Investiga la ASF a la UNAM por fallas

Ciudad de México.- La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició formalmente la investigación a las autoridades de la UNAM, derivada de presuntas irregularidades administrativas en el proceso de selección y contratación de la plataforma digital para los exámenes de ingreso 2026.

A través del oficio UE-IAF/DGI-C/DIC/0109/2026, dirigido al secretario General de la Universidad, Javier de la Fuente Hernández, el órgano fiscalizador notificó el inicio del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026.

Las autoridades universitarias cuentan con un plazo improrrogable de 10 días hábiles para responder a un exhaustivo pliego de 128 requerimientos de información institucional, técnica y financiera. La investigación, iniciada por oficio, pero que al mismo tiempo fue solicitada por la propia Universidad, se centra en el contrato otorgado a la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de proveer el software de supervisión y aplicación de exámenes en línea.

La ASF busca esclarecer las razones metodológicas y de mercado detrás de esta adjudicación, así como evaluar el impacto financiero. Según se detalla en el documento, dichos errores generaron resultados estadísticamente atípicos que obligaron a la Máxima Casa de Estudios a implementar un "examen de control" extraordinario, elevando los costos presupuestales originalmente previstos.

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Entre las demandas del requerimiento destaca la entrega obligatoria de 100% de los archivos multimedia de respaldo, los cuales incluyen los registros de reconocimiento facial, audios ambientales y capturas de pantalla de la totalidad de los aspirantes evaluados.

De igual forma se solicitaron los estudios institucionales, investigaciones de mercado y dictámenes técnicos que sirvieron para elegir a Territorium Life como la "única alternativa" viable, así como la base de datos de quienes presentaron el examen.

La Universidad Nacional deberá entregar 100% de los registros multimedia (fotografías, audios ambientales y videos de pantalla de todos los aspirantes), así como bitácoras del navegador seguro (Lockdown Browser) y bases de datos transaccionales.

Además, se solicita el desglose de costos, transferencias bancarias, facturas, conciliaciones de servicios y el impacto económico extra que representó repetir o modificar las evaluaciones.