Polvos de aquellos lodos

De ser uno de los temas más sensibles, que desató pasiones y arrastró odios y simpatías, la operación de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro empezó a caer en el olvido, normalizada ya su presencia en la mente de los potosinos.

Este año se cumplen 30 años de las primeras acciones de la empresa canadiense en el histórico municipio. Desde 1995, cuando obtuvo del gobierno de Ernesto Zedillo las concesiones mineras de CSP para extraer oro y plata a través del método de tajo a cielo abierto.

Pese a la oposición de un sector de la población, por el temor a los efectos de sus métodos de trabajo, que acabaron modificando la faz del municipio y, de algún modo, el simbolismo histórico del estado, y el riesgo ambiental que genera el uso de sustancias tóxicas en el tratamiento de los minerales; y no sin ayuda del gobierno, la minera se impuso y se mantuvo en operaciones hasta 2016, cuando cesó la extracción de minerales e inició un programa de remediación del sitio que aún no concluye.

Y así como tuvo un nacimiento controvertido, su final también afronta la polémica.

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Desde finales de 2022, la MSX se enfrentó al gallardismo por los intentos del gobierno del estado y de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez de realizar visitas de inspección e incluso pretender clausurar lo que queda de sus instalaciones.

Pues es hasta este año en que se resolvió un litigio en tribunales que podría ser la última victoria de la Minera San Xavier ante las autoridades potosinas.

En abril de 2022, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno estatal y de la alcaldía soledense pretendieron ingresar a las instalaciones de la MSX para realizar una verificación. El personal de la MSX, seguramente por órdenes superiores, les negó la entrada a los funcionarios, ante lo cual clausuraron las instalaciones.

A partir de estos hechos, se emprendió una batalla legal que se extendió por más de dos años y medio.

La empresa presentó el 29 de abril de 2022 un juicio de amparo, que fue admitido por el Juzgado Primero de Distritobajo el expediente 502/2022.

Los actos reclamados fueron la orden de inspección de Protección Civil estatal y la clausura tras la negativa; y la revisión a cargo de la alcaldía soledense.

El juzgado eliminó inmediatamente al ayuntamiento soledense, concediendo el amparo contra su intervención.

Por lo que respecta al estado, la MSX recurrió a un argumento falaz, al señalar que en el escrito del cierre estaba firmado por el "director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil", cuando el cargo correcto debió haber sido "encargado de despacho de la Dirección General de Protección Civil". La defensa de la MSX intentó jugar con esta diferencia aduciendo que el oficio lo había firmado una autoridad inexistente, lo cual fue desestimado por el juez.

Sin embargo, la empresa sí acertó en un tercer agravio, que se describirá más adelante. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero falló en contra de la empresa canadiense.

Ante el revés legal, la MSX presentó el 3 de febrero de 2023 una solicitud de amparo en revisión, que fue admitido hasta el año siguiente, por lo que se le dio el número de expediente 106/2023. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa fue la instancia que procesó la solicitud.

Entre los informes y alegatos de las partes, este proceso se extendió hasta este año. El 26 de junio pasado, por fin, el Tribunal Colegiado emitió su fallo.

Ratificó todas las resoluciones adversas a la MSX, salvo una.

El tercer agravio presentado por la minera aprovechó una falla absurda, de novato, por parte de Protección Civil.

La normatividad manda que el acta de clausura de las instalaciones de una empresa deberá estar firmada por el funcionario a cargo y dos testigos.

Por alguna causa que no se menciona en el expediente revisado, en el documento sólo apareció la firma de un testigo.

Por esa nimia razón, el Tribunal Colegiado concedió a la MSX la protección de la justicia federal y anuló la clausura y le dio luz verde para continuar con el proceso de remediación.

Proceso que se atrasó quién sabe cuánto tiempo. Al menos el equivalente de lo que duró el litigio.

Y mientras, los trabajos de remediación de la MSX en Cerro de San Pedro son vigilados por el gobierno federal.

En su informe correspondiente al primer año de labores de la Secretaría de Energía del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la dependencia federal informa que en febrero de este año, realizó una visita a Cerro de San Pedro para identificar las labores de mitigación de impactos sociales y ambientales.

En el caso potosino, dice el informe, se revisó especialmente el proceso de cierre responsable de la mina Cerro de San Pedro. Sin embargo, en el documento no se precisan qué resultados, conclusiones y acciones generó esa visita.

La historia de este litigio reavivó el polvo de este proyecto que marcó la historia del estado. Y vaya que en 30 años, generó bastante.

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Dinero negro

Muchos más delitos y mucho mayor impacto económico del crimen en San Luis durante 2024. Esa sería la conclusión de la revisión de las cifras que presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados del ejercicio estadístico anual que mide el impacto de la actividad delictiva no presenta un panorama positivo para la entidad, con crecimientos preocupantes en indicadores importantes.

También exponen, cuando se comparan a los datos de otras fuentes, la discrepancia en los panoramas que ofrecen las distintas dependencias que miden el fenómeno delictivo.

Y en ese sentido, resalta la desproporción entre las inversiones realizadas por el Estado en materia de seguridad pública y los montos de las pérdidas que genera la actividad delictiva, exponiendo la futilidad del gasto.

Ya en el campo de las cifras, el dato más básico, el de los delitos ocurridos, la Envipe expone un considerable aumento anual. En 2023, la cifra de delitos ocurridos en la entidad fue estimada en 657 mil 854. Para el año pasado, se disparó a 803 mil 866. Se trata de un alza de 146 mil 012 crímenes, un incremento del 22.1 por ciento. Es la mayor cifra registrada entre 2020 y 2024.

Aquí es cuando empiezan las incongruencias con las cifras de otras instancias.

Del total de delitos, la Envipe desagrega los que sí son denunciados ante la Fiscalía General del Estado y los que no llegan a esa dependencia, lo que se considera la cifra negra.

En el primer caso, en los que sí son reportados, en 2024, la Envipe consigna 75 mil 941 casos. Son muchos más que los 58 mil 740 que para 2024 reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nutrido por las fiscalías estatales.

¿Por qué la diferencia de poco más de 17 mil casos entre ambas cifras?

Pero esta cuestión palidece ante el dato de los delitos no denunciados, la famosa cifra negra.

Entre 2020 y 2024, nunca bajó del 90 por ciento. Y aunque en los dos últimos años se registró una baja, ésta resultó casi simbólica, al pasar de 93% a 92.9%.

Y acaba de evaporarse ante el demoledor salto de la cifra negra. En 2023, fueron 598 mil 104 delitos que no llegaron a la Fiscalía. Para 2024, la cifra se disparó a 725 mil 978, un crecimiento del 21.3 por ciento.

El argumento oficial de que el incremento en las cifras delictivas se debe a que la ciudadanía tiene más confianza hacia la autoridad procuradora de justicia queda destrozado ante esta realidad.

Para empeorar las cosas, el impacto económico de la delincuencia también creció espectacularmente.

El Envipe estima el costo del crimen para la sociedad contabilizando tres factores: los gastos para evitar ser víctima, el costo de las pérdidas directas y los gastos para tratar los daños físicos y mentales que generan los delincuentes.

En 2023, la estimación de la Envipe fue de 5 mil 701.5 millones de pesos. El año pasado, el aumento fue descomunal, del 72 por ciento, para llegar a 9 mil 582 millones de pesos.

Como dato comparativo, según la Cuenta Pública, el gasto en seguridad fue de 2 mil 979 millones de pesos. Apenas la tercera parte del perjuicio económico que causa la delincuencia.