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El dictamen de la Comisión Primeria de Justicia del Congreso del Estado sobre la derogación de la Ley Serrano expone claramente el privilegio que le dispensa el Legislativo al Ejecutivo.
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El documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la sesión que se celebrará mañana jueves. Como único punto aparece la derogación de la reforma al Código Penal que criminalizaba ciertos usos de la Inteligencia Artificial, promovida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés.
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El dictamen tomó en cuenta no sólo la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, paradójicamente, la última en ser presentada, sino otras tres, que llegaron al Legislativo días, e incluso semanas antes.
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La primera fue presentada por un grupo de periodistas locales, con el apoyo de la organización Artículo 19. Proponía la derogación llana de la reforma al Código Penal. Y aunque el Congreso intentó rebajarla al nivel de correspondencia ciudadana, en lugar de darle el trato formal de iniciativa, llegó a la comisión el 16 de junio.
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Un ciudadano, Israel Leyva, presentó la segunda el 23 días de ese mes. Él no proponía la derogación, sino la reforma de la reforma, diluyendo la agresividad de las intenciones de Serrano Cortés a la hora de elaborar la reforma.
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La tercera corresponde a la diputada Gabriela López Torres. La comisión la recibió el 29 de junio. También pedía la derogación de los artículos 187 bis, 187 ter, 272 bis y 272 ter, además del nuevo artículo V del Código Penal.
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Y la cuarta fue la del gobernador Ricardo Gallardo Cardona que, coincidía, irónicamente, con la minimizada propuesta de los periodistas en proponer la derogación total de la Ley Serrano.
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Quién sabe cuándo aceptó el gallardismo la idea de que la Ley Serrano estaba desahuciada, pero fue mucho después de que el Congreso recibió la primera iniciativa.
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Pero ya encaminada la derogación, la primicia debería ser otorgada al gobierno estatal, aunque en ello, el derecho ciudadano quedara pisoteado
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La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública debe ser la única autoridad ejecutora de proyectos públicos que no sabe cuánto costarán.
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Alegando que el desnivel de la Arena Potosí, ya a punto de entregarse, está en "proceso administrativo de cierre", no puede precisar el costo de la obra.
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Lo anterior pese a que el proyecto tuvo que pasar por un proceso de licitación diseñado, ¡oh sorpresa!, para establecer cuánto constarán las obras financiadas por el estado.
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En realidad, la dependencia dirigida por Leticia Vargas Tinajero, no ceja en su política deliberada de opacidad, en la que la intención abierta es no dar a la ciudadanía ningún dato de información pública.
