Orden del gobernador El espíritu del 68
En menos de un mes, el discurso oficial contra los videos manipulados con inteligencia artificial terminó convertido en una iniciativa penal que el Congreso de San Luis Potosí ya aprobó en comisiones y que mañana será votada en fast track.
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El 16 y 17 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la Secretaría de Seguridad afirmaron que circulaban videos editados con IA para “desprestigiar” al Gobierno y crear una percepción falsa de inseguridad. Aseguraron que la Policía Cibernética había identificado desde en que lugar se difundieron los materiales y prometieron detenciones.
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En esos videos —según la versión oficial— se usaron grabaciones antiguas de grupos criminales, a las que se les quitó el audio original y se les agregaron voces generadas artificialmente acusando supuestos nexos con autoridades. El Gobierno insistió en que este contenido se estaba usando para manipular a la ciudadanía y pidió al Congreso legislar de inmediato.
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Ese llamado coincidió, casualmente, con la iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés, que crea nuevos delitos para castigar la generación y difusión de contenidos hechos con IA cuando “alarmen a la población” o “desacrediten a una autoridad”.
Este jueves, la Comisión Primera de Justicia avaló el dictamen con votos divididos.
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A diferencia del proyecto federal que se discute en el Senado —que plantea reglas de transparencia, auditorías y controles éticos sobre el uso de IA— la propuesta potosina se centra en sanciones penales.
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Especialistas han señalado que los conceptos utilizados en el dictamen estatal son amplios y pueden prestarse a interpretaciones que afecten la libertad de expresión, al no definir claramente qué constituye una “alarma” o “desacreditar”.
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La Secretaría de Seguridad mantiene abierta la investigación sobre los perfiles que compartieron los videos y ha advertido que buscará responsabilidades penales, aunque aún no ha informado detenciones.
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Para el gobernador, la nueva ley impediría que se viralicen contenidos que puedan generar pánico o confusión en la población.
Con el dictamen ya aprobado en comisiones, la reforma será discutida este viernes en el Pleno, donde la mayoría legislativa buscará aprobarla de manera expedita.
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De ámbitos del ejercicio de la abogacía en la ciudad se recibió el comentario en esta columna de que la criminalización del uso de la IA recuerda en cierta forma al infame artículo 145 del Código Penal vigente en 1967 en el antes conocido Distrito Federal.
El apartado es del tristemente célebre concepto de la “disolución social”, cuya desaparición fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68 y, lejos de derogarlo, el régimen de Gustavo Díaz Ordaz se los aplicó con saña.
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Y así es. Hay similitudes: en especial, en la vaguedad de conceptos. En los 60, era delito que “en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio”, realizar “propaganda política” difundiendo ideas, programas “que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano”.
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Ahora, en San Luis será delito usar la IA para “alterar la confianza pública en las instituciones o poner en riesgo verificable la seguridad del Estado”.
