Jauja gallardista
El tema de las finanzas estatales ha estado movido este fin de semana. El fiasco de las iniciativas sobre la deuda pública del estado y los municipios se llevó los reflectores, pero de ello se hablará en el segundo bloque de esta columna.
Lo que sí ocurrió, y en esto también está la mano de los diputados fue que gracias al Congreso, el gobierno estatal está a punto de disponer de cuatro mil 963.2 millones de pesos de un ¿guardadito? del que no había informado y cuyo destino, con todo y autorización legislativa, no queda del todo claro.
Este fin de semana, la Comisión de Hacienda del Congreso discutió la iniciativa de la diputada del PVEM, Dolores Robles Chairez, que proponía autorizar a Finanzas una modificación al presupuesto de este año para garantizar que fondos de retiro, que no se identifican, se vean agotados; y contar con recursos para pagar rubros que no fueron considerados en el presupuesto 2025 por, supuestamente, ocurrir después de que se aprobó.
En esta bolsa se incluyeron los saldos de la reforma judicial, el adeudo con la UASLP, la aportación estatal para garantizar la gratuidad de la atención médica a través del sistema IMSS-Bienestar, los daños causados por las inundaciones en la Huasteca y tres crípticos rubros más: la reclasificación del gasto para el pago de créditos fiscales, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y “otras necesidades de gasto público”.
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Salvo el desastre climático, los demás rubros no pueden considerarse “situaciones extraordinarias”. Esta administración tiene dos años pagando las aportaciones a la UASLP, la elección judicial no puede considerarse una sorpresa bajo ningún aspecto y lo de Pensiones es un problema añejo.
¿Y con qué se iba a pagar todo eso? El viernes se reunió con los diputados el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, René Ibarra, quien les reveló que si bien la propuesta original del presupuesto de este año preveía ingresos por 65 mil 500 millones de pesos, San Luis disponía en realidad de 70 mil 500 millones de pesos, por la captación de ingresos extraordinarios, tres mil 800 millones del orden federal y poco más de mil millones de recursos propios, en total, cuatro mil 963.6 millones de pesos.
La evidencia de los presupuestos de egresos y las cuentas públicas estatales muestra que en la última década, en todos los años ha habido variaciones con respecto al ejercicio anterior. Sólo en un año, 2020, el de la pandemia, se registró una reducción, de 561 millones de pesos. En los nueve años restantes, el estado ha recibido más recursos de los previstos.
El monto del excedente ha sido variable, y va de los 363.7 millones extras de 2021 hasta los 7,621 millones de pesos recibidos de más en 2017.
En el caso de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, los cuatro presupuestos que le ha tocado diseñar se han quedado cortos al calcular el ingreso, teniendo un excedente entre 2022 y 2025.
El de este año ha sido el más alto, de cuatro mil 963.6 millones de pesos, equivalentes al 7.5 por ciento.
Se podría aceptar que el diseño de un presupuesto no es una ciencia exacta, pero para el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), las variaciones son motivo de suspicacia.
Este “think tank” especializado en políticas públicas y gasto en los tres niveles de gobierno, elabora cada año un Informe Estatal del Ejercicio del Gasto, la edición más reciente es del año pasado, con datos de 2023.
En el documento establece que “la subestimación de recursos, aunque parece deseable porque a lo largo del año los gobiernos estatales reciben recursos superiores a los estimados, contribuye a mayores niveles de gasto. Este gasto adicional, si no es fiscalizado adecuadamente por los congresos y órganos locales de fiscalización, puede dar lugar a un uso discrecional de los recursos públicos al destinarse a partidas o conceptos no previstos en la legislación vigente”.
Aunque la iniciativa de Robles Chairez sólo incluía la adición de dos artículos nuevos, el 40 y el 41, a la Ley del Presupuesto de Egresos de este año, su inclusión obligaba a modificar otros apartados de la norma, lo que reveló detalles sorpresivos de los pagos y confirma los temores del Imco sobre los recursos excedentes.
Entre los rubros modificados el viernes, están el de la UASLP, a la que se le aumentó el presupuesto de 300 millones de pesos a 506.1 millones, con lo que quedaría saldado el pasivo que niega Finanzas tener.
Al Ceepac, que tanto rogó por presupuesto para organizar la elección judicial, se le agregarán 110 millones de pesos, aunque no queda muy claro cómo se justificarán si ya se pagaron esos gastos.
También vinculada a la reforma judicial está una aportación al Poder Judicial del estado por 109 millones de pesos cuyo destino sería, según dijo el funcionario de Finanzas a los diputados, pagar gastos de la transición. Hay que recordar que e anterior PJE clamó por una cantidad importante para saldar los finiquitos derivados de la renovación de magistrados y jueces locales.
Hay dos inesperados beneficiarios de este gasto extraordinario: el Congreso, al que le toca aprobar la iniciativa, pues recibiría 9.9 millones de pesos extra, y el instituto de Fiscalización Superior del Estado, que recibiría un agregado de tres millones de pesos.
Los diputados financiarían una consulta pública que les ordenó una instancia judicial y el órgano fiscalizador lo destinaría a nómina.
