Cómo derrotar al autoritarismo

La derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, hace apenas unos días ofrece una lección política de primer orden: incluso un régimen autoritario -para algunos, dictatorial- puede ser derrotado por la vía democrática cuando la arquitectura electoral no ha sido capturada por completo. La paradoja es notable. Durante años, Orbán y Fidesz (su partido) reformaron las reglas para inclinar el terreno a su favor; sin embargo, no consiguieron cancelar del todo la competencia. Y fue precisamente esa porción de institucionalidad que sobrevivió la que permitió a la oposición convertir el descontento social en una mayoría suficiente para revertir el rumbo político del país.

Hungría demuestra que la caída de un liderazgo autoritario no depende solamente de las virtudes de la oposición -cuando las hay-, ni de una súbita epifanía cívica del electorado. Requiere también que subsistan reglas, procedimientos e instituciones capaces de procesar el conflicto político de forma pacífica. Dicho de otro modo: para sacar democráticamente a un gobierno con pulsiones autoritarias, primero tiene que seguir existiendo, aunque sea de manera erosionada, un sistema democrático que permita hacerlo. Parece una obviedad, pero en tiempos de entusiasmo reformista conviene recordar que destruir al árbitro nunca ha sido la mejor manera de garantizar partidos competitivos.

La derrota de Orbán fue posible por la convergencia de varios factores. El primero fue el agotamiento de su modelo de gobierno. Después de dieciséis años en el poder, la combinación de corrupción visible, captura institucional, cercanía con Rusia y abuso del discurso nacionalista terminó por producir desgaste incluso entre sectores conservadores que antes lo respaldaban. Como suele ocurrir con los proyectos que se presentan como refundacionales, llegó un momento en que la promesas empezaron a contrastar con las realidades, y la retórica de la identidad nacional comenzó a sonar más a mecanismo de distracción que a programa de gobierno.

A ese desgaste se sumó la aparición de una alternativa con capacidad real de competir. Péter Magyar, antiguo aliado de Fidesz, construyó con TISZA (Partido Respeto y Libertad) una fuerza de derecha liberal y proeuropea que logró atraer tanto a votantes desencantados del oficialismo como a segmentos dispersos de la oposición. Ese dato importa mucho. Una oposición fragmentada puede tener buenos diagnósticos, nobles intenciones y abundantes conferencias de prensa, pero rara vez tiene mayoría. La política democrática, por incómodo que resulte para ciertas almas exquisitas, ese sigue tratando de construir mayorías.

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También fue decisiva una participación extraordinaria, cercana al 78 por ciento, una de las más altas desde la transición húngara. Esa movilización sugiere que amplios sectores de la ciudadanía entendieron que la elección no definía solamente quién ocuparía el gobierno, sino qué tipo de régimen prevalecería en los años siguientes. Cuando una sociedad percibe que lo que está en disputa no es un simple relevo administrativo, sino la posibilidad misma de conservar un espacio de pluralismo y legalidad, la elección adquiere un significado distinto.

El sistema electoral húngaro fue un elemento central de esta historia. Desde 2011, Fidesz modificó distritos, reglas y condiciones de competencia para beneficiarse, pero no anuló por completo la posibilidad de alternancia. El diseño seguía amplificando a la fuerza más votada -algo así ocurre con la Representación Proporcional en nuestro país-. Durante años, eso permitió a Orbán obtener supermayorías legislativas. En 2026, sin embargo, el mismo mecanismo magnificó el triunfo opositor.

Ahí reside una de las claves del caso. El sistema fue manipulado, sí, pero no totalmente clausurado. Persistieron múltiples partidos, elecciones efectivamente disputadas, observación europea y un margen suficiente de libertad pública para que la oposición organizara una campaña competitiva. Orbán consiguió inclinar el terreno, pero no desaparecerlo. Y en política electoral la diferencia entre inclinar el campo y derribarlo es enorme. En un caso todavía existe incertidumbre; en el otro, solo queda una escenografía.

Gracias a ese espacio residual de competencia, TISZA obtuvo alrededor del 53 por ciento de los votos y una mayoría calificada. Además, Orbán reconoció públicamente la derrota y aceptó que la ciudadanía le había retirado la responsabilidad de gobernar. Hungría mostró que, mientras esa rendija no se selle por completo, el voto puede seguir siendo un instrumento de corrección democrática.

La lección más importante trasciende el caso húngaro. La resistencia al autoritarismo no depende solo del coraje cívico ni del talento de los liderazgos opositores. Depende también de la fortaleza y supervivencia de las reglas del juego. Cuando el sistema electoral conserva integridad mínima —urnas confiables, competencia abierta, reglas relativamente estables, pluralidad partidista, autoridades con algún margen de autonomía— la sociedad todavía puede usarlo para desplazar a quienes han erosionado otras instituciones. Pero cuando ese sistema también cae, la oposición puede ganar la conversación pública y perder, una y otra vez, la posibilidad de traducirla en poder.

Por eso, proteger la institucionalidad democrática no es un tecnicismo ni una obsesión de especialistas. Es una estrategia de supervivencia republicana. La historia reciente enseña que los autoritarismos contemporáneos no siempre cancelan de golpe las elecciones; a veces prefieren mantenerlas, pero adulteradas, confiando en que la ciudadanía terminará acostumbrándose a jugar un partido donde el silbato, el marcador y hasta el reglamento ya tienen dueño.

Justamente por eso conviene mirar con atención el desenlace húngaro. No porque ofrezca una receta universal, sino porque recuerda una verdad elemental: mientras subsista un terreno real de competencia, la democracia todavía puede corregirse a sí misma. Y en países donde de vez en cuando aparecen políticos fascinados por las mayorías aplastantes, por los árbitros dóciles y por las reformas hechas a la medida del gobernante en turno, no sobra recordar que cuidar el sistema democrático no es una manía defensiva, sino una garantía en libertad.

La caminera

No encuentro problema alguno en que a estas alturas del partido, los aspirantes a cargos públicos anuncien abiertamente sus intenciones. El problema que veo es doble: en la reforma electoral nadie quiso meter mano de forma decidida a evitar que se haga campaña con uso de recursos públicos y la otra, que el debate y la atención pública se redirija a la contienda electoral y no a la labor de gobernar.

X. @marcoivanvargas