Fiscalía de plastilina

Entre las víctimas colaterales que ha dejado el escándalo de la Ley Serrano y la ofensiva gubernamental contra comunicadores y creadores de contenido está el prestigio de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de su titular, Manuela García Cázares.

Bajo su mando, la dependencia se ha convertido en el arsenal penal que el gallardismo utiliza contra quien considera que es su adversario. 

En esa tarea, la fiscalía se ha convertido en una masa dúctil y adaptable a los designios del Ejecutivo, a los que sirve con rapidez y eficacia, pese a que para la mayor parte de la ciudadanía que acude a ella, sólo hay una dolorosa demora en la resolución de los casos y una deficiente eficiencia para atender la mayor parte de las denuncias.

Nominalmente autónoma, la institución potosina encargada de la procuración de la justicia siempre ha estado supeditada al Ejecutivo, principalmente porque el nombramiento es atribución del gobernante en turno y porque su presupuesto también depende de él.

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Y, también tradicionalmente, ha sido el instrumento de los gobernadores cuando deciden endurecer el trato contra políticos, empresarios, activistas y exfuncionarios, sobre todo.

En el sexenio panista de Marcelo de los Santos Fraga sirvió para ir contra los promotores del proyecto hortícola, tanto exintegrantes del gabinete de Fernando Silva Nieto, como inversores y abogados.

Fernando Toranzo Fernández, su sucesor, hizo sentir lo mismo a excolaboradores del contador, que llegaron a pisar la cárcel. 

La transición entre Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López fue más tersa y aquí, el antecesor quedó tranquilo, pese a varios asuntos de dudosa legalidad.

Ricardo Gallardo volvió a apretar las tuercas, encarcelando, con expedientes armados por la FGE a varios excolaboradores carreristas durante la etapa en que José Luis Ruiz Contreras dirigió la dependencia.  

En ningún caso, la FGE ha acusado directamente a exgobernadores, pese a que el actual, Ricardo Gallardo Cardona, ha advertido que existen evidencias que ameritan investigaciones a los titulares de los repudiados gobiernos recientes.

Con García Cázares, en funciones desde mayo de 2024, los objetivos han cambiado. Ahora, apunta hacia quienes el gallardismo considera adversarios, obstáculos o fuentes de informaciones u opiniones incómodas.

El primer signo de esa tendencia se dio en octubre del año pasado. El diario nacional Reforma y el naciente periódico El Mañana de San Luis, revelaron la denuncia de una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) de haber sido violada dentro del campus de Cuauhtémoc.

La nota derivó en días aciagos para la UASLP y para su rector, Alejandro Zermeño Guerra, ambos blancos frecuentes de la malquerencia del gobernador Gallardo.  

Cuando quiere, la FGE se convierte en una caja fuerte inexpugnable, que no suelta prenda sobre los asuntos que maneja. Como debe ser, pues así lo marca la ley.

Sin embargo, en este caso, nunca se supo si al interior de la dependencia se investigó la filtración que derivó en las notas sobre un asunto que incluso le generó al naciente diario local el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de Noticia. 

En mayo se empezó a gestar el escándalo de la Ley Serrano, la reforma al Código Penal presentada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, para criminalizar ciertos usos de la Inteligencia Artificial que menoscabaran la imagen pública, el honor, la seguridad y la dignidad de las personas. 

La aprobación del Congreso desató una serie de críticas de periodistas y de organizaciones defensoras del oficio  a su ambigüedad, por el temor de que se convirtiera en una herramienta de persecución.

La preocupación se concretó en mayo pasado, cunado se conoció la detención de dos creadoras de contenido, Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, madre e hijas, administradoras de medios y muros de Facebook ferozmente críticos al gobierno estatal y al gallardismo.

En este caso, la actuación de la FGE ha sido tan opaca como alineada a la postura gallardista.

De inicio, la FGE se resistió a admitir en el boletín que confirmó las detenciones que éstas estaban vinculadas a los delitos perseguidos por la Ley Serrano. También rechazó darle a las detenidas el trato de periodistas a las detenidas.

Con mayor celo, se resistió a decir quién era la persona denunciante. El desarrollo del caso, que obligaba a que las detenidas conocieran ese dato, acabó haciendo la revelación: la senadora Ruth González Silva, vista como carta fuerte del gallardismo a convertirse en la candidata del Verde para suceder a su esposo, el gobernador actual, fue quien denunció a las dos ciudadanas.

Anahí Torres, una de las periodistas que también ha sido requerida por la FGE, lo reveló en una entrevista con el noticiero nacional de MVS el 5 de junio y el diario el País lo publicó días después.

Hasta el momento, la legisladora no ha confirmado ni desmentido esta autoría. Este reportero pidió a la senadora su postura al respecto el día en que apareció la nota en el diario español, a través de un comentario hecho en una publicación aparecida en el muro de Facebook de la senadora. La respuesta fue ser bloqueado para acceder a su cuenta.

Una petición hecha a través de su equipo de prensa, que confirmó su recepción, no ha recibido contestación al momento de redactar esta entrega.

Igual secretismo ha adoptado la fiscal.

Lo que no se guardó la FGE fue esfuerzos por atender con prontitud la denuncia. En la entrega de las 9 Esquinas, el columnista Juan José Rodríguez  reveló la inverosímil velocidad con la que el pasado 8 de mayo, la FGE dio trámite a la denuncia de la senadora en 4 horas y 48 minutos. Sí, la misma dependencia que atormenta con su tortuguismo a miles de denunciantes. 

Pero la dependencia ha ido más allá, negando incluso la veracidad de sus propios actos.

Aunque en un principio se le atribuyó relación con la Ley Serrano, surgió otro caso en el que varios comunicadores y otros ciudadanos están involucrados en una investigación de la FGE.

Horas después de la detención, se difundió un listado de la FGE en el que les que se iniciaba el trámite de la individualización a 11 personas vinculadas a una acusación de uso indebido de funciones públicas.

Algunas de las personas involucradas en el caso, que se investiga desde noviembre del año pasado,  alegaron ser perseguidas por los nuevos delitos de IA, pero en realidad, se trataba de otro asunto.

Sin embargo, la Fiscalía negó abiertamente que existiera esa investigación y que se estuviera involucrando a periodistas. Hubo medios que cuestionaron incluso la autenticidad del oficio.

Pero el 31 de mayo, el periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de la revista La Noticia, reveló que él y su hijo, el reportero Juan Pablo Moreno Guzmán, habían recibido citatorios de la FGE, fechados el 25 de ese mes, para que comparecieran, en calidad de investigados. Incumplir entrañaba el riesgo de ser llevado a la FGe por la fuerza pública.

La convocatoria para el 10 de junio acabó en un desastre para la FGE, pues Moreno Hernández acudió en compañía de la brava abogada Natalia Castillo, quien realizó una transmisión en vivo de una reunión en la que hizo ver su suerte a los funcionarios que la atendieron.

Y no le faltaba razón. Ahí se toparon con un inverosímil anuncio: la Fiscalía retiraba el citatorio, alegando que lo reprogramaría.

Acusado y abogada rechazaron el planteamiento y exigieron saber el delito involucrado y el denunciante. En cierto momentop, la abogada detuvo la transmisión.

Minutos después, los dos dieron una conferencia de prensa en la que revelaron que había sido el diputado Serrano Cortés el denunciante. Éste lo confirmó varias horas después, revelando que involucraba a los acusados en una presunta red de desinformación.  

En este proceso, la FGE de nuevo guardó silencio, pese a que, de nuevo, quedó exhibida como la herramienta persecutorio de miembros relevantes del gallardismo.