Causa y efecto Hermanos incómodos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apenas tardó un día para revelar qué efecto tendría en la economía del estado el que casi 65 mil potosinos dejaran de pertenecer a la categoría de población empleada.
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No era muy complicada la conclusión: sin empleo, no hay ingresos y sin ingresos, no hay poder adquisitivo.
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Las estadísticas se comportan casi en un efecto espejo. De manera simultánea, entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo lapso de 2025, se perdió el 4.9 por ciento de la fuerza laboral en el estado y la población que no tuvo ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica, es decir, que cayó en pobreza laboral, se elevó 5.5 por ciento.
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Se trata de economía simple y cruel, ajena a las veleidades del discurso político. Ante una realidad de este tamaño, y con amplias posibilidades de que no mejore la situación, urgen estrategias efectivas para impedir que el impacto crezca y, de ser posible, se revierta.
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La salida del polémico Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, y con su muy probable sustituta en la persona de Ernestina Godoy Ramos, generó una inesperada situación para San Luis Potosí.
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Las dos mujeres más influyentes del gabinete presidencial tienen ahora hermana y hermano viviendo en San Luis Potosí.
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A Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, hermana de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela, se le suma Mario Godoy Ramos, delegado en San Luis del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y hermano de quien es casi seguro ocupará la FGR.
Es decir, la encargada de la política interior en el país y la mandamás de la procuración federal de la justicia tienen ojos y oídos muy confiables, para ellas, sobre lo que suceda en la entidad.
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Debe ser un poco incómodo tener semejante par de ojos observando lo que suceda en algunos palacios potosinos.
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Llueve sobre mojado para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Un litigio añejo en torno a la validez del cobro de cuotas universitarias, iniciada por una alumna que se resistió a pagarlas, vía un amparo que ganó, concluyó de manera definitiva y desfavorable para la casa de estudios cuando, ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia desestimaron el recurso final contra la medida.
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La responsabilidad fue del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, en 2019, aplicó la gratuidad a la educación superior, sin preocuparse en dotar a las universidades públicas de los recursos necesarios para ese fin. Ni hablar de los gobiernos estatales. San Luis ya lo demostró.
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El fallo de la Corte no elimina el cobro de las cuotas de la UASLP en automático, pero le abre la puerta. Ahora, todo alumno que solicite el amparo tiene casi asegurado un juicio favorable. Dependiendo del número, sí podría derribarlo.
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Esto cae en un momento muy delicado para la UASLP, envuelta en una guerra fría con el gallardismo, pues este grupo político tiene las herramientas, en Palacio de Gobierno y en el Congreso, para convertir en munición contra la universidad el fallo de ayer.
¡HASTA MAÑANA!
