Por comprar “barato” Carita mudanza
Justo el día de la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, no pudo dejar de presumir que el nuevo helicóptero para labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya era propiedad de Gobierno del Estado.
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Obviamente, y fiel a su muy particular estilacho de ejercer el cargo público, la funcionaria omitió informar el costo del aparatejo y por supuesto que también omitió el pequeño detalle de que la nave nada más no puede alejarse de la superficie terrestre ni cinco centímetros porque no tiene matrícula nacional.
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Por tal circunstancia la Agencia Federal de Aviación Civil mantiene sin hacer efectivo de manera pública, el permiso de vuelo para el helicóptero. Y es que mire usted, la aeronave llegó a México provista de una clave extranjera y aunque hay un procedimiento pata tramitar le mencionada “placa”, por llamarla de alguna manera, al parecer a nadie del equipazo gubernamental se le ocurrió tramitarla antes de toda esta bochornosa situación.
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Los errores tienen su costo y por ello, la mencionada agencia analiza emprende un proceso sancionador en contra del Gobierno del Estado quien por su parte se encuentra en trámite de por lo menos una clave provisional. Aquí si no aplica la facilidad de regularización como la que tienen los autos “chocolate” y cuyo recurso generado por tal proceso supuestamente se iba a aplicar a labores de bacheo.
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El helicóptero llegó el 5 de agosto pasado al hangar de Gobierno del Estado y aún porta la matrícula estadounidense N260WH, pero eso en nada le sirve a los potosinos, porque ese pajarraco nada más no volará por algún tiempo.
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Y donde no dejan de dar de qué hablar es en el Poder Judicial. Fíjese usted que Berenice de la Rosa Reynoso, la flamante presidenta del nuevo Órgano de Administración, es esposa del titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, lo que sugiere un abierto conflicto de intereses.
Nada más hay que tomar en cuenta que ella administrará un presupuesto de más de mil millones de pesos que luego le deberá fiscalizar... ¡su marido! Por si fuera poco ya hay quien cuestiona si estará capacitada para el cargo, pues a pesar de que viene de ser secretaria de acuerdos en el propio STJE, no se le conoce experiencia en materia administrativa. Lo bueno es que se había prometido que uno de los objetivos de la llamada Reforma Judicial era erradicar precisamente el nepotismo y el tráfico de influencias, pero ya podemos ver que este “uso y costumbre” sigue gozando de cabal salud en la Ciudad Judicial.
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Fue durante la pasada administración cuando se emprendió el proyecto de cambiar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a un nuevo inmueble que casi se terminó de construir en La Pila, la apartada delegación municipal que es sede del penal más importante de la entidad.
Los problemas comenzaron cuando a los genios que plantearon el proyecto se les cuestionó sobre cómo o de dónde se proveerían servicios como el agua potable o el drenaje. Más adelante, descubrieron que tampoco hay (o había) tendido eléctrico y menos aún alguna linea de fibra óptica para el internet.
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La intención en la pasada administración era aprovechar el actual inmueble de la Fiscalía para dependencias estatales. Ahora, la Oficialía Mayor de gobierno del estado, plantea reubicar hasta allá a cuatro dependencias estatales: la Segam, la STPS, la Contraloría y la propia dependencia que propone la mudanza. No explican si ya garantizaron los servicios y menos en qué se basa la selección de las dependencias a reubicar. Con tan poca información, la mudanza suena más bien a ocurrencia y una muy costosa, según la opinión de la titular de la Seduvop.
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¡HASTA MAÑANA!
