Posible extradición de Rubén Rocha genera debate jurídico en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La posible extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos abrió un debate jurídico y político sobre los alcances del tratado bilateral y el papel del gobierno mexicano, donde la decisión final recaerá en el ejecutivo federal.

Detalles confirmados sobre la solicitud de extradición

De acuerdo con Virginia Petrova Georgieva, investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la solicitud presentada por autoridades estadounidenses debe cumplir con requisitos establecidos en el tratado de extradición y la legislación mexicana.

Explicó que el artículo 6 del acuerdo bilateral establece que la extradición sólo procede si Estados Unidos presenta pruebas suficientes con el fin de acreditar la probable responsabilidad de la persona reclamada en los crímenes imputados, en este caso presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos de delincuencia organizada.

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No obstante, indicó que el artículo 12 permite a México solicitar información adicional si considera que la evidencia inicial es insuficiente, debido a lo cual la falta de pruebas no implica automáticamente el rechazo del proceso.

"Es muy difícil que únicamente por falta de pruebas se niegue una extradición; siempre existe la posibilidad de pedir información adicional", subrayó.

Acciones de la autoridad y proceso judicial

Señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la solicitud y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia encargada de analizar el expediente. En caso de considerar que hay elementos suficientes, la SRE puede solicitar la detención provisional del funcionario y presentarlo ante un juez.

Detalló que el Poder Judicial revisará si existen causales para negar la extradición, como que se trate de un delito político, exista riesgo de pena de muerte, haya sido juzgado previamente por los mismos hechos o cuente con algún fuero que impida el proceso.

Sin embargo, Petrova precisó que la decisión definitiva corresponde al ejecutivo federal, en otras palabras, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Acerca del manejo del caso, indicó que este tipo de procedimientos suele mantenerse bajo confidencialidad diplomática, aunque recordó que México ha hecho públicas solicitudes de extradición en otros casos recientes.

Un elemento clave, agregó, es la posible participación de autoridades mexicanas en la obtención de pruebas. De confirmarse, aplicaría el principio de "juzgar o extraditar", lo que obligaría a México a procesar penalmente al funcionario en caso de no conceder su entrega a Estados Unidos.

"Si el gobierno mexicano participó en la investigación y hay pruebas suficientes, no podría simplemente negar la extradición y dejar el caso sin consecuencias jurídicas", concluyó.