Ambición acabó con poder del clan Taddei

Ciudad de México.- Cuando Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, en 2014, los hermanos Hernández Casillas ya tenían el monopolio de coyotaje entre organismos electorales locales del país y su ambición los había llevado a pactar negocios con funcionarios más visibles. Fue el inicio del imperio que ahora cae.

"Ellos estaban atentos, pescando a ver qué OPLE cambiaba de presidente y se acercaban a los funcionarios a ofrecerles el negocio: que les dieran los contratos a cambio de una comisión bastante considerable, o casas o coches", mencionaron fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Universal.

Añadieron que siempre fueron funcionarios de mediano rango quienes pactaron con los Hernández Casillas, hasta que Guadalupe Taddei llegó al IEE de Sonora.

"Ella quiso tomar las riendas del negocio, ahí estuvo el error", dijeron. La historia posterior es conocida: ella se los lleva al Instituto Nacional Electoral en 2023.

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"La ambición" de los Hernández Casillas, explicaron las fuentes, los llevó a enemistarse con los Carranza y, a partir de 2011-2012, ambas familias comenzaron a ampliar su red de empresas que les llevaran a cabo los trabajos de impresión.

Los Hernández Casillas cedían propiedades, ofrecían coches y crearon otras dos empresas con prestanombres: Corporativo Zeg, constituida por Alejandro Olaya Ortiz, y Comercializadora JVLY, por Luz María Yáñez Pimentel.

La creación de estas dos empresas fue con el fin de comenzar la simulación de competencia en las licitaciones, cuando los controles de transparencia y rendición de cuentas se endurecieron en todos los institutos locales ya que, con la reforma de 2014, varios nuevos funcionarios no cedían al esquema de corrupción.

Para la elección de 2024, Talleres Gráficos de México (TGM) y otras empresas mexicanas y extranjeras comenzaron a levantar la voz ante este "secreto a voces" en el gremio de los impresores, que llega a abarcar la industria editorial y otras en el país, revelaron las fuentes consultadas.

Pero el negocio no hizo más que crecer en la elección judicial de 2025: casi 200 millones de pesos otorgados entre el Instituto Nacional Electoral y varios OPLE con la influencia del clan Taddei a estas empresas fantasma.