Morena respalda limitar candidaturas con doble nacionalidad
La reforma de Sheinbaum obligaría a renunciar a otra nacionalidad para contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX

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La dirigencia nacional de Morena respaldó la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que personas con doble nacionalidad compitan por determinados cargos del Poder Ejecutivo.
La propuesta establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana. En caso de contar con otra, tendrían que renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
En un comunicado, la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel Reyes argumentó que la modificación busca garantizar una "lealtad plena e inequívoca hacia México" de quienes pretendan ocupar esos cargos.
El partido sostuvo que la reforma pretende evitar posibles conflictos de interés o injerencias extranjeras. Estos argumentos corresponden al posicionamiento de Morena en favor de la iniciativa.
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La propuesta contempla cambios constitucionales para aplicar la restricción en los ámbitos federal y estatal, así como en la Ciudad de México. También plantea modificar la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona pueda renunciar a su segunda nacionalidad.
¿Qué es la Ley de Doble Nacionalidad que cambiaría Sheinbaum?
Propone que aspirantes a la Presidencia y gubernaturas renuncien a cualquier otra nacionalidad que no sea mexicana

La medida no plantea cancelar de manera general la doble nacionalidad ni retirar ese derecho a todos los mexicanos. Su alcance se concentra en las personas que busquen contender por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.
Morena llamó al Congreso de la Unión a discutir y aprobar la iniciativa, además de solicitar el respaldo de las demás fuerzas políticas. Para entrar en vigor, una reforma constitucional requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
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