Los conceptos anteriores suman 438.8 millones de pesos, un monto respetable, pero apenas fraccionario del total de excedentes que Finanzas afirma que hay.
Así que sobrarían cuatro mil 963.2 millones de pesos de los recursos extraordinarios, que quedarían para los gastos catastróficos de la Huasteca y Pensiones.
No hay estimación de lo primero y de lo segundo, hasta donde Pensiones cumplió con su obligación de informar, la deuda era de seis mil millones de pesos. Si no es para eso, no se ha informado de que alguno de los fondos de retiro se haya agotado.
De lo que sobre, el gobierno gallardista tendría mano libre para disponer de los excedentes presupuestales. Como disponga.
Carlos Arreola: lance y retirada
En uno de los episodios más bizarros de la actividad legislativa reciente, el diputado morenista Carlos Arreola Mallol presentó cuatro iniciativas para autorizar a los 59 ayuntamientos y al gobierno del estado a contraer deuda por 13 mil 404.6 millones de pesos y un día después, tras un varazo del partido a esa intención, afirmó haberlas retirado el mismo día, el viernes, en el que la Gaceta Parlamentaria publicó los temas a discutir el próximo martes.
En ese lapso, el legislador de Morena difundió un live en Facebook en el que se victimizó, se inventó una conjura mediática derechista contra la 4T y cayó en contradicciones evidentes sobre su malogrado intento de incrementar la deuda pública del estado.
Quizá la más grosera de ellas es que dijera que sus cuatro iniciativas no eran una autorización para contraer deuda. Perdón, diputado, por irnos con la finta al leer en sus propuestas frases como “proyecto de decreto por el cual se autoriza a los municipios del estado de San Luis Potosí a contratar financiamiento destinado a inversiones públicas productivas” o “se autoriza al Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí (el “Estado”), para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten, uno o varios financiamientos… en la modalidad de crédito simple”.
En buena parte de su argumentación, Arreola Mallol señala que los instrumentos financieros (que no autorizó) se contrataran con la banca de desarrollo, específicamente, el Banco Nacional de Obras Públicas, señalando que al ser una institución del Estado daría mejores condiciones y oportunidad de acceder a recursos públicos, lo que evitaría a los ayuntamientos a que no se endeudaran con bancos privados.
Pero en sus iniciativas, en ningún momento menciona eso, dejando abierta la puerta a que la contratación de créditos se hiciera “con cualquier institución del sistema financiero mexicano”, lo que incluye a los bancos privados, que ofreciera las mejores condiciones. Banobras es parte del sistema financiero mexicano, pero extraña que ante la insistencia que mostró en el video de esta alternativa, la haya omitido en las iniciativas.
Ahí mismo anunció el retiro de las cuatro iniciativas, aseverando que había que hacerles modificaciones y ajustes. Habló de socializarlas para discutirlas públicamente pero también de que serían sometidas a un análisis de la SHCP.
Si a las iniciativas les faltaba cumplir todo ese proceso, ¿por qué alcanzaron a publicarse en la Gaceta Parlamentaria, el paso previo a ser discutidas en el Pleno para ser votadas? El asunto, más bien, huele a que se intentaron filtrar, esperando que no llamaran la atención y poner a los potosinos ante hechos consumados.
Hablando de la Gaceta Parlamentaria y el retiro de las iniciativas, hay algunos asuntos inusuales.
El reglamento del Congreso establece que la Gaceta, el órgano que contiene los asuntos a discutir en una sesión, debe publicarse cuando menos con 48 horas de antelación a la sesión respectiva. Usualmente, el congreso tiene su primera sesión semanal los martes, por lo que su Gaceta debe publicarse el domingo. Y así se venía haciendo.
Este redactor fue el responsable de la nota publicada ayer sobre las iniciativas del legislador. Éstas fueron detectadas, debe admitir, por casualidad, en una revisión de la web legislativa hecha la noche del viernes, ya casi en el cierre de la edición.
Causó sorpresa encontrar la Gaceta con tanta antelación, y más, leer las iniciativas sobre la deuda. Lo que ocurrió después ya se sabe.
Además de ese extraño adelanto, también hay algo singular en su cancelación.
Arreola Mallol afirmó que las retiró el viernes, el mismo día que fue publicada la Gaceta. Aun así, los documentos aparecieron.
El diputado difundió ayer un oficio, con fecha del viernes 7, en el que formalizaba el retiro.
Los archivos digitales en formato PDF tienen metadatos que permiten conocer algunas de sus características como el autor, la fecha y hora en que fueron creados.
Los metadatos de la Gaceta Parlamentaria muestra que fueron creados el 7 de noviembre a las 17:01 horas.
El oficio de Carlos Arreola, que nominalmente tiene fecha del viernes, muestra en sus metadatos que fue hecho poco más de 24 horas después, ya en sábado, a las 17:28. Indica también que su autor fue Óscar Samir Ramírez Macías, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, e identificado como asesor del legislador.
Y así fue como el diputado Arreola se batió en retirada.
