UASLP: Annus horribilis
La tranquilidad se niega a llegar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y parece que 2025 va a ser el más turbulento, hasta ahora, de los últimos años.
Tras la guerra de las sillas vacías, el intercambio de desdenes entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y los diputados locales a las invitaciones mutuas para dialogar sobre la situación presupuestal, el mando universitario salvó la cara, a costa, sin embargo, de ganarse el rencor legislativo, que no es poca cosa cuando alguien como Héctor Serrano está al frente de los diputados.
El exfuncionario del gobierno de la CDMX ya demostró, en el caso de los concejeros de oposición en Pozos, lo que suceded cuando tiene a alguien en la mira.
La turbulencia en Derecho, tras el derribo de su director por el escándalo de una violación en el campus, persiste gracias al incumplimiento del Consejo Técnico Consultivo de entregar, el pasado viernes, la terna de propuestas para elegir al sucesor de Germán Pedroza.
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El 20 de noviembre, el Consejo Directivo Universitario debió haber elegido al nuevo director, pero ante las discrepancias en la integración de la misma, se optó por posponer la entrega para el pasado viernes, con la orden expresa del rector de fundamentar las propuestas.
Cada día que pasa acéfala la Facultad de Derecho, el riesgo de crisis se acrecienta. Aunque debilitada, el ala de catedráticas que exige que sea una mujer la persona elegida mantiene el margen para seguir presionando.
Y el encontronazo entre una de las candidatas a la dirección, Luz María Lastras Martínez, con la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, por la presunta omisión de ésta de recibir una denuncia de la exfuncionaria del Registro Civil por hostigamiento derivado de su pertenencia a la terna, muestra que la división y los intereses de grupo superan al espíritu de unidad que debería privar en la Facultad.
Ajenos a esto, ajenos al riesgo, los integrantes del CTC privilegiaron el papeleo del fin de cursos por sobre el cumplimiento de la orden de reenviar la terna fundamentada. Llama la atención que lo que ahora falta, tiempo, lo han tenido con suficiencia, pero al parecer, lo han malgastado.
Y el pilón de contratiempos universitarios vino a cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en contra de la UASLP un amparo institucional presentado contra otro expediente previo, que data de 2022, que le permitió a una alumna de la Maestría de Metalurgia evitar el pago de inscripciones, alegando la gratuidad de la educación superior establecida en una reforma a la Ley General de Educación de 2019.
Curiosamente, la reacción de la UASLP a este tipo de fallos, en voz del entonces abogado general. Joel González de Anda, fue el de señalar que se acataba, respetuosamente, el fallo del amparo, minimizando su impacto al decir que beneficiaba exclusivamente a la promotora, pero sin dejar de advertir la incongruencia de que la Federación creaba esa obligación para las universidades públicas, sin dotarla de los recursos necesarios para cumplirla.
Jurídicamente, sin embargo, la UASLP combatió activamente el amparo de 2022, buscando revertirlo, esto debido a que encerraba el riesgo de que la tendencia se generalizara y al final, el criterio de gratuidad derrumbara el cobro de cuotas, un preciado ingreso que se ha convertido en el único ingreso firme de la UASLP, ante la tacañería federal y la morosidad de la actual administración estatal.
Para desgracia universitaria, la institución sólo ha cosechado fracasos ante la SCJN. Y este caso no fue la excepción.
Sobre todo a últimas fechas, la Oficina de la Abogacía General de la UASLP ha demostrado una clara incompetencia en la defensa de los intereses universitarios. La serie de amparos y controversias que ha presentado para evitar la actuación del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) se han estrellado ante las instancias judiciales. Dos veces, al menos, ante la SCJN, que ha desestimado sendas controversias constitucionales que presentaban el mismo argumento: que las universidades deberían incluirse entre las instancias con facultades de presentar ese tipo de controversias a la Corte.
Lo que se solicita es, jurídicamente, imposible, y así se lo ha hecho saber la cortes a la UASLP, reflejando la falta de argumentos de la Abogacía General de la institución.
Pues bien, hay que apuntar uno más a la lista de fracasos legales de la UASLP. En el caso del amparo contra las cuotas, el fallo del jueves pasado no dejó pasar un yerro de la estrategia. Y los magistrados no fueron blandos.
El documento destacó, con un encabezado propio dentro de la redacción del documento, la falla de la Abogacía General.
“Error en la Estrategia: Como la Universidad se limitó a defender la ley en lugar de combatir los efectos específicos del fallo sobre sus propios actos, sus argumentos fueron desestimados”, expresó la magistrada Yasmín Esquivel en el proyecto de sentencia que fue aprobado por mayoría en el Pleno de la SCJN.
Así está cerrando este año la UASLP. Entre controversias, yerros, incompetencia y acoso gubernamental. Y a cómo se han estado desarrollando los hechos, la lista podría extenderse. Todavía le queda un mes a este 2025.
Lodos de aquellos polvos
Un conflicto que ya había caído en el olvido, reseco ya para la opinión pública, fue mojado de nuevo por el agua de la controversia y amenaza con convertirse en un lodazal.
