Cuando denunciar no sirve: corrupción, impunidad y confianza pública

"La corrupción es una forma 

de tiranía. Quien puede exigir 

un soborno tiene más poder que quien debe obedecer la ley." 

Octavio Paz

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Cuando denunciar no produce consecuencias, la corrupción deja de ser un problema aislado: erosiona la seguridad, debilita a las instituciones y desgasta la confianza ciudadana.

Nuestro país enfrenta una paradoja inquietante. Cada año se cometen millones de delitos y actos de corrupción en todos los niveles y poderes de gobierno, pero la mayoría nunca llega a investigarse. La inseguridad se vuelve parte de la vida cotidiana y la corrupción se percibe como una práctica recurrente en la relación con el poder público. En ese escenario, la impunidad deja de parecer una falla excepcional y comienza a asumirse como parte del funcionamiento institucional.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estimó que durante 2025 se cometieron 33.8 millones de delitos. Más revelador aún: 93.4% permaneció en la cifra oculta. Apenas una fracción se denunció y menos casos derivaron en una investigación. Para el ciudadano, la conclusión es difícil de ignorar: denunciar pocas veces se traduce en resultados visibles.

San Luis Potosí reproduce buena parte de ese escenario. Nueve de cada diez delitos no llegan al conocimiento efectivo de las autoridades y la inseguridad continúa condicionando actividades cotidianas. Cuando el miedo modifica rutinas y la respuesta institucional se percibe insuficiente, la impunidad deja de ser un concepto jurídico para convertirse en una experiencia social.

A ello se suma la corrupción. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 señala que ocho de cada diez mexicanos la consideran frecuente o muy frecuente. En San Luis Potosí, además, la experiencia directa supera el promedio nacional. Para miles de personas, por tanto, no se trata de una percepción abstracta, sino de situaciones concretas en su relación con autoridades y servicios públicos.

El problema de fondo no es únicamente que exista corrupción, sino que pocas veces se perciban consecuencias. La Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2023 aporta otra pieza al diagnóstico: la confianza en las instituciones públicas es frágil. Un gobierno puede ofrecer trámites eficientes y, aun así, enfrentar desconfianza si la ciudadanía considera que la ley no se aplica con la misma firmeza para todos.

Ahí se forma un círculo difícil de romper: si denunciar parece inútil, disminuyen las denuncias; con menos denuncias, las autoridades disponen de información escasa para investigar y sancionar; y cuando las irregularidades quedan impunes, la confianza vuelve a deteriorarse. Corrupción, impunidad y desconfianza terminan alimentándose entre sí.

Por otra parte, suele argumentarse que las encuestas miden percepciones. Es cierto, pero las percepciones también modifican conductas. Quien considera inútil denunciar probablemente no lo hará; quien asume el soborno como inevitable puede terminar adaptándose a él. La legitimidad institucional no depende sólo de los servicios que presta el gobierno, sino también de la confianza que inspira su actuación.

Por eso, la respuesta exige algo más que nuevas leyes, instituciones u oficinas más grandes, observatorios o campañas de difusión: exige resultados verificables. Menos propaganda y más rendición de cuentas; menos anuncios espectaculares y más investigaciones concluidas; menos autoelogio y más evidencia sobre sanciones, responsabilidades, correcciones, profesionalización y estabilidad laboral en el servicio público. Todo ello respaldado por instituciones sólidas y servidores públicos comprometidos, íntegros y profesionales.

Esta discusión cobra especial relevancia en época de informes de gobierno donde abundan cifras sobre obras, programas, operativos y servicios, pero con menor frecuencia se presentan indicadores que nos permitan conocer su impacto, las irregularidades detectadas o las responsabilidades efectivamente sancionadas. La diferencia es sustantiva: gobernar no consiste en administrar percepciones, sino en transformar realidades.

La seguridad comienza cuando una llamada de auxilio recibe respuesta; el combate a la corrupción, cuando una denuncia se investiga y genera consecuencias. La confianza pública no se decreta ni se construye con campañas de comunicación: se gana con resultados, se sostiene con transparencia, soberanía e independencia, y se fortalece cuando la ley se aplica por igual.

Mientras denunciar siga pareciendo inútil, la impunidad será la mejor aliada de la corrupción. Y ningún discurso, por optimista que sea, podrá ocultar esa realidad.

Dato final: este 22 de septiembre, el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025. México alcanzó 130.9 millones de habitantes y San Luis Potosí llegó a 2.9 millones. No son cifras para el archivo ni para engrosar informes oficiales. Son la radiografía de un país que cambia y el dato duro inicial con la que los gobiernos deberán demostrar si sus políticas responden a nuestras necesidades.

jmanuelrm@msn.com