Fracasa control de ladrilleras en SLP: ONU
Relator ambiental ubica a San Luis entre las "zonas de sacrificio" ecológico por su contaminación

Foto: Pulso
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó a San Luis Potosí entre las "zonas de sacrificio" ambiental del país, por la presencia de ladrilleras, debido a que las políticas públicas para controlarlas han sido insuficientes.
Lo anterior quedó expuesto en el informe de Marcos Orellana, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, presentado a la Asamblea General del organismo internacional en marzo pasado, que además, consideró "alarmante" la falta de información a las comunidades náhuatl y tének de la Huasteca potosina sobre los proyectos de perforación de Petróleos Mexicanos en la región.
De acuerdo al documento, los procesos de industrialización y crecimiento demográfico que México ha experimentado en las últimas décadas han generado un elevado número de sitios contaminados con sustancias tóxicas.
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El reporte indica que el Inventario Nacional de Sitios Contaminados del gobierno federal, reportaba a diciembre de 2025 mil 114 sitios registrados.
Entre estos, señaló el relator, se incluye lo que consideró como "zonas de sacrificio", en las que, agregó, "los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el ambiente han resultado insuficientes".
Las consecuencias de esta falla para la población se traducen en la normalización de enfermedades como el cáncer, los abortos espontáneos, el autismo y el dolor crónico, explica el documento.
"Esta situación se presenta en la región del Bajío, particularmente en San Luis Potosí, por la producción artesanal de ladrillo, donde se utilizan aceites, plásticos o cables quemados, todos altamente contaminantes", expuso Orellana a la ONU.
La actividad de las ladrilleras, en especial en la Zona Metropolitana, emite hidrocarburos aromáticos policíclicos, plomo, arsénico, fluoruros y cadmio, y provoca daños pulmonares, renales y neurológicos en la población, afectando especialmente a la niñez.
El relator reconoció que ha habido esfuerzos de autoridades, pero indicó que hace falta que aborden este desafío con políticas públicas e instrumentos jurídicos que brinden un marco regulatorio para su establecimiento y gestión.
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