¿Quién defiende a las víctimas?

Una persona llega a la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de haber sido atropellada por una autoridad. Lleva documentos, miedo, cansancio y una esperanza: encontrar a alguien dispuesto a escucharla. ¿Qué sucede cuando también ahí encuentra indiferencia? El agravio se multiplica. A la vulneración original se añade la sensación de que incluso la institución creada para defenderla le ha cerrado la puerta.

Como defensor de derechos humanos, me preocupa profundamente la pérdida de confianza en la CEDH de San Luis Potosí. Su actuación nos concierne a quienes acompañamos víctimas, denunciamos abusos y exigimos límites al poder. También a quienes hoy creen que nunca necesitarán acudir a ella. Nadie está a salvo de una arbitrariedad.

Se ha documentado que la CEDH tiene antecedentes que exigen explicaciones: la ocupación de la sede durante setenta días en 2024; compromisos de reabrir expedientes que, según su relato, fueron cerrados sin investigación suficiente; reclamos de familiares de personas desaparecidas y negativas a promover acciones de inconstitucionalidad. Y la Recomendación 10/2026, relacionada con el caso Serrano, como un nuevo motivo de cuestionamiento.

¿Qué expedientes se reabrieron? ¿Qué investigaciones se realizaron? ¿Cuáles compromisos se cumplieron? ¿Dónde pueden verificarse los resultados? Una institución que exige rendición de cuentas a otras autoridades debe ofrecerla sobre su propia actuación. Las víctimas merecen respuestas que puedan comprobar.

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La autonomía se acredita cuando ejercerla resulta incómodo: al investigar a una dependencia influyente, cuestionar una decisión del Ejecutivo o confrontar una ley del Congreso. Su medida está en la independencia de las decisiones, especialmente cuando afectan a quienes pueden presionar, premiar o castigar.

La Recomendación 10/2026 merece un escrutinio que trascienda las simpatías hacia sus protagonistas. Exigir rigor a la CEDH no significa respaldar al rector ni justificar sus declaraciones. Toda autoridad debe responder por sus palabras y sus actos; también la institución que los examina.

Un análisis jurídico de esa recomendación, que he revisado, cuestiona la contextualización de las expresiones, la valoración de las pruebas y la pertinencia de algunos fundamentos invocados. Son objeciones que requieren una respuesta puntual. La Comisión debe explicar cómo los hechos acreditados conducen a sus conclusiones y por qué las medidas propuestas corresponden a la vulneración identificada. Acumular citas jurídicas no sustituye esa explicación.

Como defensor, me interesa especialmente la solidez de estas resoluciones. Una recomendación mal sustentada debilita la protección de las víctimas y facilita que las autoridades eludan sus responsabilidades. Exigir calidad jurídica a la CEDH es defender su misión: que cada intervención tenga fuerza para enfrentar al poder, cualquiera que sea su nombre, cargo o filiación.

Toda persona tiene derechos, incluidos quienes ocupan cargos públicos. Precisamente por eso, la Comisión debe demostrar que ofrece la misma diligencia a quienes carecen de influencia. La cercanía con el poder jamás puede convertirse en una ventaja para obtener protección.

Detrás de cada expediente hay una vida afectada: una familia que busca a una persona desaparecida, alguien que denuncia violencia policial, una comunidad que reclama agua o un entorno sano. El tiempo institucional se mide en plazos; el de las víctimas, en angustia, pérdidas y oportunidades que no regresan.

Desde Cambio de Ruta sabemos cuánto importa contar con instituciones capaces de revisar las decisiones públicas. La defensa ambiental protege la salud, el territorio, la participación y la dignidad. Cuando los mecanismos de protección pierden credibilidad, quienes denuncian quedan más expuestos.

Por eso, la gestión de Giovanna Argüelles debe someterse a un escrutinio público serio. Su permanencia merece discutirse a partir de resultados verificables, de la atención a las víctimas y de la independencia de sus decisiones. El nombramiento no concede inmunidad frente a la crítica.

El Congreso también debe asumir su responsabilidad: escuchar a quienes denuncian deficiencias y exigir explicaciones. Las víctimas no tendrían que ocupar un edificio para conseguir que su dolor forme parte de la agenda pública.

Necesitamos una CEDH accesible, rigurosa y capaz de incomodar a cualquier autoridad. Una presidencia pasa; el daño que deja una víctima desatendida puede acompañarla toda la vida. Los derechos humanos no son favores políticos. Recuperar la confianza exige hechos.

La autonomía luce magnífica en el membrete; la prueba comienza cuando suena el teléfono del poder. Sería saludable que la CEDH publicara sus tiempos de respuesta: los de quienes esperan en la puerta y los de quienes tienen línea directa.

Delírium trémens.—  Mi solidaridad con el colectivo Vocez y con las víctimas que mantienen el plantón en la CEDH para exigir atención, respuestas y un trato digno. Su protesta merece ser escuchada; descalificarla no resolverá los expedientes pendientes que denuncian. Las manifestantes han señalado que permitirán continuar la atención al público: una lección de responsabilidad para quienes deberían escucharlas. Qué penosa paradoja: tener que tomar la sede de una defensora para conseguir que defienda. 

@luisglozano