La FGR, obligada Amnesia pospago
Después de buscarla con vehemencia, la policía de investigación potosina Rosalinda Ávalos Reyes logró que un juzgado federal les ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Víctimas del Estado a que le proporcionen medidas de protección inmediata.
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Ávalos Reyes sufrió una tragedia en 2020, con la muerte violenta de dos de sus hijos, que atribuye a una represalia de funcionarios policiacos corruptos.
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La agente ganó notoriedad en 2024 cuando, al detectar que uno de los presuntos involucrados en el ataque competía como aspirante a candidato en la elección judicial. Su denuncia le impidió al señalado que fuera nombrado candidato.
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En respuesta, la denunció civilmente, además de amenazas a su integridad y a la de su hija sobreviviente. Esto la obligó a pedir protección a las dependencias estatales, que no había podido conseguir.
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Hasta ayer, que un juez federal le otorgó su protección y ordenó a las dependencias a proporcionárselas.
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Habrá que ver si las dependencias cumplen la orden y le garantizan la protección a Ávalos Reyes.
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Que por orden del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la orden al partido en los estados es sacar del poder a Morena, por lo que aquí, el comité estatal no descarta ninguna alternativa de coalición, incluyendo al Partido Verde Ecologista de México… aliado de Morena.
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La brújula política no parece estar afinada en el edificio de Luis Donaldo Colosio. Sí, técnicamente, el PVEM es un partido distinto a Morena, pero en los hechos, es un aliado de Morena. Apoyarlo, en cierto modo, es respaldar a la 4T, precisamente el blanco de la malquerencia priista.
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Aún y cuando, como todo apunta, a nivel estatal, los aliados irán por separado por la gubernatura. A menos que se registre una ruptura total, no es previsible una separación extrema de ambas fuerzas políticas a nivel federal.
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Al PRI le queda Movimiento Ciudadano y un viejo conocido, el PAN, para expulsar a Morena.
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Pero quizá eso sea demasiado optimismo. En las condiciones actuales del PRI potosino no está en condiciones de expulsar a nadie de ningún lado, sono para luchar por no desaparecer.
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En el acuerdo entre la UASLP y el gobierno del estado sobre el pago de la deuda estatal con la institución, ninguna de las dos partes habla de la deuda misma.
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En los comunicados oficiales, la Secretaría General de Gobierno lo identifica como “diferencias de saldo pendientes”, mientras que la UASLP habla del “cumplimiento de las aportaciones que corresponden al Estado”.
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Pareciera que las dos partes intentan borrar la existencia del diferendo que confrontó durante varias semanas a ambas instancias.
