Los niños que el Estado no cuenta
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Un adolescente reclutado por el crimen puede desaparecer tres veces. Primero, cuando pierde contacto con su familia; después, cuando su historia queda fragmentada entre una ficha de búsqueda, una carpeta de homicidio o un expediente de justicia. Finalmente, cuando el Estado deja de verlo como víctima y sólo lo reconoce como delincuente o cuerpo sin identificar. Sin embargo, el primer eslabón aparece desde antes. Inicia en los adolescentes que abandonan la escuela, viven violencia familiar, consumen drogas o crecen en territorios controlados por organizaciones criminales. La pobreza no explica por sí sola el reclutamiento; también pesan la necesidad de pertenencia, reconocimiento y protección.
El Estado no está identificando ni acompañando oportunamente a esos jóvenes. Los criminales sí los encuentran, conocen sus necesidades y les ofrecen dinero, identidad o una supuesta salida. Cuando las instituciones finalmente los ven, ya están detenidos, desaparecidos o muertos.
Un cuadernillo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana expone la dimensión de ese vacío. México no cuenta con un registro oficial del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, ni con un tipo penal federal autónomo que permita investigarlo como fenómeno específico. Sin ese registro, sólo observamos sus posibles consecuencias. Además, menciona que entre 2020 y 2024 murieron por agresiones 6,837 menores de edad. En 2025 se registraron 10,707 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes, cerca de 29 diarios. En el acumulado histórico, al 8 de junio de 2026, permanecían sin localizar 18,104 menores desaparecidos; siete de cada diez tenían entre 12 y 17 años.
Estas cifras no prueban que todas las víctimas hayan sido reclutadas, pero sí revelan una violencia concentrada en adolescentes cuya posible relación con el reclutamiento el Estado no investiga.
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Entre enero y agosto de este año fueron asesinados 365 menores. De las 320 víctimas que tenían entre 13 y 17 años, 272 murieron por disparos. El patrón es compatible con la violencia asociada a grupos armados, aunque también puede corresponder a otros contextos. Por eso debe investigarse.
La clasificación de los casos determina qué se investiga y qué queda fuera. Si un adolescente desaparece y después es detenido con drogas o un arma, la justicia se concentra en el delito cometido. Rara vez reconstruye quién lo contactó, trasladó, entrenó o amenazó, ni qué autoridad permitió operar a la red. Así, el adolescente se convierte en el eslabón más visible y reemplazable, mientras la red que lo reclutó permanece intacta y busca sustituirlo. Se castiga al joven utilizado, pero casi nunca a la estructura que lo captó.
Las redes sociales han ampliado esa capacidad. El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México analizó 100 cuentas activas de TikTok y encontró que 47 por ciento realizaba actividades explícitas de reclutamiento y 31 por ciento difundía propaganda criminal. En una investigación posterior, coordinada por Alejandra Arias Vásquez, examinó 100 videos; en uno de ellos aparecieron 868 comentarios de usuarios interesados en incorporarse. No sabemos cuántos eran menores ni cuántos fueron contactados, pero sí que las organizaciones buscan candidatos abiertamente.
Un modelo matemático citado en el cuadernillo estima que reducir a la mitad el reclutamiento podría disminuir 25 por ciento las muertes semanales relacionadas con organizaciones criminales. En cambio, duplicar las detenciones no impediría que sustituyeran rápidamente a sus integrantes. No es una predicción exacta, sino una advertencia: detener jóvenes sin desmantelar la maquinaria que los recluta reproduce el ciclo. El Estado no encuentra a los adolescentes cuando todavía puede protegerlos. Los criminales sí. México necesita identificar el ciclo completo, con mecanismos para detectar adolescentes en riesgo; investigaciones que conecten desapariciones, homicidios y justicia para adolescentes; unidades que sigan las redes de captación, y programas de desvinculación y reintegración.
(Presidenta de Causa en Común)
