Fiscal electoral presenta formalmente su renuncia

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado quedará vacante a partir del 29 de diciembre de 2025, tras la renuncia irrevocable de su titular, Luis Fernando González Macías, quien dejará el cargo para incorporarse como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La salida fue notificada al Congreso del Estado mediante un oficio fechado el 26 de noviembre, en el que González Macías solicitó que se informara su ausencia definitiva conforme a la Constitución local, ya que el cargo no requiere ratificación legislativa. El documento fue recibido al día siguiente y, una semana después, turnado a la Comisión Primera de Justicia para dar inicio al procedimiento correspondiente.

Con este trámite, el Poder Legislativo deberá notificar al Ejecutivo estatal para que se conforme una nueva terna y se designe a la persona que encabezará la Fiscalía Electoral, área que González Macías ocupaba desde diciembre de 2023 y cuyo periodo estaba previsto hasta 2030.

Mientras se concreta el relevo, el fiscal saliente informó que se encontraba en espera de que la Fiscalía General del Estado definiera quién recibirá los recursos humanos y materiales de la dependencia, a fin de formalizar la entrega-recepción antes de su salida. La instrucción, señaló, fue comunicada por la titular de la FGE, María Manuela García Cázares.

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La renuncia se produjo después de que el Senado de la República ratificara, a finales de noviembre, su nombramiento como magistrado del TFJA por un periodo de diez años, cargo que iniciará funciones el 4 de enero. La designación fue avalada con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, en una sesión en la que la oposición expresó cuestionamientos por la cercanía partidista de algunos perfiles propuestos.

En medio de este proceso, González Macías formalizó su afiliación a Morena, hecho que fue difundido por la dirigencia estatal del partido y respaldado por legisladores locales. El magistrado federal electo rechazó que dicha militancia influyera en su nombramiento o implicara un conflicto de intereses, al asegurar que su designación respondió a una evaluación de su trayectoria profesional.

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