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CIDH pide castigar reclutamiento de menores por el narco

Se enfatiza la importancia de sanciones proporcionales y mecanismos de alerta temprana contra el reclutamiento.

Por El Universal

Noviembre 20, 2026 11:10 a.m.

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CIDH pide castigar reclutamiento de menores por el narco
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los países de América, incluido México, a tipificar como delito autónomo el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, además de identificar los territorios y las instituciones públicas bajo influencia de estos grupos, ante el avance de la violencia, la corrupción y la impunidad.

      CIDH formula recomendaciones para enfrentar crimen organizado

      En la resolución 1/26, denominada Crimen organizado y derechos humanos en las Américas, el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) formuló 50 recomendaciones para enfrentar a las organizaciones delictivas, proteger a las víctimas y evitar que las estrategias de seguridad se limiten a medidas represivas.

      El documento, aprobado el 28 de febrero de 2026, establece que los gobiernos deben reconocer como víctimas a los menores de 18 años reclutados por grupos criminales, incluso cuando sean utilizados indirectamente en sus actividades, y garantizarles protección, atención psicológica, reintegración familiar y acceso a la educación.

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      La CIDH recomienda establecer sanciones proporcionales para los responsables, investigar los casos y desarrollar mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos de captación de menores, particularmente mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

      También plantea fortalecer las escuelas, los servicios sociales y las oportunidades de empleo para reducir las condiciones que facilitan el reclutamiento de adolescentes y jóvenes.

      Protección a periodistas y comunidades afectadas por crimen organizado

      El organismo advierte que el crimen organizado se alimenta de factores como la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a la educación y al empleo, así como la corrupción y la infiltración de estructuras criminales en instituciones gubernamentales.

      Por ello, recomienda identificar mediante estudios, diagnósticos y mapas las zonas del territorio nacional, las dependencias públicas y las instituciones donde las organizaciones delictivas ejercen control o influencia y generan estructuras de poder paralelas.

      Señala que la recuperación de estos territorios no debe limitarse a la presencia policial o militar, sino acompañarse de servicios públicos, acceso a la justicia, educación, salud y oportunidades económicas para las comunidades afectadas.

      En el caso de México, la resolución menciona la estrategia nacional orientada a atender las causas estructurales de la violencia, presentada por el Estado mexicano durante las consultas realizadas para elaborar el documento.

      No obstante, el organismo advierte, en términos regionales, que las políticas basadas principalmente en el endurecimiento penal y la privación de la libertad no han conseguido por sí solas reducir eficazmente la delincuencia ni resolver sus causas estructurales.

      CIDH pide mecanismos de protección a periodistas

      La Comisión también expresa preocupación por las amenazas, desapariciones y asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y personas dedicadas a buscar desaparecidos en territorios donde operan organizaciones criminales.

      En ese sentido, pide fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones que permitan identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de las agresiones.

      Asimismo, recomienda que los gobiernos hagan pública información sobre contrataciones, beneficiarios finales de empresas, financiamiento político y resoluciones judiciales vinculadas con el crimen organizado, para facilitar la vigilancia ciudadana y las investigaciones periodísticas.

      Asegura que las víctimas y los testigos enfrentan amenazas y represalias que dificultan su acceso a la justicia, por lo que propone reforzar los programas de protección, asistencia jurídica, acompañamiento psicológico y reparación del daño.

      Para las mujeres, niñas y adolescentes, plantea medidas especiales frente a la violencia sexual, la explotación y otras agresiones cometidas en contextos de criminalidad organizada, además de refugios, atención especializada e investigaciones con perspectiva de género.

      La resolución también reconoce los daños que provocan las organizaciones delictivas en comunidades indígenas y rurales mediante el despojo de tierras, la extorsión, la tala ilegal y otras actividades que afectan sus medios de subsistencia.

      La CIDH sostiene que combatir al crimen organizado exige fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y garantizar los derechos de las comunidades afectadas, sin recurrir a medidas que vulneren las garantías fundamentales de la población.