CNDH exige justicia por muertes de mexicanos en ICE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, condenó el fallecimiento de personas migrantes mexicanas durante operativos y en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y exigió investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que estos casos representan hechos de "la mayor gravedad" debido a que involucran posibles afectaciones a derechos como la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de los connacionales detenidos por autoridades migratorias estadounidenses.

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Manifestó su preocupación por las estrategias de política migratoria aplicadas por Estados Unidos y sostuvo que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes constituye una obligación internacional que debe garantizarse sin importar la nacionalidad o situación migratoria de las personas.
Reconoció la importancia de que el Estado mexicano continúe brindando asistencia y protección consular a los mexicanos privados de la libertad por motivos migratorios, así como acompañamiento jurídico y humanitario a sus familiares.
El organismo se pronunció a favor de que se realicen investigaciones "prontas, imparciales, independientes y transparentes" que permitan determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
La Comisión sostuvo que la movilidad humana debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y no exclusivamente bajo criterios de seguridad o control fronterizo, al advertir que las personas migrantes conservan todos sus derechos independientemente de su condición jurídica.
También expresó preocupación por las políticas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos, al considerar que incrementan el riesgo de violaciones a derechos humanos, entre ellas la separación familiar, las detenciones arbitrarias prolongadas, los tratos crueles y la pérdida de la vida.
Y llamó a las autoridades consulares y de procuración de justicia a brindar atención expedita a estos hechos, garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas indirectas, así como asistencia a sus familiares.
Además, reiteró que toda muerte ocurrida bajo custodia estatal debe investigarse con el máximo rigor y transparencia.