañías de un beneficio "multi billonario" en dólares de una concesión entregada a la subsidiaria Servicios Digitales Lusad SA de CV por parte de la Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno de la CDMX el 17 de junio de 2016, cuando Héctor Serrano estaba a cargo de esa dependencia. Había llegado a esa posición el 16 de julio de 2015 y se mantuvo hasta el 18 de septiembre de 2017, cuando renunció para participar en la fallida candidatura opositora de Miguel Mancera a la Presidencia de la República.
Como director de Semovi, Serrano Cortés firmó la declaración de necesidad de crear un nuevo sistema de cobro de taxis, requisito para arrancar un proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para ese fin. El documento aparece en la Gaceta Oficial de la CDMX del 30 de mayo de 2016.
Aquí es cuando entran los litigios entre socios de los que habló la presidenta en la "mañanera" del 31 de marzo.
Los principales promotores del proyecto son Santiago León Aveleyra y Eduardo Zayas Dueñas. Los dos, con un notorio historial negativo de estafas, fraudes y denuncias.
El diario Excelsior dio cuenta, en una nota publicada el 7 de noviembre de 2020, que Zayas Dueñas estuvo encarcelado en 2016 por fraude genérico y que tenía abiertos en la CDMX siete juicios civiles y mercantiles.
La nota describía el método de Zayas Dueñas: "el modus operandi consiste en defraudar a pequeños inversionistas nacionales e internacionales para llevar a cabo negocios irregulares con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, utilizando empresas fachada".
Esos funcionarios, aseguraba la nota, que le brindaban protección y "respaldaban sus negocios#. En la lista que consigna están políticos de gobiernos priístas del Edomex, un diputado verde de la CDMX y "Héctor Serrano Cortés, exsecretario de Movilidad de la CDMX".
Entre los múltiples pleitos de Zayas Dueñas hay dos que inciden en el caso del arbitraje. Se trata de uno abierto por la empresa Taxinet, propiedad de un empresario ecuatoriano Luis Noboa, que creo para su país una aplicación para taxis y tenía el "know how" tecnológico de la app proyectada para la CDMX.
Zayas Dueñas se acerca a él, lo invita al proyecto, pero más adelante, lo excluye. En respuesta, en 2019, Noboa demanda a L1bre ante una corte de Florida acusando a la empresa mexicana de piratearle la tecnología para aplicarla en su proyecto.
El otro juicio, abierto en 2019 en un tribunal neoyorquino, fue tramitado por el Espíritu Santo Holdings LLC contra L1bero Partners, una empresa formada en por los empresarios Fabio Covarrubias Piffer y nada menos que Ricardo Salinas Pliego, el mandamás de TV Azteca.
L1bero inyectó capital a L1bre, pero luego le cerró la llave. En represalia, Zayas Dueñas y León Aveleyra los demandan por lo mismo que los acusó Taxinet: excluirlos de la empresa y robarles secretos tecnológicos y comerciales. Entre gitanos y tiburones empresariales no se leen las manos.
Regresando al tema del arbitraje contra México, es de estos dos juicios de donde la Secretaría de Economía obtuvo valioso "parque" legal para tirotear la demanda.
El 13 de mayo de 2022, dentro del proceso ante el Banco Mundial, el gobierno mexicano presenta un Memorial de contestación de 195 páginas en las que expone sus argumentos para desestimar la denuncia.
En la parte inicial, considera "preocupante y atípico" que haya evidencias de, entre otras cosas, "una posible colusión entre particulares y ciertos funcionarios públicos para obtener la concesión; reuniones inapropiadas entre los representantes de Lusad (la compañía mexicana creada para el proyecto) para y "convencer" (las comillas son sutilmente enfáticas, considera este redactor) a funcionarios públicos de su proyecto meses antes de que iniciara cualquier procedimiento de contratación pública".
Lo del encaminamiento del resultado de la licitación se deriva de que, según el gobierno mexicano, existe evidencia de que en el verano de 2015, Zayas y León se reunieron con funcionarios de la Semovi para acordar, en el otoño de ese año, "a puerta cerrada" la concesión a Lusad "meses antes de que la Declaratoria de Necesidad del servicio, el documento firmado por Serrano Cortés en mayo de 2016, lo que son indicios de un procedimiento opaco que no respetó las leyes de competencia.
Las reuniones, según la demanda de Taxinet, se habrían celebrado el 17 y el 25 de agosto de 2015 entre directivos de Taxinet y León Aveleyra con "el secretario de movilidad de la Ciudad de México".
Tras acabar el segundo encuentro, Noboa testificó que el socio mexicano le envió un exultante mensaje al ecuatoriano vía Whatsapp: "¡Lo cerramos, Lucho! El secretario (de Movilidad) lo anunció". El mensaje fue parte de la evidencia presentada en ese caso.
Curiosamente, en la presentación de la demanda de Espíritu Santo Holdings contra México, la empresa también dio visos de adelantamiento, pues establece que Lusad presentó a la Semovi una solicitud formal de concesión del servicio el 22 de abril de 2016, una semana antes de que Serrano Cortés reconociera que el sistema era requerido y antes de que la Semovi presentara la convocatoria.
Ésta se emitió, de acuerdo a la propia empresa, y se inscribieron ocho empresas, de las cuales, para sorpresa de nadie, ganó Lusad. El 17 de junio de 2016, el comité de adjudicaciones de la Semovi, al mando de Serrano Cortes, otorgó el proyecto de concesión SEMOVI/DGSTPI/001/2016.
