Cristina Fernández en juicio por asociación ilícita y corrupción en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta Cristina Fernández enfrenta desde el jueves un juicio por la que los investigadores consideran la mayor causa por corrupción de la historia argentina reciente, acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales en las áreas de la construcción, la energía y el transporte.

Fernández (2007-2015) y su abogado, Carlos Beraldi, seguían el debate de forma virtual en el departamento de Buenos Aires donde la exmandataria, de 72 años, reside y cumple desde junio una pena de prisión domiciliaria de seis años por corrupción.

La líder del peronismo —la principal fuerza opositora— ha negado los cargos en este nuevo proceso que la tiene como principal imputada y antes del inicio de la primera audiencia sostuvo en X que la justicia busca montar "otro show" para ponerle freno en la arena política.

"Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", sostuvo la exmandataria. Fernández quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos en la sentencia a prisión que la Corte Suprema confirmó este año por el caso de más de 50 obras viales direccionadas a un empresario allegado.

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"Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos... pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", agregó la también exvicepresidenta (2019-2023) en alusión a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

Junto a Fernández también serán juzgados otros 19 exfuncionarios y 65 empresarios.

La defensa de la exmandataria sostiene que no hay testimonios ni otras pruebas que la incriminen, pero la Corte Suprema avaló el avance del expediente hasta la etapa del juicio oral.

Además de acusarla como jefa de una asociación delictiva, el fiscal federal Carlos Stornelli consideró que Fernández es coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno, y partícipe necesaria en una ocasión.

Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohechos pasivos pueden ser castigados con hasta 6 años de cárcel.

Stornelli señaló que tanto Fernández como su fallecido marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner (2003-2007), lideraron una asociación que funcionó entre 2003 y 2015 en el seno del Poder Ejecutivo para recaudar sobornos de empresarios beneficiados con contratos con el Estado. El propósito de ambos fue, en parte, usar ese dinero para "enriquecerse ilegalmente", según el fiscal de la investigación.

Stornelli centró la pesquisa en los cobros que Óscar Centeno —chofer de un exfuncionario imputado— asentó en ocho cuadernos de anotaciones, registrando de forma precisa los viajes que habría realizado transportando bolsos supuestamente cargados de dinero que fueron entregados por distintos empresarios. El chofer también está señalado como miembro de la asociación delictiva.

En su mensaje Fernández rechazó el "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos (falsos) reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados", en referencia a las supuestas adulteraciones que se habrían cometido en los escritos y a la veintena de empresarios que habrían sido obligados a confesar los pagos durante la investigación.

La exmandataria sostiene que esta y otras investigaciones de las que ha sido objeto obedecen a una persecución judicial instigada por sectores conservadores para proscribirla políticamente. Fernández afrontará próximamente sendos juicios —cuyas fechas de inicio están por definirse—por supuesto lavado de activos a través del alquiler de las habitaciones de un hotel de su propiedad y por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a un centro judío en 1994 en Buenos Aires.

En la llamada "Causa cuadernos" están imputados como organizadores de la asociación ilícita, entre otros, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; el exministro de Planificación Julio De Vido, y el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, quien tenía como chofer a Centeno.

Directivos de IECSA S.A, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Grupo Roggio e Hidrovía S.A, entre otras compañías, están acusados de cohecho activo.

Una investigación del diario La Nación puso en conocimiento de la justicia en 2018 el contenido de los cuadernos con las anotaciones sobre los movimientos de Baratta y otros funcionarios que aparentemente trasladaron bolsos con dinero desde las sedes de empresas a los despachos y domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo.

Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está un domicilio particular que Fernández y su esposo tuvieron en Buenos Aires, según la pesquisa.

En septiembre, cerca de 50 empresarios y cuatro exfuncionarios propusieron la reparación económica del perjuicio causado para evitar el juicio, lo que fue rechazado por la fiscal Fabiana León —quien lleva adelante la acusación en el proceso— señalando que el caso investigado "es el paradigma de la gran corrupción" y "no hay precio" posible que repare el "daño institucional" causado.

Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Fiscal y querellante en el proceso oral, dijo a su vez a la prensa que "nunca hubo un juicio de esta magnitud". "Llevo más de 30 años como fiscal federal y nunca vi tantos elementos probatorios, tantas declaraciones y datos que acompañen y corroboren los dichos de Centeno y los cuadernos".

Se prevé que el juicio se prolongue durante varios meses.