Alcoholismo en hogares mexicanos eleva riesgo de violencia infantil
El trastorno del espectro alcohólico fetal afecta a 8 de cada 10 embarazos expuestos al alcohol en México.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- En el país, 10.6% de estudiantes de secundaria y bachillerato —más de un millón— considera que su padre tiene problemas con el consumo de alcohol; además, 8 de cada 10 embarazos expuestos a esta sustancia derivan en alguna condición del trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF) y los trastornos por uso de alcohol en cuidadores elevan 2.32 veces el riesgo de maltrato infantil.
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, especialistas en salud pública y la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) advirtieron que el consumo de alcohol, particularmente en el entorno familiar, representa una de las amenazas más invisibles para el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en México.
El informe "A week off: Children of Households with Alcohol Problems" documenta que millones de niñas y niños crecen en hogares donde el alcohol genera negligencia, violencia, problemas de salud mental y bajo rendimiento escolar, convirtiendo el hogar —que debería ser un espacio seguro— en un entorno de riesgo.
La evidencia señala que el impacto del alcohol no se limita a quien lo consume, sino que alcanza de forma directa a las infancias. Desde antes del nacimiento, la exposición puede provocar TEAF, que incluye déficit de atención, hiperactividad, problemas de aprendizaje y discapacidad intelectual.
Además, el consumo parental de alcohol está vinculado con mayores probabilidades de abuso infantil. Se ha documentado que los trastornos por uso de alcohol en padres o cuidadores incrementan 2.32 veces el riesgo de maltrato y 1.92 veces su recurrencia, en comparación con hogares sin esta problemática.
Alonso Robledo, vocero de RASA, advirtió que "la exposición temprana, la normalización del consumo en entornos familiares y la falta de regulación efectiva están poniendo en riesgo el desarrollo, la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes en México".
Subrayó que "proteger a la niñez implica reducir la disponibilidad, limitar la promoción y hacer el alcohol menos barato, es poner el interés superior de la niñez por encima de cualquier interés comercial".
Un entorno familiar atravesado por el consumo de alcohol se traduce en afectaciones emocionales y deterioro en las relaciones, además de problemas de salud mental, abuso de sustancias y violencia en los adultos, lo que agrava el desarrollo infantil. Estos efectos se intensifican por la alta disponibilidad de alcohol, su bajo costo y la exposición constante a la publicidad.
De acuerdo con Raquel Mondragón Gómez, catedrática de la Facultad de Psicología de la UNAM, 1.3% de estudiantes (139 mil) identifica problemas de consumo en su madre y 1.7% (179 mil) en ambos progenitores.
La especialista señaló que los estudiantes con antecedentes de consumo problemático en el padre tienen hasta 38% más riesgo de beber en exceso; el riesgo se duplica cuando es la madre (OR=2.62) y se triplica cuando ambos padres presentan esta condición (OR=3.19).
A nivel internacional, medidas como el aumento de impuestos al alcohol han demostrado reducir entre 12% y 16% la violencia contra niñas y niños. Sin embargo, en México estas políticas enfrentan resistencias y avances limitados.
La Organización Mundial de la Salud y la OCDE respaldan estas intervenciones como las más costo-efectivas para disminuir los daños asociados al alcohol. No obstante, organizaciones vinculadas a la industria han promovido enfoques centrados en la responsabilidad individual, lo que ha frenado la implementación de medidas regulatorias.
Angélica María Claro, gerente de Incidencia en Movendi Internacional, advirtió que "cada niña y niño tiene derecho a crecer libre de la explotación comercial de la industria del alcohol", y señaló que en México "la niñez está expuesta a un entorno donde el alcohol es barato, omnipresente y se promueve sin límites".
Los especialistas coincidieron en que garantizar una infancia libre de los daños del alcohol requiere reconocer este problema como un asunto de salud pública y de derechos humanos, con intervención efectiva del Estado para asegurar entornos seguros y libres de violencia.
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