Contrato del gobierno de EEUU para asistencia legal a niños migrantes genera preocupaciones

CHICAGO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump adjudicó un contrato de 150 millones de dólares para asistencia legal a niños inmigrantes no acompañados a un pequeño bufete de Texas que tiene vínculos con el gobierno, pero poca experiencia en derecho migratorio.

Como resultado, muchos de los grupos de asesoría jurídica que han representado a estos menores desde hace tiempo advirtieron el miércoles que la medida podría dejar a los niños inmigrantes vulnerables a la deportación.

El contrato otorgado a Burke Law Group, un despacho con sede en Houston, se produce en momentos en que el gobierno federal intensifica su campaña de deportaciones masivas en todo el país, y una semana después de que permitió que expirara un importante contrato con una red de grupos legales que trabajan con niños inmigrantes.

Los proveedores han expresado cada vez más su preocupación de que los menores en situación vulnerable no cuenten con ayuda legal de experiencia en un momento en que el gobierno ha intensificado las labores de deportación.

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Michael Lukens, director de Amica Center, calificó de "perturbadora y sorprendente" la idea de que el gobierno haya otorgado el contrato al bufete texano.

"En realidad es un presagio de una situación en la que los niños no van a tener un debido proceso significativo, ni una oportunidad real de ser escuchados ante un tribunal. No podemos poner a un bufete cualquiera a cargo del cuidado de niños", subrayó Lukens.

Los grupos señalaron que el contrato, dado a conocer el martes, aplica únicamente a los menores que ya se encuentran alojados en albergues administrados por el gobierno, y que el gobierno tendría que adjudicar otro nuevo contrato que cubra los servicios para los niños migrantes que viven fuera del sistema de refugios. Lukens indicó que actualmente hay unos 1.800 menores de edad en albergues, y alrededor de otros 22.000 que viven con patrocinadores o familiares.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), que supervisa a la agencia gubernamental responsable del cuidado de niños migrantes no acompañados, no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

El gobierno de Trump anunció tarde el martes la contratación del bufete para brindar servicios legales a menores migrantes no acompañados. El acuerdo entra en vigor el 15 de agosto y tiene una duración de un año.

Únicamente dos de los 25 abogados que figuraban en el sitio web del bufete el miércoles por la mañana cuentan con experiencia relevante en derecho migratorio, de acuerdo con sus biografías.

La mayoría del bufete está integrada por abogados corporativos con vínculos con causas conservadoras y con Trump. La fundadora de la firma, Marcella Burke, fue abogada para la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump.

El bufete también cuenta entre sus abogados a Justin Shubow, el principal impulsor de los esfuerzos de Trump para exigir que los edificios federales se ajusten a estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, y que en su momento fue designado por Trump al frente de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. El destacado académico conservador Ilya Shapiro figura como "abogado principal".

El bufete y su fundadora no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

El aviso indica que el contrato de Burke es un "acuerdo cooperativo de fuente única", lo que significa que el gobierno eligió al bufete sin un proceso competitivo de licitación. No ofreció una justificación para eludir las reglas estándar de licitación.

Los niños migrantes que viajan sin la compañía de un adulto son considerados particularmente vulnerables debido a su edad y suelen quedar bajo el cuidado del gobierno federal. Cuentan con diversas protecciones una vez que llegan al país, incluida la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, que exige que el gobierno ponga representación legal a disposición de los menores sometidos a procesos de deportación.

Hasta hace poco, dicha representación estaba en manos de una red de casi 100 proveedores de asistencia legal en todo el país. Los proveedores de asistencia legal ingresan a los albergues y capacitan a los menores sobre sus derechos, además de que pueden representarlos directamente en procedimientos judiciales.

Pero dicho contrato expiró el viernes y, hasta la noche del martes, no estaba claro si se establecería un nuevo contrato o quién realizaría el trabajo.

Además de la incertidumbre contractual, los proveedores de asistencia legal afirman que desde noviembre pasado han tenido dificultades para que se les reembolse por el trabajo que ya han realizado. Sostienen que el gobierno está solicitando información detallada sobre sus clientes, la cual, aseguran, no pueden proporcionar por cuestiones éticas.