Sin embargo, había una acotación importante: la Semovi condicionaba la entrega del título definitivo con un periodo de prueba del sistema, que alargó el otorgamiento del documento hasta abril de 2018, ya cuando Serrano Cortés no era ya titular de la Semovi. Esto lo reconoce el propio gobierno mexicano en una testimonial dirigida al tribunal de arbitraje en marzo de 2023, hecha para desestimar la afirmación de la empresa de que desde 2016 tenía en su poder la concesión.
Incluso, en ese mismo documento, se señala que, a través de análisis grafológicos, se determinó la falsificación de la firma del hoy diputado potosino en una versión del título presentado por los empresarios y que fue denunciada por el gobierno federal como apócrifa.
El título falso habría sido usado en 2016 para estafar a otro accionista, Moisés Cosío Espinosa, que también demandó a Zayas Dueñas y a León Aveleyra.
Sin embargo, la postura de que la participación de Serrano Cortés en un proceso irregular se sostuvo.
Más aún, el punto 30 del memorial de contestación que el gobierno de México presentó al tribunal de arbitraje en 2022 sostiene un señalamiento más grave.
El gobierno mexicano reveló que en diciembre de 2019, la Semovi recibió "una denuncia anónima" en la que se informaba de "posibles actividades ilícitas realizadas por el Sr. León (Aveleyra) para obtener el apoyo del Sr. Héctor Serrano, anterior secretario de la Semovi".
A ese párrafo le siguen dos fragmentos, en inglés, de la denuncia. En ellos señala que el remitente envía la información porque creía que podría ser útil en un litigio pendiente (¿de la Semovi?) en contra de Santiago León, al que describió como "un criminal que, hasta ahora, ha evadido las muy merecidas repercusiones por sus actividades ilícitas".
Agrega que la información muestra el involucramiento del empresario "con personas envueltas en la corrupción política en México".
Y luego, la acusación: "él mismo sobornó a un funcionario electo (Héctor Serrano) para obtener la concesión para implementar taxímetros digitales en la Ciudad de México, a través de su empresa, L1bre".
Habla de una hoja de cálculo, probablemente anexada a la denuncia, en la que muestra "cantidades de dinero no reveladas, pagadas por dos empresas propiedad del señor León (Lusad y Fairfield Gold) en beneficio del señor Héctor Serrano de Semovi".
Fairfield Gold es una minera de la que León Aveleyra y Zayas Dueñas son socios. En 2020 la Comisión de Valores de EUA emitió un llamado a la precaución en el involucramiento de accionistas con la minera porque algunos de sus negocios "podrían no tener éxito".
No se sabe si esta denuncia habría tenido consecuencias independientes al juicio de arbitraje, como una investigación al diputado del Congreso potosino. Y si bien su origen fue declarado anónimo, es significativo que el gobierno mexicano la considerara con el peso suficiente para ser presentada como prueba en un litigio internacional.
La sentencia del proceso aún no es pública, por lo que está en el aire, aún, saber en qué nivel los señalamientos en los que está involucrado Héctor Serrano incidieron en el fallo a favor de México.
Y también está pendiente ver si queda incluido en la exposición prometida por la presidenta sobre el "entramado de corrupción" descubierto en este caso.
El otro zarpazo
En política, el margen de las casualidades es mínimo, y casi siempre, cuando ocurren dos hechos que tienen algún hilo conductor, también poseen un motor común.
Casi a la par de que la presidenta hablaba del asunto del secretario Serrano Cortés, en redes sociales empezó a circular en redes sociales un señalamiento hacia diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Valladares Eichelmann (como se sabe, familiar de los directivos de este diario) presuntamente por registrar 51 ausencias en sesiones de la Cámara de Diputados.
El legislador federal, gesto inusual en el mundo político mexicano, contestó oficialmente esa versión, reconociendo ausencias, justificadas e injustificadas, aunque en un número menor al que se menciona en el señalamiento; y también admitió que se había ausentado de votaciones en sesión.
En una parte del comunicado, hace un comentario relevante: "es fundamental para mi aclarar la información que recientemente ha circulado con total intención política".
El molino de carne en que se han convertido las redes sociales no trató bien al legislador federal, como casi a ningún funcionario público. Pero eso es uno de los costos que le deja a un político de aparecer en la vida pública.
Un aspecto del asunto del diputado federal Valladares Eichelmann que llama la atención es el "timing" y el contexto actual de los partidos aliados de la 4T, Morena, PT y el PVEM, en el que hay indicios que el gobierno federal y el partido guinda pretenden redefinir su relación.
Han sido evidentes las fricciones que entre los aliados han provocado temas como la oposición morenista al nepotismo en las candidaturas y los votos de rojos y verdes en contra de la reforma electoral de Sheinbaum, que naufragó sin los votos aliados.
Y las consecuencias parecen estar tocando a la política potosina.
Los episodios de Héctor Serrano y Valladares Eichelmann tienen en común, además del tiempo en que ocurren, en que se tratan dos figuras relevantes del PVEM potosino y del entorno del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El primero es el encargado en el Congreso de que los deseos del mandatario se cumplan y el segundo es una carta poderosa para jugarla en la próxima elección.
Ambos fueron metidos al ring de la política pública no de buena manera. Esto puede interpretarse como un aviso al PVEM, a la dirigencia nacional en específico, y al gallardismo, sobre todo, de que es difícil salir limpio de un encontronazo con la Presidencia de la República y el partido en el poder.
