Ganan más que Sheinbaum siete gobernadores
Un estudio realizado por Ciudadanos Observando ubica a los mandatarios mejor pagados
San Luis Potosí.- La organización Ciudadanos Observando, con sede en San Luis Potosí, presentó la investigación “¿Cuánto ganan los mandatarios estatales del país?”, basada en datos oficiales publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales web de los gobiernos estatales.
El análisis revela que al menos siete mandatarios y mandatarias estatales reportan un sueldo mensual neto superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 134 mil 62 pesos.
Los mandatarios con sueldos más altos que el de la mandataria nacional son:
• Manolo Jiménez
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(Coahuila): $179,089.00
• Lidia Denisse García
(Guanajuato): $173,758.00
• Maru Campos (Chihuahua): $170,779.00
• Alejandro Armenta
(Puebla): $165,900.00
• Delfina Gómez (Estado
de México): $163,479.00
• Julio Menchaca (Hidalgo): $146,579.00
• María Teresa Jiménez (Aguascalientes): $134,462.00
La organización también detectó desigualdades notables entre estados. Por ejemplo, Aguascalientes, con una población cercana al millón de habitantes, paga a su mandataria un salario mensual neto de $134,462.00. En contraste, Evelyn Salgado, mandataria de Guerrero, un estado con más de 3.5 millones de habitantes, percibe $74,149.00 al mes.
En total, 26 mandatarios y mandatarias publican su sueldo en la Plataforma Nacional de Transparencia. La única que no reporta información oficial sobre sus percepciones es Margarita González, mandataria de Morelos.
En contraste, los cinco mandatarios con los sueldos más bajos publicados son:
• Rocío Nahle (Veracruz): $67,739.00
• Rubén Rocha Moya
(Sinaloa): $64,597.00
• Salomón Jara (Oaxaca): $47,872.00
• Miguel Ángel Navarro
(Nayarit): $40,455.00
• José Ricardo Gallardo
(San Luis Potosí): $34,727.00
La organización destacó que, existen muchos alcaldes, diputados, magistrados y hasta regidores en distintas entidades ganan más que al menos quince mandatarios y mandatarias estatales, lo que evidencia una falta de regulación y criterios claros en la aprobación de sueldos públicos. sueldos sin ninguna justificación y lógica.
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