Paradoja Fiscal
El caso de Ricardo Salinas Pliego es más que una disputa tributaria: representa la fractura del contrato social fiscal en México. Cuando un contribuyente debe 74 mil millones de pesos al erario tras 16 años de litigios, mientras el sistema de salud decae y la infraestructura educativa se desmorona, no enfrentamos simplemente un problema de recaudación; enfrentamos una crisis de legitimidad del Estado y una violación sistemática del principio constitucional de equidad tributaria. La idea central de este análisis sostiene que la evasión fiscal de grandes contribuyentes, ejemplificada en el caso Salinas Pliego, perpetúa un sistema tributario inequitativo que infringe el contrato social y profundiza la desigualdad en México.
Esta afirmación encuentra su sustento empírico en datos como: el empresario adeuda 74 mil millones de pesos por ejercicios fiscales del 2008 al 2013, de los cuales 51 mil millones fueron confirmados por la Suprema Corte en 2025. En el artículo 31, fracción IV de la Constitución de México, se establece la obligación de contribuir "de manera proporcional y equitativa" según la capacidad contributiva. Este principio no es mera retórica: constituye el fundamento del contrato social fiscal, mediante el cual los ciudadanos ceden recursos al Estado a cambio de bienes públicos. La Suprema Corte ha interpretado que la legitimidad de la privación patrimonial derivada de impuestos proviene de la existencia de capacidad contributiva, y que donde existe igual capacidad debe corresponder igual trato fiscal.
El respaldo de esta evidencia se encuentra en la jurisprudencia constitucional y en la teoría económica sobre bienes públicos. La evasión fiscal de Salinas Pliego no es un acto aislado de optimización empresarial, como él mismo argumenta al afirmar que ha pagado más de 250 mil millones de pesos desde 2005. Es, fundamentalmente, una estrategia sistemática de demora procesal que vulnera el principio de igualdad ante la ley. La Procuradora Fiscal documentó que el empresario interpuso 32 juicios fiscales con más de 50 recursos legales para evadir el pago durante 16 años, utilizando interpretaciones convenientes del régimen de consolidación fiscal para generar pérdidas artificiales mediante la compra de acciones de empresas en quiebra.
El impacto de esta evasión trasciende el ámbito fiscal para convertirse en un problema de justicia social. La evasión fiscal asciende a 510 mil millones de pesos anuales -equivalente al 2.6% del PIB-. Específicamente, se evaden en promedio 244 mil millones de pesos anuales solo en Impuesto Sobre la Renta, lo que representa el 39.63% de la recaudación potencial. Con lo evadido entre 2013 y 2015, México habría podido reconstruir cinco veces el país tras los sismos de septiembre de 2017. Esta sangría de recursos pone en riesgo la aplicación de programas sociales, limita el financiamiento de escuelas, hospitales e infraestructura, y genera un círculo vicioso donde los servicios públicos deficientes erosionan la legitimidad del sistema tributario.
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La dimensión más perversa de este fenómeno radica en su efecto redistributivo regresivo. Mientras que los grandes contribuyentes -el 2%- aportan el 39% del ISR total, muchas de ellos pagan tasas efectivas reales de apenas 1 a 8% frente al 30% establecido por ley. En contraste, los trabajadores formales y la clase media soportan una carga fiscal a través de impuestos indirectos regresivos como el IVA y el IEPS. Este esquema viola el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, que exige que quienes tengan mayores ingresos contribuyan en forma superior. Con ello no hay equidad fiscal, ya que miles de contribuyentes que no tienen recursos para ampararse están obligados a cumplir al 100 % con sus responsabilidades fiscales.
El caso Salinas Pliego ilustra también la captura del sistema legal por élites económicas. Durante décadas, han utilizado amparos, declaraciones indebidas y recursos para postergar el pago, aprovechando las debilidades del Poder Judicial. Solo después de que la reforma constitucional de 2020 prohibió la condonación de impuestos -inscribiéndola en el artículo 28- y de que la nueva Corte confirmara las sentencias en noviembre de 2025, el SAT pudo notificar formalmente el cobro. Incluso entonces, al vencer el plazo de pago el 23 de enero de 2026, Salinas Pliego optó por negociar descuentos de hasta 39% en lugar de pagar. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum resume la tensión subyacente: "Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas".
En conclusión: Podría argumentarse que la complejidad del régimen de consolidación fiscal justifica interpretaciones divergentes, pero lo que es verdad es que México enfrenta una encrucijada fiscal. Con una recaudación de apenas 16.7% del PIB -muy por debajo del promedio latinoamericano y de la OCDE- el país carece de recursos para financiar el desarrollo humano y reducir la desigualdad. La evasión de grandes contribuyentes no es un problema técnico: es una cuestión de justicia que define qué tipo de sociedad queremos construir. El caso Salinas Pliego debe sentar un precedente: en una democracia, nadie está por encima de la ley, y el contrato social fiscal exige que quien más tiene, más contribuya. Próxima colaboración: 11 de febrero de 2026.
@jszslp