En los inicios de esta semana, la Comisión Estatal del Agua sorprendió al publicar en el periódico Oficial del Estado, entre el lunes y el miércoles, una tercia de edictos en los cuales revelaba la existencia de un proceso de rescisión del contrato firmado en 2002 con la empresa Aguas de Reúso El Tenorio SA de CV (Artesa), subsidiaria del gigante hidráulico Veolia, para operar la planta tratadora que le daba nombre a la primera compañía mencionada.
El documento sorprendió porque se pensaba que la relación contractual ya no existía y la ruptura se había llevado de un modo más o menos pacífico.
El 19 de febrero de 2024, Veolia informaba que al día siguiente, dejaría de operar la planta “debido a la conclusión de su contrato de operación con la Comisión Estatal de Agua del estado de San Luis Potosí”.
Terminaba, según la empresa, una “cooperación exitosa con los gobiernos y autoridades”.
Presumía la aportación de agua residual tratada para la Central termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Villa de Reyes y lograr el 54% del saneamiento de las aguas residuales domésticas de toda la capital.
Pero, al menos con lo que respecta al gobierno gallardista, la cooperación no fue tan exitosa.
Poco después, Veolia y la CEA intercambiaron amenazas que implicaban millones de pesos.
La empresa reclamaba pasivos, por ministraciones no pagadas, que sumaban los 310.1 millones de pesos, que la CEA rebajó a 234 millones de pesos, echándole la culpa al Interapas por dejar de pagar las tarifas que le correspondían por saneamiento.
El gobierno del estado contestó rápido, a través del entonces secretario de Finanzas, Omar Váladez Macías, quien amagó con presentar una demanda por una cifra que nunca reveló, pero que al deberse, presuntamente, a 20 años de cobros indebidos por parte de la empresa, debía ascender a muchos millones de pesos.
Repentinamente, el asunto perdió intensidad, pues los protagonistas pasaron del duelo mediático a la discreción de los tribunales. Aunque eso se sabría después.
En lo que se refiere a la tratadora, de inicio, la CEA habló de que se concesionaría a otra empresa. Se manejó que sería ATT Agua, al parecer, una subsidiaria de otra multinacional, Odis Asversa, de origen israelí, que incluso solicitó personal para trabajar en San Luis potosí.
Sin embargo, esa compañía pasó al olvido y la CEA dijo que operaría la planta.
De nuevo, el asunto perdió foco público hasta junio de este año, cuando de manera sorpresiva, la CEA anunció un “procedimiento de restitución” de la planta, tramitado ante instancias judiciales y que requirió la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil del Estado.
Es decir, se requirió el uso de la fuerza pública para recuperar el control de la planta.
¿Recuperarla de quién? Ahí surgió el nombre de otra empresa Blonomb SA de CV, totalmente desconocida hasta entonces. La CEA nunca informó cuándo, cómo y bajo qué condiciones se le entregó la operación de la planta a una compañía que, según afirmaron sus representantes entonces, llevaba 14 meses operando la planta.
Lo anterior pese a que, según documentos registrales, había sido constituida ocho meses antes, en agosto de 2023. O sea que mucha experiencia no tenía.
Algo se rompió, puesto que la CEA usó a la policía para echarlos de la planta. Más allá del pataleo de representantes de la compañía en algunos medios nacionales, ante lo que calificaron de una acción violenta, nada pasó.
El asunto hibernó de nuevo hasta el pasado lunes, cuando en el Periódico Oficial del Estado publicó un Edicto de notificación dentro del Expediente de Rescisión Administrativa No. RESC/ADM/CEASLP-001/2024.
Fechado el 11 de noviembre, el documento estaba dirigido a Artesa con el propósito de enterarla de la resolución del procedimiento de rescisión administrativa del contrato de prestación de servicios de la planta, firmado el 10 de julio de 2002.
No pasa desapercibido que la resolución menciona que la ruptura no afecta acciones legales encaminadas a “la recuperación de daños y perjuicios ocasionados”.
Un segundo párrafo es aún más claro sobre las intenciones contenciosas de la medida: “instrúyase a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal del Agua para que inicie las acciones legales correspondientes para la recuperación de los montos indebidamente apercibidos demás consecuencias legales derivadas”.
La CEA daba por notificada a Artesa con la publicación del edicto. También anunciaba que el texto completo de la rescisión estaba disponible para sus representantes legales en la sede de la comisión, en Mariano Otero.
Artesa, sin embargo, no se ha dado por enterada. En una breve declaración, sacada casi con tirabuzón al área de comunicación de Veolia, indicó que no tenía una postura al respecto.
En respuesta a la solicitud de algún comentario sobre el tema hecha por esta columna, que estuvo acompañada del edicto de la CEA, la empresa indicó que apenas lo estaba analizando su área jurídica.
Reveló que Veolia no había sido notificada y, más interesante, que había un “arbitraje” en curso, pues la entrega-recepción de la planta, si bien se hizo en tiempo y forma, se realizó “bajo protesta por la deuda que aún está pendiente que salde la CEA”.
Es decir, que a este asunto le falta mucho lodo por limpiar.
