Otra de banqueros

Una de las decisiones de política económica más relevantes de la historia reciente de nuestro país es, sin duda, la actual determinación presidencial de cancelar uno de los privilegios más insultantes de que han disfrutado los dueños de la banca comercial. Se trata de eliminar el beneficio usufructuado por los banqueros para la deducción fiscal de sus aportaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el sucedáneo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Se estima que el monto recaudado rondaría los 10 mil millones de pesos anuales. Visto de otra manera, esa es la enorme suma de recursos económicos que se ahorran los banqueros al “cumplir” con una obligación derivada del ominoso rescate financiero de entidades privadas y su conversión en deuda pública,  misma que se fraguó desde el gobierno de Ernesto Zedillo, a su vez originado por el famoso error de diciembre de 1994 que provocó una mega-devaluación del peso mexicano y que no fue más que la acción precipitante de la crisis, pero cuyas precondiciones venían de actos irregulares y autoritarios desde el gobierno de Carlos Salinas.

Nada más como botón de muestra, uno de esos actos autoritarios que estilaban los gobiernos del viejo régimen político, es el de la reprivatización bancaria realizada de manera ilegal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, toda vez que los decretos de conversión de Sociedades Nacionales de Crédito a Sociedades Anónimas, requisito esencial para avalar la legalidad de dicha reprivatización, se hizo fuera de los plazos legales establecidos por la entonces Ley de Instituciones de Crédito (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990 y que entró en vigor al día siguiente), misma que consignaba que el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda contaban con 360 días naturales para emitir los decretos de transformación y el plazo vencía el 14 de julio de 1991… pero allí tienen que, por lo menos en 10 bancos, el decreto de transformación se expidió después de esa fecha, con casos como el de Bital que ¡se expidió hasta el 18 de junio de 1992! El argumento que después se sacaron de la manga era el de que la facultad reglamentaria presidencial… “no tiene límites”, reafirmando así el carácter autoritario del ejercicio presidencial que prevalecía, muy en la línea de lo que Jorge Carpizo llegó a señalar como “facultades meta-constitucionales”. 

Uno de los rasgos del capitalismo clásico es la alienación que tiene el posesor de la fuerza de trabajo con respecto a su condición, aparentemente equitativa y libre, frente al posesor del dinero, el capitalista, además de que en el proceso de valorización del capital se pasa de momentos sucesivos de rotación del dinero que se reinvierte como dinero con ganancia (el ciclo D-M-D’) en las esferas de producción, distribución y especulación , siendo ésta última donde el capital financiero o “capital que rinde interés” se tiene como la más lejana del proceso originario de plus-valor en la etapa industrial y por eso, tergiversando las cosas, los financieros se asumen como “habilidosos” negociadores para obtener ganancias, pero éstas derivan siempre del trabajo impago del proceso de producción  mismo. Por eso, no es común que los escándalos que ponen al descubierto los excesos del capital bancario sean ventilados por los banqueros como si se tratara de cualquier ajuste de cuentas dinerarias y no como expresión de una crisis que muestra la enorme transferencia de valor que enriquece a unos cuantos. Algo así ocurre ahora con el caso de Ricardo Salinas Pliego, el banquero que se niega a cubrir sus adeudos fiscales y no entiende que no se trata de un simple ajuste de cuentas dinerarias, sino de poner orden en el desbarajuste bien organizado que dejaron los gobierno neoliberales en ese rubro. A falta de argumentos, el tal Salinas Pliego ya hasta dice que podría aliarse con otros opositores para… ¡contender en las elecciones de 2030! En fin, así se las gastan.