Adolescencias y Redes

Tres noticias recientes, aparentemente desconectadas, permiten observar una misma realidad. En Soledad de Graciano Sánchez, un adolescente de 16 años fue detenido después de presuntamente utilizar una aplicación de citas para contactar a un adulto, exigirle dinero y amenazarlo con difundir imágenes falsas. En Francia, el Parlamento aprobó prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de los homicidios dolosos y sostuvo que atender las causas de la violencia exige comprender por qué algunos jóvenes encuentran en la delincuencia una identidad y un sentido de pertenencia.

La reducción de los homicidios es una noticia relevante. Sin embargo, la seguridad democrática no puede medirse exclusivamente contando las muertes evitadas. También debe evaluarse por la capacidad del Estado para impedir que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a nuevas culturas y economías de violencia. Actualmente, una parte de ese proceso ocurre frente a una pantalla.

Las redes sociales no inventaron la necesidad adolescente de pertenecer, ser reconocido e imitar modelos de conducta; lo que hicieron fue industrializarla, convertirla en datos y colocarla bajo la dirección de algoritmos transfronterizos. La antigua influencia del grupo cercano se multiplica ahora mediante contenidos que circulan sin descanso, normalizan comportamientos y ofrecen identidades confeccionadas alrededor del éxito inmediato, el poder, la violencia o el dinero.

El extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ya había advertido que la exclusión, la precariedad y el debilitamiento de los vínculos de pertenencia afectan especialmente a las personas jóvenes. En su Estudio sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México (CONEVAL, 2025), identificó al entorno digital como uno de los nuevos desafíos para la protección integral y relacionó sus riesgos con la ciberagresión, el acoso, la explotación y el reclutamiento de menores de edad en actividades delictivas.

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La responsabilidad, entonces, no puede atribuirse cómoda y exclusivamente a las familias. Las plataformas diseñan mecanismos de captación; las escuelas deben formar ciudadanía digital; el Estado tiene obligaciones de prevención y regulación, y la sociedad participa en la producción y reproducción de los modelos que consumen los adolescentes.

Francia ha respondido mediante la prohibición. Su decisión abre una cuestión difícil: ¿proteger significa impedir el acceso? Las personas adolescentes son titulares de los derechos a la información, expresión, participación y desarrollo progresivo de su autonomía. La protección estatal es necesaria, pero también debe superar un examen de proporcionalidad. Habrá que esperar, sin anticipaciones, la eventual respuesta del Consejo Constitucional francés.

En este mundo complejo, el CONEVAL que estudió las causas sociales e identitarias de la violencia ya no existe, mientras la prohibición francesa todavía espera examen en el país que se precia de ser cuna de las libertades.

Y, hablando de imitaciones, convendría que el Congreso de San Luis Potosí no se apresurara a copiar al señor Macron: después de una legislación punitiva sobre inteligencia artificial que llevó a prisión a tres comunicadores, no está precisamente para exportar prudencia legislativa. Si San Luis fuera un régimen parlamentario, quizá correspondería disolver la Cámara y convocar a elecciones; como no lo es, tendremos que conformarnos con pedirle algo más modesto: que antes de volver a legislar contra la libertad, por lo menos espere a ver qué deciden los franceses.

Las y los espero el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com