› Medida preventiva › Tarea olvidada
El Ejecutivo se cura en salud para evitar que vuelvan a generarse roces con la UASLP por cuestiones presupuestales.
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El incremento en el subsidio estatal que presenta la iniciativa del presupuesto de egresos para el año entrante eleva de 300 millones de pesos a 506 millones de pesos la partida para la universidad, precisamente el monto de la aportación del estado acordada en un convenio tripartita firmado con la Federación y la institución.
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El acuerdo se renovará a principios de 2026, por lo que no se descarta que la cifra vaya a cambiar, muy probablemente al alza.
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Habrá que ver si las medidas tomadas ahora son suficientes para evitar que el año entrante se registre de nuevo una controversia entre el Ejecutivo y la UASLP.
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La renovación de la Dirección de la Facultad de Derecho de la UASLP se está complicando demasiado. Este fin de semana, se advirtió de la circulación de un oficio entre la comunidad de la Facultad en la que se expresaba apoyo a la terna enviada al Consejo Directivo Universitario, la que había sido devuelta por ese cuerpo colegiado por presuntas inconsistencias.
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Esto fue interpretado como un intento de presión desde el oficialismo para no modificar las propuestas de Luz María Lastras Martínez, Javier Delgado Sam y Georgina González Cázares, recabando firmas en defensa de la decisión del Comité Técnico consultor, que analizó y calificó las propuestas.
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A esto se suma la falta de respuesta de la doble denuncia que presentó Lastras Martínez tras que su oficina fue violentada por desconocidos y su denuncia ignorada por la Defensoría de Derechos Humanos.
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Pero en contra del proceso de selección también han surgido reclamos. Del entorno de un abogado y catedrático desde hace tiempo, y que participó en el proceso, surgieron quejas de que el CTC lo descalificó con el argumento de que no había presentado dos de los documentos requeridos, pero que no fueron tomados en cuenta en la revisión y, por tanto, generaron la descalificación.
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Hubo inconformidad y acusaciones de que la omisión afecta la credibilidad del proceso.
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Va a ser otra dura semana para la UASLP.
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El Sistema Estatal Anticorrupción, presentado como una alternativa para sanear el ejercicio de la función pública, pero con el paso de los años, cayó en el mayor de los olvidos.
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Que sus cuerpos directivos principales no logren completarse y que ni siquiera tenga un titular, sino un encargado de despacho, indica que a las autoridades involucradas en su labor –el Congreso, el Poder Judicial, el IFSE, la Contraloría General y la CEGAIP- entre otros, no tienen interés en que se cumplan los objetivos para los que fue creado el sistema.
