Juez federal cuestiona enjuiciamiento de Kilmar Ábrego García por tráfico de personas

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un juez federal ha concluido que el enjuiciamiento del Departamento de Justicia contra Kilmar Ábrego García por cargos de tráfico de personas podría ser una represalia ilegal después que él demandó exitosamente al gobierno del presidente Donald Trump por su deportación a El Salvador.

El caso de Ábrego García, un salvadoreño trabajador de la construcción residente en Maryland, se ha convertido en un símbolo de la lucha partidista sobre la estricta política migratoria de Trump y su agenda de deportaciones masivas.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw accedió el viernes por la noche a una solicitud de los abogados de Abrego García y ordenó la presentación de pruebas y una audiencia probatoria en un esfuerzo de Abrego García por demostrar que el caso federal de tráfico de personas contra él en Tennessee es una represalia ilegal.

Crenshaw dijo que Ábrego García había demostrado que hay "alguna evidencia de que el enjuiciamiento en su contra puede ser vengativo". Esa evidencia incluía declaraciones de varios funcionarios del gobierno de Trump y el cronograma de presentación de los cargos.

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El Departamento de Seguridad Nacional remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que de momento no ha respondido a una consulta sobre el caso el sábado.

En su fallo de 16 páginas, Crenshaw dijo que muchas declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump "generan preocupación", pero una destacó.

Una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en un programa de Fox News luego que Ábrego García fue acusado en junio, parecía sugerir que el Departamento lo acusó porque Ábrego García ganó su caso de deportación injusta, escribió Crenshaw.

Las "declaraciones notables de Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones para los cargos penales de Ábrego provienen del ejercicio de sus derechos constitucionales y legales" para demandar por su deportación "en lugar de un deseo genuino de procesarlo por presunta mala conducta penal", escribió Crenshaw.

Asimismo, el juez señaló que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió una investigación sobre Ábrego García días después que la Corte Suprema determinó en abril que el gobierno de Trump debía trabajar para traer de vuelta a Estados Unidos desde El Salvador a Ábrego García.

Abrego García fue acusado formalmente el 21 de mayo y acusado el 6 de junio, el día que Estados Unidos lo llevó de una prisión en El Salvador de regreso a Estados Unidos. Se declaró inocente y ahora se encuentra detenido en Pensilvania.

Si es condenado en el caso de Tennessee, será deportado, han dicho funcionarios federales. Un juez federal de inmigración ya le negó la solicitud de asilo, aunque puede apelar.

El salvadoreño tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos sin autorización legal cuando era adolescente.

En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no era elegible porque había estado en Estados Unidos por más de un año. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador, donde enfrentaba peligro de una pandilla que amenazaba a su familia.

Los cargos de tráfico de personas en Tennessee se derivan de una parada de tráfico en 2022. No fue acusado en ese momento.

Funcionarios del gobierno de Trump han llevado a cabo una campaña de relaciones públicas implacable contra Ábrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.

Sus abogados han denunciado los cargos penales y los esfuerzos de deportación, argumentando que son un intento de castigarlo por enfrentarse al gobierno.

Ábrego García sostiene que, cuando estuvo encarcelado en El Salvador, sufrió golpizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha negado esas acusaciones.