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Por más que Palacio de Gobierno intenten minimizar el impacto de la absolución del exsecretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner del delito que le quiso atribuir esta administración, se trata de un golpe demoledor que demuestra la manipulación de la justicia en que ha incurrido.
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El Poder Judicial del Estado estiró lo más que pudo la liga para mantener al exfuncionario en la cárcel, pero cuando la justicia federal amagó con imponer sanciones a los responsables de la manipulación en el fallo que permitió su encarcelamiento, tuvo que ceder y emitir su declaratoria de inocencia.
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Resulta lamentable que, como ocurre con la Fiscalía General del Estado, este otro poder autónomo responda a los intereses del Ejecutivo.
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Para intentar escurrir el bulto, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona no lo detuvo tergiversar los hechos. Primero señalando que se trataba de un asunto de la Corte, como si el esquema de la acusación que desmontaron no lo hubiera armado su gobierno.
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Y luego recordó el caso de la antecesora de Lutzow Steiner en la SS, Mónica Rangel, ella sí condenada por prácticamente el mismo delito, señalando que devolvió, en cajas de huevo, una cuantiosa suma de efectivo la autoridad para lograr
su liberación.
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En realidad, de acuerdo a la sentencia de su caso, las cajas de huevo se usaron para transportar el dinero sacado de la SS al domicilio de
la exfuncioanria.
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En el retorno de la suma, no se tiene certeza que se hubiera usado ese método. Pero la referencia equivocada muestra cómo la autoridad recurre a la desmemoria con tal de escapar de las realidades incómodas.
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Hay que apuntarle a la Ley Serrano una nueva consecuencia: llevar a su punto más bajo la relación, que debiera ser institucional, pero parece guiada por las hormonas, entre el gobierno del estado y la alcaldía capitalina.
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Luego de que el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos criticara la polémica reforma penal y exigiera su derogación, el gobernador lo acusa ahora de aprovecharse del tema de la libertad de expresión para buscar foco político.
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Ese ingrediente y el conflicto por la tardanza de la Contraloría General del Estado para liberar la autorización del proyecto vial de El Saucito, llevó al alcalde a señalar que no hay comunicación con el mandatario, mientras que el gobernador dijo que obras cuya coordinación se pactó anteriormente, ahora las realizará sólo
el gobierno.
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El enfrentamiento no es cosa nueva, viene desde hace años, pero ahora, la negativa a coordinarse, obligación que tienen ambas administraciones, para realizar las obras para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, entraña la posibilidad de serias afectaciones.



