Juez desestima cargos contra exagentes del FBI acusados de mentir sobre Hunter Biden

Un juez federal desestimó el lunes una denuncia penal contra dos exfuncionarios del FBI acusados de mentir al Congreso sobre Hunter Biden, aludiendo a lo que calificó como una "instrumentalización" del Departamento de Justicia bajo el mandato del presidente Donald Trump, justo antes de las elecciones intermedias.

En una dura resolución de una hora dictada desde el estrado, el juez magistrado Zia Faruqui dijo que la investigación que dio lugar a los cargos contra los exfuncionarios Nikki Floris y Bradley Benavides fue apresurada, realizada a instancias de Trump y del director del FBI, Kash Patel, y marcada por "errores críticos" que exigen la desestimación del caso.

"Estoy profundamente preocupado por lo que ha ocurrido aquí en este caso", señaló Faruqui. "Lo que ha sucedido aquí no puede describirse de otra manera que como una instrumentalización".

El fallo quizá no ponga fin de manera permanente al asunto porque el Departamento de Justicia aún tiene la opción de buscar una acusación formal, aunque durante el gobierno de Trump ha tenido dificultades para convencer a jurados investigadores en la capital del país de que emitan acusaciones formales en procesos con carga política como este.

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Aún así, equivale a una reprimenda contundente a un Departamento de Justicia que, según el juez, pudo haber buscado una acusación formal en cualquier momento, pero en cambio optó, con fines transparentemente políticos, por presentar una denuncia penal en la antesala inmediata de la votación de mitad de mandato del martes.

"No voy a meter la cabeza en la arena y fingir que no sé leer un calendario", expresó Faruqui, aludiendo a la proximidad de los cargos a las elecciones, que determinarán el control del Congreso durante los últimos dos años del segundo mandato del presidente republicano.

Los fiscales habían acusado a los dos exfuncionarios del FBI de restar falsamente importancia ante el Congreso a su conocimiento de indagaciones sobre el hijo del presidente Joe Biden y sobre una computadora portátil que Hunter Biden dejó en un negocio de reparación de computadoras en Delaware en 2019.

Pero Faruqui subrayó que el Departamento de Justicia no logró establecer en su denuncia que alguna declaración hecha durante el testimonio de 2023 fuera intencionalmente falsa y hubiera afectado la pesquisa de los legisladores sobre Hunter Biden, o que los exfuncionarios tuvieran algún motivo para engañar.

"Sin motivo, sin evidencia directa, no tengo nada" en qué basarme, dijo Faruqui, para establecer la causa probable necesaria para confirmar la denuncia.

Los abogados de Floris, quien tras el fallo abrazó a simpatizantes fuera de la sala del tribunal, dijeron que la "supuesta acusación no fue más que una campaña de difamación con motivación política destinada a anotar puntos políticos antes de las elecciones de mitad de mandato".

"Los cargos presentados bajo la autoridad claramente desacreditada del Departamento de Justicia nunca debieron haberse presentado en primer lugar", sostuvieron los abogados en un comunicado.

Juez subrayó un motivo político y "errores críticos"

La decisión se produjo tras una audiencia dramática de tres días la semana pasada en que un agente del FBI asignado a investigar el caso admitió que la pesquisa había sido considerada en su oficina como una especie de "cacería de brujas" y que él mismo la había visto como una "enorme distracción" de su trabajo habitual.

El agente Bryan Witt dijo que la investigación se abrió un día después de un discurso en horario estelar de Trump sobre seguridad electoral en el que volvió a exponer agravios de larga data por su derrota de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Detalló que la indagación fue asignada a su oficina de Kansas City, Missouri, y que Patel, un estrecho aliado de Trump, exigió y recibió actualizaciones constantes —algo que Witt dijo que era inusual.

Al relatar la presión por entregar resultados bajo la que, según Witt, operó, Faruqui culpó al gobierno de Trump por una investigación apresurada que socavó los resultados.

"La prisa por presentar cargos llevó a errores críticos", dijo. Entre los errores que citó el magistrado estuvo que la denuncia afirmaba que los dos funcionarios habían prestado testimonio jurado ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, cuando no estaban bajo juramento.

Las preocupaciones del juez sobre el caso fueron evidentes casi de inmediato, cuando planteó dudas sobre por qué el Departamento de Justicia presentó el caso mediante una denuncia penal —algo que por lo general se hace cuando los investigadores tienen una necesidad apremiante de poner a un acusado bajo custodia— en lugar de una acusación formal que requiere la aprobación de un jurado investigador.

"Es evidente por sí mismo que la fiscalía federal está evitando llevar este caso ante un jurado investigador", aseveró Faruqui.

La semana pasada, el Departamento de Justicia no logró obtener una acusación formal de un jurado investigador contra Cassidy Hutchinson, una exasistente de la Casa Blanca que brindó un testimonio dramático pero polémico contra Trump ante una comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

Luego, en una audiencia preliminar la semana pasada, criticó al Departamento de Justicia por presentar durante la noche una denuncia enmendada con un cargo penal adicional directamente en el expediente, en vez de someter primero el nuevo cargo a la aprobación del tribunal, algo que dijo no haber visto nunca antes.

El caso se refiere a preguntas de hace años sobre una computadora portátil

El caso se centra en una computadora portátil que, según el Departamento de Justicia, Hunter Biden abandonó en un taller de reparación de computadoras en Wilmington, Delaware, en 2019. La existencia de la computadora portátil se dio a conocer públicamente en octubre de 2020 con un artículo del New York Post que reveló parte del contenido de la computadora portátil.

Floris y Benavides eran líderes del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI (FITF, por sus siglas en inglés), que se creó para monitorear los esfuerzos de otros países por interferir en la política estadounidense, pero que fue disuelto el año pasado por el gobierno de Trump tras años de recibir críticas de los republicanos.

El Departamento de Justicia los acusó de restar falsamente importancia a su conocimiento de la computadora portátil cuando comparecieron ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes al momento en que ésta realizaba su propia investigación sobre los negocios de Hunter Biden.

Un fiscal argumentó la semana pasada que los exfuncionarios pudieron haber tenido un incentivo para minimizar su conocimiento de la computadora portátil porque Joe Biden era presidente en el momento en que fueron interrogados y para distanciarse del hecho de que el FITF no corrigió públicamente una narrativa de algunos demócratas y exfuncionarios de inteligencia de que la computadora portátil podría haber estado vinculada con desinformación rusa.

El entonces director de inteligencia de Trump, John Ratcliffe, dijo tras revelarse la información sobre la computadora portátil que no había señales de participación extranjera.

Los abogados defensores cuestionaron esa afirmación. Faruqui dijo que los fiscales no habían identificado un motivo plausible de por qué los exfuncionarios podrían haber hecho declaraciones intencionalmente falsas.