El frente democrático
Algo tiene la democracia que logra aglutinar a grupos de personas cuando se percibe que un cierto orden de las cosas no garantiza las condiciones democráticas elementales.
El surgimiento del llamado Frente Amplio Democrático hace unos días, no es un accidente de calendario: es un síntoma que puede leer de dos maneras. Para unos, confirma que cada vez que el oficialismo toca al árbitro electoral aparecen los mismos reflejos defensivos con tono apocalíptico. Para otros, es la reacción —tardía pero inevitable— de ciudadanía organizada frente a una reforma político-electoral que se anuncia como "eficiencia" y "austeridad", pero que parece traer letra chiquita.
La discusión de fondo no es si el Frente cae bien o mal, ni las personas que la firman (si nos ponemos serios, no deberíamos caer en falacias ad-hominem). La pregunta es más incómoda: ¿es posible ajustar el sistema electoral para hacerlo menos costoso y más funcional sin deteriorar los -necesarios- contrapesos que, con todos sus defectos, han permitido alternancia, competencia y un piso mínimo de credibilidad?
El paquete de intenciones que se atribuye a Morena para 2026 se vende con un empaque familiar: austeridad, eficiencia, "menos burocracia", "menos privilegios" y la promesa de cortar vicios reales (nepotismo, dispendio, captura partidista en algunas estructuras). Han circulado ideas como desaparecer los organismos electorales locales (OPLE), recortar gasto electoral -incluidas campañas-, ajustar la revocación de mandato y renovar cargos en el árbitro nacional. En abstracto, suena razonable: la política cuesta, los partidos abusan, y la ciudadanía no comprende por qué la democracia cuesta lo que cuesta.
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El momento importa. Esta propuesta reforma no se discute en el vacío, sino con presiones operativas muy concretas rumbo a 2027 (¿ya se fijó cuánto falta para la elección intermedia?), cuando se han advertido escenarios logísticos complejos (votaciones concurrentes, posibles duplicidades de operación, confusión ciudadana). Ese tipo de dilemas empujan a legislar. El problema es legislar "para mostrar algo" y terminar cambiando el edificio completo, sin planos y sin dictamen estructural. En materia electoral, la improvisación cuesta caro: confianza y paz que no se logran a billetazos -o peor aún, con posts de redes-.
En este contexto aparece el Frente Amplio Democrático: se presenta como plural y apartidista, convoca a ciudadanía, academia y organizaciones, y advierte que la reforma puede ser regresiva si debilita autonomía y equilibrios constitucionales. Su manifiesto usa un lenguaje alarmista: habla de "silencio cómplice" y de riesgo de "regresión autoritaria". El tono, por sí mismo, ya divide: hay quien lo ve como exageración, y quien lo considera una advertencia necesaria. Pero el punto relevante no es el adjetivo, sino el mecanismo: ¿cómo se reforma un sistema electoral sin que el reformador se convierta, de facto, en juez y parte?
Aquí viene la parte incómoda para ambos bandos.
Para el Frente, si de verdad quiere ser ciudadano y eficaz, no puede limitarse a la nostalgia institucional ni a la retórica de emergencia permanente. Debe reconocer que sí hay un hartazgo social ante los costos, la partidocracia y el uso abusivo de recursos. Defender instituciones no es defender sus vicios. Si el Frente aspira a influencia real, necesita ofrecer una ruta: ¿qué reformas sí? ¿Dónde se puede ahorrar sin desmantelar capacidades? ¿Qué rediseño del federalismo electoral es razonable? ¿Qué medidas anticaptura proponen para los propios OPLE que hoy defienden?. Creo que el Frente se equivocar al declarar como objetivo a la palabra "frenar.
Para el oficialismo, si de verdad busca eficiencia con legitimidad, el camino no puede ser la falacia de "tenemos mayoría, por lo tanto tenemos razón". La legitimidad de una reforma electoral no nace solo del número de votos en el Congreso, sino del método: diagnósticos públicos, evidencia comparada, análisis independientes, foros con oposición real, y compromisos verificables de no capturar la autoridad. Cuando una fuerza política reforma las reglas del árbitro en vísperas del siguiente ciclo electoral, el estándar de cuidado debería ser más alto, no más bajo.
Es pregunta seria: ¿podemos tener un debate público genuino en febrero de 2026?
La disputa ya está servida: de un lado, quienes ven en la reforma la culminación de un proyecto de poder; del otro, quienes ven en cualquier defensa institucional un intento de conservar privilegios. Entre ambos, la mayoría ciudadana -usted, yo- solo quiere tres cosas: que su voto siga contando, que las reglas no se muevan para favorecer al que ya va ganando, y que si se va a ahorrar, no sea a costa del árbitro.
En última instancia, el dilema no es "eficiencia versus autonomía". El dilema es si México puede reformar su sistema electoral sin convertir la democracia en una guerra de consignas. Si el Frente quiere ser más que un pronunciamiento, debe volverse propuesta. Si el gobierno quiere que su reforma sea más que una mayoría, debe volverse método. Porque las democracias rara vez colapsan por falta de discursos: suelen deteriorarse por reformas "bien intencionadas" que adelgazan, sin querer -o queriendo-, los contrapesos que sostienen el juego.
La caminera
Me parece increíble que hoy estemos hablando de una crisis sanitaria por sarampión. Perdón, quise decir inaceptable.
