Amparo mutilado

En un país cansado de promesas incumplidas, la llamada “Reforma Judicial” llega envuelta en discursos de eficacia, independencia y transparencia. Se asegura que ahora los juicios no deberán durar más de 6 meses, como si la sola mención de un plazo mágico pudiera curar de tajo la lentitud y la corrupción que por décadas han carcomido al Poder Judicial. Pero pongamos las cartas sobre la mesa: si en breve plazo no tenemos una justicia pronta y expedita, con plazos máximos razonables para la resolución de juicios y la eliminación real de la impunidad, ya sabremos a quién culpar: a la 4T.

Porque lo bueno –si es que algo tiene de bueno esta apuesta– es que es medible. Cada juicio, cada sentencia, cada día de espera será un recordatorio minuto a minuto de la distancia entre la retórica triunfalista y la realidad de los pasillos judiciales. No queremos otra gran patraña, como aquella de que el sistema de salud mexicano se equiparaba al de Dinamarca. Todos sabemos lo que eso significó: burlas, deficiencias y el insulto de un presidente que habló de modernidad mientras los mexicanos seguíamos padeciendo hospitales sin medicinas y clínicas sin médicos.

La justicia, al igual que la salud, no admite simulaciones.

El amparo en agonía, porque peor aún es la embestida que hoy enfrenta la Ley de Amparo. Se pretende reformarla para reducir plazos, digitalizar trámites y definir mejor el interés legítimo. Hasta ahí, podríamos conceder algún avance. Pero detrás de esa envoltura se esconde un retroceso brutal en materia de derechos humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

1.- Restricción del interés legítimo: solo podrán promover amparo quienes acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Esto significa que los derechos colectivos y difusos –medio ambiente sano, derechos de mujeres, derechos de pueblos indígenas– quedarán fuera de la protección judicial si no se acredita un daño individual y específico. Asociaciones como Cambio de Ruta A.C., que han defendido en tribunales el derecho al aire limpio, la protección de áreas naturales, el arbolado urbano (sí, ese al que Gallardo y la Seduvop le encanta derribar) o la preservación de espacios públicos, quedarían prácticamente imposibilitadas de litigar en favor de la colectividad. Es decir, se pretende silenciar a las organizaciones ciudadanas que han suplido la omisión del Estado en la defensa del interés público.

Suspensiones debilitadas: se subordina la suspensión del acto reclamado al “interés social y orden público”. Traducido: los jueces tendrán una discrecionalidad amplísima para negar suspensiones y permitir que proyectos gubernamentales –aunque destruyan bosques, envenenen ríos o arrasen comunidades– sigan adelante sin freno.

Cuentas congeladas sin defensa: se niega la suspensión contra los actos de la UIF. Si te congelan cuentas de manera arbitraria, ya no habrá escudo que te permita sobrevivir al proceso. Aunque después ganes, el daño estará hecho.

Brecha digital: millones de mexicanos sin acceso a internet quedarán excluidos del acceso real a la justicia.

El juicio de amparo –esa institución que por más de un siglo nos ha protegido de los abusos del poder– atraviesa hoy lo que algunos llaman su “menopausia jurídica”: deja de ser fértil para los derechos humanos y se vuelve estéril frente al autoritarismo.

Vivimos, como bien se ha dicho, en una auténtica kakistocracia: el gobierno de los peores, de los chafas, de quienes no saben hacer bien las cosas. Los discursos de “justicia popular”, salvo contados casos, esconden en realidad un reparto de cuotas, un clientelismo que desprecia el conocimiento y la imparcialidad. Por eso vemos a jueces constitucionales en mítines políticos, a ministros participando en ceremonias de “purificación” que degradan la investidura y a senadores celebrando como si hubieran descubierto el hilo negro.

Lo que se avecina no es un Poder Judicial fortalecido, sino una transición caótica. Se prevé un paro de labores prolongado, un éxodo de trabajadores judiciales y una parálisis que afectará a todos: desde el ciudadano común que espera una pensión alimenticia hasta la comunidad que defiende un río.

El régimen de la “transformación” no ha transformado nada. Ha destruido el Estado de derecho, debilitado las instituciones y cancelado espacios de defensa ciudadana. Ha entronizado el caudillismo, desprotegido al ciudadano y atado la justicia distributiva a la obediencia política. Ese es su verdadero rostro.

Si mañana un juicio no se resuelve en 6 meses, ya sabemos de quién será la culpa. Y si mañana el amparo deja de protegernos frente a la arbitrariedad, también sabremos a quién responsabilizar.

La reconstrucción no llegará sola. Se conquista con valentía, con inteligencia, con la voz ciudadana y con la memoria de que cada retroceso fue impuesto con el disfraz de una promesa.

Delírium Trémens. En la patria de la impunidad, hasta la justicia tiene fecha de caducidad.

@luisglozano