› Libertad de expresión, en riesgo › Lecciones no aprendidas

Detrás de la aparente intención de minimizar los efectos nocivos de la manipulación de la Inteligencia Artificial, la iniciativa presentada por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, contra el uso indebido de la inteligencia artificial, parece esconderse un afán de reprimir el ejercicio de la libre expresión en San Luis.

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Y es que, aunque presume presentar excepciones, precisamente, para salvar esas libertades, exentando de acciones punitivas al periodismo, la academia, el arte, el humor, la parodia y la crítica política, hay una parte en la redacción de los actividades delictivas que propone incluir en el Código Penal que borra de tajo esas supuestas excepciones.

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Tales excepciones se exponen en un capítulo nuevo en la sección de delitos contra la seguridad del Estado, en donde propone sancionar el uso indebido de IA para provocar alarma social, al sancionar la difusión dolosa de desinformación y la manipulación institucional a través de la IA.

Propone penas de hasta 12 años de cárcel por elaborar y difundir materiales para provocar alarma en el primer caso, y para falsear información de fuentes oficiales que también generen temor ciudadano.

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Y es en estos nuevos artículos 272 Bis y 272 Ter,  en los que aparecen las excepciones que supuestamente protegen la libertad de expresión, al señalar que “no será punible” la generación y difusión de contenidos para los sectores citados, “siempre que se indique expresamente ese carácter, y no exista dolo en la intención de causar alarma o desinformación social”.  

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La última parte de la frase es un contrasentido, pues si existe intención causar alarma y desinformación social, hay dolo, definido como la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. 

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Pero todo lo anterior queda sin esencia debido a que otro artículo previo que propone incluir Serrano Cortés, el 187 Ter, borra de tajo cualquier excepción concedida a la “libertad de expresión”, pues prohíbe “cualquiera que sea el propósito del uso”, la utilización de imagen, voz o identidad digital de las personas “sin consentimiento previo, específico e informado de la persona a la que corresponda la imagen, la voz o la identidad digital.  

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Con esa prohibición, da al traste con casi cualquier contenido que “permiten” los otros dos artículos de la iniciativa.

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Estas contradicciones y errores justifican los temores que han expresado organizaciones como Ciudadanos Observando y el abogado Luis González Lozano de que esa reforma tenga en realidad una intención represiva para proteger a las figuras políticas.

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Un sector de la UASLP no parece entender la delicada realidad que vive la institución a partir de la gran inconformidad que desató el reciente caso de violación en la Facultad de Derecho.  

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Ahora fue el caso de una catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la que incurrió en conductas polémicas, no de corte sexual, pero sí de poder a una alumna que hizo una denuncia pública.

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Parece que el paquete de medidas anunciadas por la UASLP para terminar con el abuso, especialmente el sexual, pero básicamente en todas sus formas, ya fue vulnerado.

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Habrá que estar al pendiente de cómo trata la universidad este caso, para conocer cuán profunda en realidad es su voluntad de remediar los errores cometidos.