Narco reduce inversión pública y afecta finanzas municipales en México

 La presencia del crimen organizado en México está relacionada con una reducción de 196.61 pesos por habitante en la inversión pública de los gobiernos municipales y una caída de 315 pesos en el gasto no etiquetado, de acuerdo con una investigación de la Universidad Iberoamericana (Ibero), que analizó las finanzas de 2 mil 250 municipios del país entre 2000 y 2024.

El estudio advierte que esta disminución de recursos puede afectar la capacidad de los ayuntamientos para construir y mantener infraestructura, así como para mejorar servicios básicos como agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de calles, parques y jardines.

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La reducción de 315 pesos por persona representa aproximadamente 6.3% del gasto municipal no etiquetado promedio registrado en los municipios analizados, mientras que los 196.61 pesos que dejan de destinarse a inversión pública equivalen a cerca de dos terceras partes de esa disminución.
Los resultados forman parte de la investigación When Crime Enters City Hall: Organized Crime and Municipal Finance in Mexico (Cuando el crimen entra al ayuntamiento: crimen organizado y finanzas municipales en México), elaborada por Andrea Tapia, estudiante de maestría, y los profesores investigadores César Velázquez y Juan Carlos Ángulo, del Departamento de Economía de la IBERO.
El trabajo, publicado en octubre de 2026 en la serie de documentos académicos SobreMéxico, encontró que los efectos negativos en el gasto público son especialmente notorios en municipios donde operan simultáneamente tres o más organizaciones criminales.
En esas localidades, los investigadores identificaron una disminución estadísticamente significativa tanto del gasto no etiquetado como de la inversión pública. En contraste, en municipios con presencia de uno o dos grupos delictivos no encontraron una reducción estadísticamente significativa del gasto municipal total.
Los resultados sugieren que la fragmentación del crimen organizado y la competencia entre distintas agrupaciones pueden estar relacionadas con mayores dificultades financieras para las administraciones municipales.
La investigación también distingue entre organizaciones criminales históricas, como los grandes cárteles con presencia nacional durante varios años, y agrupaciones de creación reciente, muchas de ellas surgidas de la fragmentación de estructuras delictivas mayores.
Los efectos negativos sobre las finanzas municipales fueron más consistentes en territorios donde operan organizaciones criminales históricas.
Otro de los hallazgos es que la presencia de organizaciones delictivas está relacionada con cambios en la distribución del presupuesto municipal. La proporción destinada a inversión pública disminuye 1.9 puntos porcentuales, mientras que los servicios generales aumentan su participación 0.8 puntos, las transferencias y subsidios 0.7 puntos y los servicios personales 0.6 puntos.
Sin embargo, los investigadores aclararon que esto no significa necesariamente que los ayuntamientos destinen más dinero a salarios, servicios o subsidios, sino que estos conceptos adquieren mayor peso dentro de presupuestos que registran una contracción.
El análisis también encontró reducciones estimadas de 50.63 pesos por habitante en servicios personales, 40.48 pesos en materiales y suministros, y 32.68 pesos en servicios generales.
A diferencia de lo registrado en el gasto, los investigadores no encontraron evidencia estadísticamente significativa de una disminución general de los ingresos propios de los municipios donde operan organizaciones criminales.
Es decir, la presencia del narcotráfico no necesariamente está relacionada con una menor recaudación de impuestos, derechos u otros ingresos municipales, pero sí con una reducción de los recursos ejercidos y cambios en las prioridades presupuestales.
Incluso, en los municipios donde únicamente operan organizaciones criminales de creación reciente se identificaron mayores ingresos propios, aunque los autores aclararon que esta asociación no demuestra que esos grupos provoquen un incremento de la recaudación.
La investigación también examinó cómo las organizaciones criminales pueden relacionarse con los gobiernos locales e influir en sus decisiones presupuestales, mediante mecanismos que incluyen corrupción, coerción e intervención en contratos públicos.
No obstante, el estudio no acredita que las disminuciones de inversión pública sean producto de órdenes directas de los cárteles, desvíos de recursos o acuerdos ilegales específicos entre autoridades y delincuentes.
Los autores concluyeron que las consecuencias económicas del crimen organizado van más allá de la violencia y las afectaciones a las actividades productivas, pues también están relacionadas con el funcionamiento de los gobiernos municipales y su capacidad para financiar infraestructura y servicios públicos.
La investigación, que abarca 24 años de información financiera y presencia criminal, señala que estos resultados pueden contribuir a explicar las dificultades que enfrentan algunos ayuntamientos para sostener la inversión pública y atender las necesidades de sus comunidades.