Efecto Realito Coincidencias
Al cierre del año pasado, las cuentas que presentó el Interapas destacaron por el hecho de que los pasivos del organismo operador rebasaron los mil millones de pesos.
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Ese es un lastre financiero que seguramente impactará en la capacidad del organismo para proporcionar el servicio que esperan los usuarios.
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Contablemente, el rubro de cuentas por pagar a corto plazo es el más oneroso, pues rebasa los 700 millones de pesos.
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Sin embargo, al escarbar en el documento, resulta que el mayor acreedor del Interapas es el gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), al que el Interapas le adeuda más de 500 millones de pesos.
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Son dos los conceptos principales del pasivo: las cuotas adeudadas por el servicio de limpieza del agua que proporciona la tratadora del Tanque Tenorio y, demostrando que su afectación a los potosinos no es sólo el pésimo servicio que da, el acueducto de El Realito.
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Pese a las repetidas interrupciones en su funcionamiento, el Inetarapas debe, prácticamente, pagar porque exista, aunque no entregue el agua comprometida.
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El que el organismo operador presente adeudos por un servicio que los potosinos no reciben es uno de los efectos negativos de haber firmado un contrato leonino para la zona metropolitana y del que no se preocuparon nada las consecuencias de sus acciones.
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Cuando la medicina resulta ser más perjudicial que la enfermedad. El hecho de que más de tres mil personas en San Luis hayan contraído infecciones cuando acuden a algún hospital público no se puede tolerar.
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Es una arista más de las fallas del sistema de salud gubernamental, una de las más dolorosas, pues expone que los recursos de hospitales y clínicas no alcanza ni siquiera para alcanzar los altos niveles de sanitización que deben tener quirófanos y cualquier otra infraestructura médica.
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¿Será casualidad que alguien en Michoacán esté tramitando ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual los derechos del poco afortunado nombre del nuevo capricho gallardista, el “Dinoasis Aquatic Park”?
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Quizá no sea sorpresivo, pero hay una delgada línea que conecta ese asunto con la peculiar entrega de contratos a una empresa constructora a la que alguna vez acudió la alcaldía soledense.
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El promovente de la solicitud de derechos del parque acuático, José Enrique Rauda López, comparte apellidos con Daniel Arturo, accionista fundador de Construcciones Especializadas Casego, empresa creada en Guadalajara en 2020 y que en 2024 recibió 4 contratos de la administración soledense por casi diez millones de pesos.
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Arturo Rauda no ve esa operación, pues vendió la empresa a accionistas relacionados con la Federación Mexicana de Charrería, que a su vez benefició al gobierno estatal entregándole tres veces la sede del campeonato nacional. Los dueños nuevos se llevaron la empresa a Michoacán.
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Ahora, desde ese estado, un posible hermano del fundador de esa constructora busca los derechos de marca del parque potosino. El mismo nombre y el mismo estilo gráfico. Tanto tiempo, tantos mundos tanto espacio y coincidir, diría el clásico.









