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La sombra no se muda

Por Luis González Lozano

Noviembre 21, 2026 03:00 a.m.

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      Imagine que mañana desaparece el jardín de su colonia. En su lugar habrá una obra magnífica, según el boletín oficial. No se preocupe, le dicen: el área verde será compensada al otro extremo de la ciudad. Solo falta que usted consiga transporte, acomode sus horarios y convenza a su abuela de que aquella banca le queda igual de cerca.

      Suena absurdo. Sin embargo, esa forma de entender la compensación ambiental encontró acomodo en una ley. Y un tribunal federal señaló el retroceso.

      La legislación ambiental de la Ciudad de México expedida en 2024 cambió las condiciones para compensar áreas verdes afectadas por obras. Antes debían cumplirse dos requisitos: reponer una superficie igual o mayor y hacerlo en el lugar más cercano al afectado. La nueva redacción introdujo un "o bien" que, según el tribunal, convirtió esas exigencias en alternativas. Superficie o cercanía. Como si fueran intercambiables.

      El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que esa modificación violaba el derecho a un medio ambiente sano en su vertiente de progresividad. Dicho sin toga: la nueva ley protegía menos que la anterior. El criterio puede consultarse con el registro digital 2032312 del Semanario Judicial de la Federación.

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      La lección merece llegar a San Luis Potosí: una compensación que conserva metros cuadrados, pero aleja el espacio verde de sus usuarios, puede dejar intacta la estadística y perjudicada a la comunidad.

      Porque los parques tienen vecinos. Hay niñas que juegan ahí, personas mayores que descansan, trabajadores que atraviesan sus senderos y familias que encuentran un lugar de convivencia sin pagar una entrada. Mover ese beneficio exige desplazamientos, tiempo y dinero. La pérdida pesa más sobre quienes tienen menos posibilidades de trasladarse.

      Aquí solemos presumir nuestros grandes parques. Son valiosos y debemos defenderlos. Pero su existencia no responde una pregunta elemental: ¿qué tan cerca tiene cada familia un espacio verde accesible?

      Un inventario de parques y jardines presentado como tesis en la UASLP en 2010 permite entender el problema. Para el año 2000 registró un promedio cercano a 11.2 metros cuadrados de área verde por habitante en la zona conurbada. Al separar por subzonas, aparecían enormes diferencias: alrededor de 2.14 en Centro, 0.33 en Soledad Norte y 0.63 en Soledad Sur.

      Son cifras históricas, no una medición de 2026. Precisamente por eso necesitamos conocer la situación actual. Aquel estudio ya mostraba que un promedio general podía esconder una distribución profundamente desigual. La sombra también tiene código postal.

      Otra de las tesis del mismo asunto, registro 2032315, examinó el mínimo de nueve metros cuadrados por habitante previsto en la legislación capitalina. El tribunal consideró que se conservaba la protección porque las alcaldías que no alcanzaran esa cifra debían implementar mecanismos o políticas públicas para crear nuevas áreas verdes.

      Nueve metros cuadrados son ahí un mínimo legal. La ficha técnica de la plataforma europea CAT-MED considera aconsejable un rango de quince a veinte metros cuadrados de zona verde útil por habitante. Son referencias de distinta naturaleza; ninguna autoriza a tratar los parques existentes como terrenos disponibles mientras las cuentas municipales parezcan cuadrar.

      Conviene precisar: hablamos de tesis aisladas sobre la legislación de la Ciudad de México, no de una regla que automáticamente imponga esos nueve metros cuadrados en San Luis Potosí. Su razonamiento, sin embargo, nos obliga a discutir cuánto protegemos, a quién beneficia esa protección y qué retrocesos estamos dispuestos a tolerar.

      Desde Cambio de Ruta insistimos en que la agenda ambiental debe poder verificarse. Necesitamos un inventario público y actualizado de áreas verdes, con superficie, ubicación, condiciones y accesibilidad por colonia. Cada proyecto que pretenda modificarlas debe explicar qué se perdería, quién resultaría afectado y por qué las alternativas propuestas conservarían sus beneficios.

      Gobernador, alcaldes: antes de presumir otra obra, expliquen qué gana y qué pierde el barrio donde pretenden construirla. La cercanía del parque forma parte de su utilidad. Un jardín remoto no devuelve automáticamente la vida cotidiana que se desarrollaba junto a casa.

      La sombra no se muda al ritmo de las conveniencias del poder.

      A los gobiernos les encanta compensar: quitan árboles aquí y prometen sembrarlos allá. Propongo aplicar el método a sus comodidades: retirémosles el aire acondicionado del despacho y compensemos instalándolo en una oficina al otro extremo de la ciudad. A ver si entonces entienden la importancia de la cercanía.

      Delírium trémens.— Se reveló que el gobierno de Ricardo Gallardo destinó 118.3 millones de pesos públicos a Dinoasis. La marca, sin embargo, tiene dueño particular: José Enrique Rauda López, con domicilio en Pátzcuaro, Michoacán, cuyo registro fue concedido el 2 de julio de 2026. Los potosinos pagamos la infraestructura y el gobierno promociona un nombre comercial que pertenece a un particular. En cualquier gobierno que se tome en serio la rendición de cuentas, esto ameritaría un escándalo, investigaciones y, de acreditarse responsabilidades, renuncias. Gobernador: explique quién autorizó este arreglo, bajo qué contrato se utiliza la marca y cómo se protege el patrimonio público. Porque una cosa es construir un parque para los potosinos y otra poner al erario a trabajar para una marca ajena.

      @luisglozano